Como abogado, docente y alguien que camina las aulas y las comunidades a diario, vengo insistiendo en una idea central: existe una calle digital que hoy funciona como una verdadera selva. El anonimato y la falta de límites claros hacen que el entorno virtual sea un territorio hostil donde nuestros pibes quedan expuestos sin resguardo. Por eso, promover una verdadera ciudadanía digital y alfabetizar a toda la sociedad ya no es una opción pedagógica, sino un derecho urgente y una responsabilidad indelegable. El Estado no puede quedarse quieto ni mirar hacia otro lado mientras las pantallas moldean la subjetividad, capturan la atención y vulneran la integridad de nuestras infancias y adolescencias en todo el país.
Hace apenas unos días, el 13 de noviembre, conmemoramos el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Esta fecha nos interpela de lleno y nos recuerda que los delitos en el ecosistema digital son tan reales, profundos y dañinos como los del mundo físico. Cuando estuve al frente del Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación hasta fines de 2023, fui uno de los impulsores de la Ley Mica Ortega, aprobada por unanimidad gracias a la lucha incansable de la ONG Mamás en Línea y el apoyo clave del entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa. Sin embargo, hoy esa herramienta fundamental de prevención no se aplica como debería. Por eso, seguimos poniéndola a disposición y dándole vida a los protocolos contra las violencias digitales y escolares, trabajando codo a codo desde la sociedad civil, una tarea territorial que hoy llevo adelante junto a la Fundación LEA para acercar prevención real a cada escuela y familia.
Esta necesidad de poner límites éticos y normativos a la tecnología acaba de recibir un respaldo contundente. En su reciente visita apostólica a la Argentina, el papa León XIV situó a la inteligencia artificial y al mundo digital en el centro del debate moral y político. Su mensaje en la UCA fue categórico: la técnica debe estar siempre supeditada a la ética, porque el algoritmo jamás puede sustituir el discernimiento humano. El Pontífice advirtió sobre los riesgos de una automatización desregulada y nos recordó que las máquinas son instrumentos, no personas. Cuando renunciamos a regular lo digital bajo el pretexto de una libertad absoluta, dejamos a los más jóvenes completamente indefensos ante entidades sin rostro que operan bajo lógicas puramente mercantiles.
Un ejemplo dramático de esta selva sin control es el avance de la ludopatía infantil y juvenil a través de las apuestas online. Las plataformas de juego virtual se metieron en los bolsillos de los adolescentes, destruyendo economías familiares y salud mental a una velocidad alarmante. Sin embargo, la respuesta política sigue empantanada. Mientras en el Congreso Nacional el proyecto para regular la publicidad y el acceso a las apuestas permanece trabado en el Senado tras haber obtenido media sanción, en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires la propuesta integral sigue atrapada entre internas partidarias y especulaciones. La salud integral de nuestros pibes no puede ser rehén de la rosca parlamentaria ni del lobby de las empresas del juego.
Construir ciudadanía digital implica entender que los derechos y garantías que rigen en la plaza o en el aula también deben asegurarse en la red. Necesitamos destrabar de manera urgente estas leyes en la Nación y en la Provincia, hacer cumplir las normativas vigentes y asumir como adultos nuestro rol de acompañamiento. Regular la calle digital no significa censurar ni frenar el progreso tecnológico, sino civilizar un espacio común para que la tecnología esté al servicio de la dignidad humana y nuestros jóvenes puedan habitar el futuro a salvo.
*Abogado y docente especialista en ciudadanía digital y convivencia escolar.









