La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a Cristina Fernández de Kirchner de ser la presunta jefa de una asociación ilícita destinada a apropiarse de fondos públicos y canalizarlos hacia el patrimonio de la familia Kirchner mediante operaciones inmobiliarias simuladas. La imputación fue expuesta este viernes durante la continuidad del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en el tramo correspondiente a la acusación contra la sociedad inmobiliaria de la familia.
En su presentación ante el Tribunal Oral Federal N° 5, el organismo antilavado sostuvo que la exmandataria habría “diseñado, ejecutado y dirigido un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces”, con el objetivo de otorgarle apariencia de legalidad a recursos que, según la hipótesis de la querella, provenían de empresas vinculadas a empresarios beneficiados con contratos y concesiones estatales.
La acusación también alcanzó a Máximo Kirchner, a quien la UIF ubicó como presunto organizador de la asociación ilícita. Según el planteo, el diputado nacional habría tenido un rol central en la administración de Los Sauces y en la instrumentación de operaciones que permitieron canalizar fondos hacia el patrimonio familiar.
La UIF describió dos mecanismos que consideró simulados y económicamente injustificados. El primero involucró a la empresa Álcalis de la Patagonia, que habría abonado por el uso de amenities y espacios comunes del complejo Madero Center, pese a que esos servicios ya estaban incluidos en la locación del departamento utilizado por De Sousa.
El segundo mecanismo estuvo relacionado con un contrato firmado en 2012 entre Los Sauces y M&S, representada por De Sousa, para el alquiler de un dúplex ubicado en los pisos 8 y 9 del mismo edificio.
Según la querella, los valores de los alquileres superaban entre un 100% y un 150% los precios de mercado. Para la UIF, esa diferencia constituía un indicio de que los contratos no respondían a una actividad inmobiliaria genuina, sino que habrían sido utilizados para transferir dinero hacia la sociedad familiar bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas “Bajo el ropaje de alquileres de inmuebles se transferían fondos en concepto de dádivas”, sostuvo la acusación durante la lectura del requerimiento.
Otro de los puntos señalados por la UIF fue la adquisición de dos inmuebles vinculados a Los Sauces: el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires (donde la exmandataria atraviesa la prisión domiciliaria), y una propiedad en la calle Mascarello, en Río Gallegos.
De acuerdo con la presentación, ambas propiedades habrían sido utilizadas con fines particulares por Cristina y Florencia Kirchner, mientras que su adquisición habría sido financiada con fondos aportados por los grupos empresarios investigados.
En el caso del departamento de San José 1111, la querella cuestionó una serie de movimientos bancarios entre cuentas personales y de la sociedad. La UIF sostuvo que las operaciones fueron registradas sin identificar adecuadamente a quienes ordenaron los depósitos y transferencias, una circunstancia que, según su interpretación, impidió reconstruir con precisión el origen y el recorrido del dinero.
El organismo también apuntó a presuntas irregularidades en operaciones realizadas a través del Banco Nación, donde empleados de la entidad habrían omitido registrar información sobre determinadas transacciones.
Máximo Kirchner y los empresarios involucrados
La UIF sostuvo que Máximo Kirchner también habría obtenido beneficios económicos derivados de las operaciones investigadas. Según la acusación, el diputado retiró de Los Sauces $2.492.415,69 en concepto de honorarios como director de la sociedad, fondos que, para la querella, tenían su origen en pagos realizados por empresarios vinculados al esquema.
La presentación también alcanzó a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes se atribuyeron distintos roles dentro de la presunta organización. Báez fue señalado como organizador de la asociación ilícita y coautor del delito de lavado de activos, mientras que López y De Sousa fueron acusados de participar en las maniobras de lavado y de ofrecer dádivas.
La UIF sostuvo que los empresarios habrían inyectado fondos en Los Sauces a través de contratos inmobiliarios y hoteleros, con el objetivo de disimular el origen de recursos provenientes de negocios vinculados al Estado.
El debate oral se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y los restantes acusados siguen las audiencias por videoconferencia.
CS/ML
