La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó hoy sin prisión preventiva pero con un embargo de medio millón de pesos al gendarme Juan Alberto López Torales, por presuntamente haberse arrojado sobre un automóvil durante una movilización de trabajadores.
La magistrada dictó el procesamiento en relación a los delitos de “falso testimonio y privación ilegal de la libertad agravada”, por los hechos ocurridos el 30 de julio del 2014, en la autopista Panamericana, durante una protesta de trabajadores despedidos de la multinacional Lear.
López Torales fue procesado por haberse arrojado sobre el vehículo que conducía uno de los participantes en la movilización, Christian Romero, y luego fingir que había sido atropellado por éste, según informó la agencia DyN.
Romero relató: “Me apresto a poner primera marcha y arrancar el vehículo cuando, súbitamente, un gendarme de enormes proporciones directamente se arrojó sobre el vehículo Chevrolet que conducía. Se trató de López Torales. Con toda su humanidad se había tirado sobre el capot provocando una importante abolladura y con su codo golpeó fuertemente el parabrisas haciendo estallar los cristales”.’
Arroyo Salgado indagó a López Morales a fines de 2015, a instancias del fiscal federal Fernando Domínguez, pero no fue sino hasta ahora que resolvió su situación procesal.
También dispuso el procesamiento de Roberto Ángel Galeano, un militar retirado quien prestaba servicios en el área de seguridad a cargo del exsecretario Sergio Berni, por el delito de “privación ilegal de la libertad agravada por simulación de autoridad pública”.
A su vez, la funcionaria judicial decidió sobreseer al resto de los imputados, Alberto Daniel Larraburu, Héctor Antonio Herrera Medina, Sandro Javier Garnica, David Héctor Aguilera y Walter Gerardo Rodríguez. Los dos primeros fueron acusados por el fiscal de “privación ilegal de la libertad y falso testimonio”, y los otros dos por “falsedad ideológica”.
Por el hecho también está abierta una causa civil en la que el conductor del vehículo, Romero, reclama la reparación de los “daños y perjuicios” que supuestamente le causó aquel accionar del “gendarme carancho”.
“Me aplicaron golpes de puño, me arrojaron al piso, me dieron puntapiés, arrastraron mi cuerpo por el pavimento. En tanto que me colocaban las manos hacia atrás, sin que siquiera atinara a algún tipo de reacción, me golpearon, patearon y vejaron entre varios gendarmes. Me esposaron con las manos hacia atrás y me levantaron con el consabido dolor en las muñecas”, contó el afectado.
“Sin que nada lo hiciera suponer, me encontraba detenido. Sin haber hecho nada, López Torales había inventado que lo había atropellado y con esta falsa situación promover una detención carente de toda verdad”, agregó.