Opinión•Riesgos

Sobre el intento de modificar la Ley de Salud Mental

Sobre el intento de modificar la Ley de Salud Mental
Cambios en salud mental. El peligro de retornar a un viejo modelo puramente biologicista y psiquiátrico.
Hoy 01:05

La Federación Mundial de Salud Mental acaba de designar a la provincia de Buenos Aires como Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029. Se trata de un reconocimiento a una gestión llevada adelante conforme a la Ley de Salud Mental sancionada el 25 de septiembre de manera unánime en el Congreso de la Nación. Sin embargo, como muestra del oscuro retroceso que imprime el gobierno libertario, la Cámara de Diputados de la Nación está pronta a debatir las modificaciones a la Ley de Salud Mental propuestas por el Poder Ejecutivo y aprobadas recientemente por el Senado. Un conocido poema precisa: “Hay muchas formas de matar a una persona/Apuñalarlo con una daga/quitarle el pan/no tratar su enfermedad/condenarlo a la miseria/hacerlo trabajar hasta desfallecer/impulsarlo al suicidio/enviarlo a la guerra, etc. /Sólo lo primero está prohibido por nuestro Estado”. No sabemos si Bertolt Brecht imaginaba que nuestra Ley de Salud Mental postularía en su artículo primero que la salud mental es un derecho, ya que en su poema no menciona que enloquecer a una persona es también una manera de matarlo. Bien, en mi opinión la mejor manera de contribuir a la correcta implementación de la ley es denunciar que el actual gobierno nacional atenta contra la salud mental de los argentinos. Desde la represión a los jubilados, la creciente miseria, el incumplimiento de leyes como el financiamiento universitario, el ataque al Hospital Garrahan y al Laura Bonaparte, hasta el obsceno discurso de un presidente que hace del insulto, el agravio, la mentira y la difamación su manera de entender lo que gusta denominar Libertad. El intento de modificación de la ley de Salud Mental es un jalón más en este derrotero hacia la barbarie.

Las modificaciones introducidas por el Senado Nacional impulsadas por el Poder Ejecutivo constituyen un retorno a viejas prácticas estigmatizantes. Vaya como ejemplo el reemplazo del término “padecimiento” por el de “trastorno”, cuya sola mención invita a la etiqueta diagnóstica y, para satisfacción de los laboratorios, a su correspondiente medicación. De allí que, en el equipo interdisciplinario responsable de evaluar la posibilidad de internación –que la reforma propone aplicar incluso por meras sospechas de crisis futuras–, el psicólogo vuelva a ocupar un lugar secundario para así privilegiar una perspectiva médico/psiquiátrica. Con el agravante de que el texto de la modificación establece la obligatoriedad de un médico “preferentemente psiquiatra”, lo cual abre la posibilidad de que profesionales sin formación específica en salud mental intervengan en decisiones tan delicadas como una internación involuntaria. Desde ya, la habilitación de instituciones monovalentes o “neuropsiquiátricos especializados” no hace otra cosa que perpetuar el riesgo de aislamiento y el desarraigo de los pacientes. De allí que no sorprenda la eliminación de la participación de los usuarios en el Órgano de Revisión, organismo de control y protección de Derechos Humanos creado por la Ley Nacional de Salud Mental en sus artículos 38, 39 y 40; ni la obligación de que una persona internada de manera involuntaria, una vez que cesaron las causas que motivaron su internación, no pueda retirarse si no es con un familiar; con lo cual se desplaza hacia el entorno familiar responsabilidades que son también del Estado. Como si esto fuera poco, la reforma introduce una excepción que autoriza la internación de niños/as, y de adolescentes con consumos problemáticos junto a personas adultas “por el tiempo mínimo indispensable”, para justificar de este modo la ausencia de dispositivos e instalaciones adecuadas. En suma, un retorno a un modelo puramente biologicista y psiquiátrico que anula la perspectiva comunitaria e integral. Quien sufre un padecimiento anímico encarna siempre el testimonio singular de un abismo social. Entonces, pasión por la ignorancia mediante, se encierra y se medica a quien con su sufrimiento muestra la locura que padecen los “normales”. Se trata de que el paciente calle y no moleste. La cuestión no está en modificar la ley, sino en facilitar su correcta aplicación. Esto es: cumplir con el financiamiento presupuestado en su texto.

Los mayores tropiezos que enfrenta la norma se deben a la ausencia de los recursos mínimos para cumplir su tarea. Es decir, servicios dotados con profesionales, espacios y elementos suficientes como para brindar al usuario la atención que merece como ser hablante y como ciudadano de una democracia. Diputados: ¿van a hablar o tomarse la pastilla?

*Psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires.

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