La basura vuelve al centro de la pelea política porteña. El Gobierno de la Ciudad publicó esta semana la licitación internacional 2051-1793-LPU26 para definir quiénes recogerán los residuos, barrerán las calles y administrarán parte del sistema de higiene urbana por diez años. El presupuesto oficial alcanza los $12,37 billones, unos US$7.807 millones. Es decir: el contrato más oneroso e importante de toda la gestión porteña, que atraviesa a grandes empresas, uno de los sindicatos más poderosos del país como Camioneros y la llave política del jefe de Gobierno, Jorge Macri. Todo terminará de definir en 2027: el año electoral.
Según pudo saber PERFIL, el proceso ya despertó interés empresario: según fuentes del sector, al menos doce firmas retiraron los pliegos. La apertura de ofertas está fijada para el 18 de diciembre a las 13. Primero se evaluarán los antecedentes técnicos y financieros y después se conocerán los precios de los oferentes que superen esa instancia.
Los contratos actuales vencen el 30 de septiembre de 2028. Y el nuevo modelo prevé concesiones de diez años y un rediseño del mapa: de siete zonas se pasará a ocho.
La apuesta oficial es adaptar recorridos y frecuencias a la demanda real de cada barrio, con un agregado clave: la demanda vecinal y el sistema de quejas será importante para determinar el servicio. En esto viene insistiendo el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, quien tiene a su cargo el área de Higiene desde marzo de este año.
La innovación será otro eje. El pliego incorpora telemetría, GPS y datos geoespaciales para seguir camiones, controlar horarios, verificar frecuencias y detectar desvíos. También plantea sensores, cámaras para comprobar no solo si pasó un vehículo, sino cómo quedó limpia la calle. La evaluación vecinal y los indicadores de cumplimiento tendrán peso en el control del servicio.
El esquema incluye un tratamiento específico de contenedores, para provisión y mantenimiento. Además, amplía la recolección diferenciada puerta a puerta de reciclables y prevé circuitos para residuos orgánicos, en grandes generadores.
Una modificación sensible apareció entre el borrador y el pliego final: las cooperativas conservarán tanto la recolección de materiales secos como la operación de los centros de reciclado y su comercialización. Ese bloque representa cerca de $677.000 millones en diez años.
Pero la mayor amenaza para Jorge Macri llega de Camioneros. Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, cuestiona que la nueva contratación no incluya el mecanismo de indemnizaciones al terminar la concesión, aun cuando los empleados sigan prestando tareas para otra adjudicataria. El reclamo involucra a unos 6.500 trabajadores y se estima en US$200 millones.
El gremio ya activó protestas y advierte sobre paros y medidas de fuerza. El Ejecutivo porteño, en este marco, distingue las obligaciones del contrato actual, vigentes, de las reglas que regirán desde 2028. No quiere trasladar automáticamente ese costo al próximo ciclo. Las empresas temen que una disputa laboral sin resolver termine alterando los costos de las ofertas y la transición del servicio. Por ello, algunas de las actuales contratistas ya deslizaron por lo bajo que estaban dispuestas a absorber ese costo laboral con tal de no tener problemas con el clan Moyano.
Hay además un dato político clave: la Ley 4120, sancionada en 2011, fija contratos de ocho a diez años, con prórroga máxima de doce meses. Bajo ese marco, el Ejecutivo puede volver a licitar sin pedir una ley nueva para cada convocatoria. Un proyecto de 2024 buscó exigir aprobación legislativa si repetía una concesionaria, pero no prosperó.
El debate también llegó a la Legislatura: una resolución pidió explicaciones sobre la continuidad de los recuperadores urbanos y la posibilidad de que una misma empresa concentre contenedores, monitoreo y tratamiento. El borrador original permitía que las empresas privadas administraran los centros de reciclado y comercializaran el cartón, papel y plástico recuperados por las cooperativas. El pliego definitivo reserva a las cooperativas registradas la recolección diferenciada puerta a puerta, la operación de los centros y la venta de los materiales. Se trata de un negocio de casi $677.000 millones durante diez años, unos US$427 millones. Las cooperativas conservarán esos ingresos, aunque deberán competir y acreditar experiencia para obtener las adjudicaciones. Es una concesión política a los cartoneros en medio de la pelea con Moyano.
La licitación ya arrancó, los empresarios hacen números y el sindicato prepara su respuesta gremial. Jorge Macri quiere modernizar el negocio más visible de la Ciudad. Moyano tiene una herramienta de presión conocida: si los camiones dejan de salir, el conflicto se verá en cada esquina en un año electoral.








