La Justicia tucumana dictó ayer la prisión preventiva por un año para el hombre acusado de haber violado a la niña de 11 años a la que le practicaron una cesárea, a pesar de que había solicitado tener acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) contemplada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional.
“Se ordenó prisión preventiva por un año al acusado de abusar sexualmente a la niña”, informó ayer una fuente consultada por Télam y explicó que “no podía dar más precisiones ya que la causa está bajo secreto de sumario desde el 6 de marzo”.
El acusado –cuya identidad se mantiene en reserva– era la pareja de la abuela de la nena abusada y fue detenido por orden de la fiscal María del Carmen Reuter, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual. Reuter fue quien elevó el pedido de prisión preventiva y esperaban la resolución del juez de instrucción Francisco Pisa, que finalmente se hizo efectiva ayer.
Se supo que luego de la cesárea practicada a la niña el 27 de febrero, los médicos tomaron muestras del cordón umbilical de la beba para realizar un estudio de ADN y compararlo con el del acusado, pero esos resultados aún no trascendieron.
El 5 de febrero la madre de la niña denunció el abuso que sufrió su hija y pidió la ILE cuando cursaba la semana 16 del embarazo. Pero tras permanecer internada en el hospital, recién se le practicó una cesárea a la semana 23, luego de una polémica entre el gobierno provincial, la Justicia y los médicos que se negaban a practicar un aborto. La beba, que pesó 660 gramos, murió el 8 de marzo.
El martes pasado, “Lucía” recibió el alta médica del Hospital del Este, en el que había permanecido internada desde que trascendió el caso. Organizaciones y la asesoría letrada que acompañan a la nena y a su familia publicaron: “Queremos informar que Lucía ya salió del hospital y está con su familia. Para preservar su intimidad y seguridad no se bridarán más datos”.
Además, en una medida insólita, esta semana un grupo de médicos y abogados antiderechos denunciaron al médico José Gijena, a su esposa y también ginecóloga Cecilia Ousset –que lo asistió en la cesárea–, y a la defensora de menores Adriana Mónica Romano Mazzone por “homicidio agravado”.
Otro caso en Salta. Una adolescente de 17 años fue sometida ayer a la madrugada a la interrupción de su embarazo de casi dos meses tras ser abusada sexualmente por su padre, que está detenido en la localidad salteña de Joaquín V. González.
La medida fue dictada por el juez de Garantías Héctor Guzmán Salustros, que ordenó que se cumpla con el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), según el fallo FAL en vigencia.
Tanto la víctima como su madre estaban de acuerdo con la decisión, y la práctica salió dentro de los parámetros esperados, informaron ayer desde el centro de salud en el que fue intervenida. El juez destacó que se realizaron “todas las medidas necesarias para que la menor ejerza sus derechos”.
