El día que Firmenich dijo: “Fuimos nosotros”

La investigación judicial del asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci se sacude la modorra y vuelve a ponerse en marcha. Lo hace como pidiendo permiso: la decisión del juez federal Ariel Lijo, tomada varios meses después de que se lo ordenara la Cámara, comenzó por citar como testigos a dos personas desconocidas en el ámbito público: el autor de un libro sobre las organizaciones político-militares de los 60 y 70 y un periodista que ahora vive en Italia. Los dos, Carlos Flaskamp y Ricardo Grassi, han escrito que sus “responsables” o jefes en Montoneros les dijeron, por separado, que el atentado contra Rucci había sido realizado por Montoneros como una forma de presionar al general Juan Domingo Perón, que dos días antes, el 23 de septiembre de 1973, había ganado las elecciones por tercera vez con más del 60% de los votos.

Rucci era el alfil de Perón en los sindicatos; como secretario general de la CGT, funcionaba como garante gremial del pacto social entre el capital y el trabajo arbitrado por el Estado. Ese pacto era la columna vertebral del gobierno peronista. ¿Para qué semejante presión, por qué matar a Rucci? Porque los montoneros veían que Perón los estaba dejando fuera del gobierno y del poder y quisieron demostrarle que sin ellos no iba a poder gobernar.
El testimonio de Grassi puede ser particularmente interesante porque él era periodista de la revista El Descamisado y, según me dijo para mi libro Operación Traviata, recuerda que la tarde del atentado se les apareció en la redacción el propio Mario Firmenich, que era el número uno de Montoneros; les dijo: “Fuimos nosotros”, y les explicó por qué habían matado al sindicalista, que, además, para las guerrillas y las izquierdas en general era uno de los símbolos de la “burocracia sindical”, es decir de los “traidores a la clase obrera”.

En realidad, el nombre de Firmenich ya aparece en la causa que lleva adelante el juez Lijo, citado por otros testigos. La nueva ronda de testigos será abierta el 6 de mayo, sobre la base de una lista aportada por los hijos de la víctima: Claudia (diputada nacional del peronismo no K) y Aníbal. Esa nómina incluye a Firmenich, Roberto Perdía y Miguel Bonasso.

En su fallo de agosto del año pasado, la Cámara le ordenó a Lijo que profundizara una línea de la investigación: si hubo o no colaboración del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el ataque contra Rucci. Es que en la causa aparecen nombres de funcionarios bonaerenses que, además, eran “oficiales” de Montoneros. Una fuente que me pidió que reservara su identidad me dijo, cuando reunía información para Operación Traviata, que uno de esos funcionarios había tenido que prestar al pelotón montonero un departamento que alquilaba en la Capital Federal, cerca del domicilio de Rucci, y que debió trasladar armas a ese inmueble, para lo que utilizó vehículos oficiales. Y que esa orden se la dio un asesor del gobernador Oscar Bidegain. Es que, según el punto de vista del Gobierno, sólo son delitos de lesa humanidad, y por lo tanto pueden ser investigados aun cuando pasó tanto tiempo, los cometidos con ayuda del aparato estatal.

El Caso Rucci es uno de los pocos crímenes cometidos por las guerrillas donde podría aparecer esta vinculación con el aparato estatal. Claro que otros sectores sostienen que no es necesario que un delito haya sido cometido desde el Estado para que sea de lesa humanidad.

Además, el crimen de Rucci impugna el relato oficial, que está basado en la división en los 70 entre buenos y malos, que se proyecta al presente en ese clivaje amigos/enemigos que tanto entusiasma al kirchnerismo. Los buenos de ayer son los amigos de hoy, y viceversa. Sin embargo, un grupo de personas que durante meses siguió a otra, que lo vio en su rol de padre, esposo, amigo y militante, pero que luego lo emboscó y mató cuando estaba desprevenido y sin defensa, no parece encajar muy bien en aquella descripción angelical.

*Editor ejecutivo de la revista Fortuna.