“Siempre luché por la defensa del patrimonio histórico de Buenos Aires. Pero nunca imaginé que por ejercer mis derechos de ciudadana iba a ser demandada por el Gobierno. Todavía sigo sin entenderlo”, dice Sonia Berjman, aún conmovida por la situación que vive desde 2014. Doctora en Historia del Arte y Paisajismo Urbano, Berjman ostenta además el triste privilegio de ser la primera porteña demandada por un gobierno comunal. En este caso, porque presentó un amparo que resultó en la relocalización de las obras de la estación Plaza Francia de la línea H del subte, que el Ejecutivo había comenzado en la plaza Intendente Alvear (parte de esa área verde) de Recoleta, en 2012.
“La decisión de instalar la estación en esa plaza violaba un área de protección histórica y hasta la misma ley del subte H (la 317) determinaba el nombre de la estación como Plaza Francia, pero decía que su ubicación debía ser cercana a la Facultad de Derecho”, asegura hoy Berjman en su charla con PERFIL. “De haberse instalado donde el Gobierno pretendía, la plaza hubiese recibido un gran caudal de gente que iba a terminar afectando todo el entorno de ese espacio verde histórico diseñado por Carlos Thays en 1897”, puntualiza la historiadora, que tiene doctorados en la UBA, la Sorbona de París, y un posdoctorado de Harvard. “Nunca me opuse al subte, al contrario. Sólo pedía que reubicaran la estación frente a la Facultad de Derecho, donde finalmente lo hicieron”, indica. Aunque el año pasado el GCBA le propuso desistir en la demanda por $ 24 millones, que incluye además a la ong Basta de Demoler, Berjman no aceptó el arreglo. Si la causa, que hoy está a la espera de una instancia superior, prospera Berjman debería pagar unos $ 3 millones en costas judiciales. “Aceptar ese acuerdo sería admitir que cometí un ilícito. No fue así: sólo defendí un espacio verde histórico”, señala.
Argumentos. La demanda fue presentada en septiembre de 2014 por el Ejecutivo porteño, a través de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y la Procuración de la Ciudad. Lo hizo en respuesta a los amparos presentados en 2012 por Berjman y la ong Basta de Demoler –representada por su vicepresidente, Santiago Pusso–, que frenaron por casi un año las obras de la estación Plaza Francia de la línea H. En la acción judicial, la Ciudad reclamó un resarcimiento por daños y perjuicios de casi $ 24 millones. Según el expediente de la causa, los amparistas actuaron “con el solo propósito de obstruir una obra pública destinada a la prestación de un servicio” y tenían como finalidad “impedir o entorpecer la gestión del gobierno (...), ya que luego abandonaron voluntariamente el litigio en lugar de seguir defendiendo el derecho presuntamente violentado por la obra”.
Mientras la obra estuvo demorada, la Legislatura determinó la relocalización de la estación cabecera cerca de la Facultad de Derecho y del Centro de Convenciones. “Mi error fue firmar el amparo como persona física. Si lo hubiera hecho como parte de la ong me hubiese ahorrado unos cuantos disgustos. Tras recibir la demanda, lloré dos años seguidos”, agrega.
“El daño que se iba a infringir al patrimonio paisajista de Buenos Aires hubiese sido similar a querer construir una estación de subtes en medio del Central Park o en los Jardines de Luxemburgo, en París”, explica. Su caso, sin precedentes en el país, llegó al exterior, desde donde recibió muestras de apoyo. Entre ellas, una petición en Change.org, que lleva recolectadas unas 2.300 firmas en 46 países.
“La voluntad de acordar está firme”. La causa se encuentra hoy en la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad a la espera de ser enviada a una instancia superior. Andrés Gil Domínguez, abogado de Berjman, explicó que “no hicieron lugar a las excepciones que interpusimos, tanto por el monto de la demanda como por la inconstitucionalidad de la misma”. “(Berjman) es titular de un derecho colectivo y, a su vez, tiene derecho a defender el patrimonio urbano de la Ciudad como cualquier vecino”, agrega el representante.
El gobierno porteño, en tanto, reconoce que, si bien impulsó un acuerdo para no seguir con el juicio, ese acuerdo no se concretó por “diferencias a la hora de determinar quién afrontaba” las costas judiciales.
“Es un juicio que recién empezaba, y en el que ni siquiera se contestó la demanda. Si desde la Ciudad se impulsa dejar de litigar, es lógico que cada una de las partes se haga cargo de los honorarios de sus abogados”, aseguraron fuentes de ese organismo porteño. “De todas maneras, el tema sigue abierto y no lo damos por perdido. La vocación de acordar está firme y esperamos que esas diferencias se puedan superar”, señalaron fuentes de la Procuración de la Ciudad a PERFIL.
“La demanda es un acto de amedrentamiento a la sociedad civil”, indicó Gil Domínguez en su charla con este diario. “Hay que tener en cuenta que al amparo que presentó Sonia le dieron curso dos jueces. Hizo una petición y fue demandada. No tiene razón de ser”, sostuvo.
Para el abogado Gil Domínguez, “la única salida sería que el Gobierno desestime la causa”. “Si bien asumieron que la presentación fue un error, no quieren correr con las costas judiciales. Por eso ofrecieron un acuerdo en el que sostenían que Berjman debía hacerse cargo de los mismos. Algo que no va a ocurrir”, señaló por último el representante legal de la historiadora.
