Es probable que la eliminación de tasas municipales en los servicios de luz en la provincia de Buenos Aires adelante lo que pueda ocurrir cuando el gobierno nacional negocie con las provincias el Presupuesto 2019, bajo la influencia del acuerdo con organismos internacionales por más de 50 mil millones de dólares anunciado esta semana. Al igual que en la Legislatura bonaerense, la elasticidad del oficialismo en el Congreso para negociar modificaciones con la oposición será la base del consenso.
La ley sancionada por Cambiemos, el Frente Renovador y los intendentes del PJ no es la enviada por María Eugenia Vidal. Pero expresa el compromiso promovido por la gobernadora con ese arco opositor para resistir la ofensiva del resto de las provincias sobre Buenos Aires, con la intención de cargarle el peso del ajuste previsto como contrapartida al crédito del Fondo Monetario Internacional. Lo que incluyó gestar el primer reclamo concreto para rectificar la agenda de reajuste tarifario del Ministerio de Energía.
No hubiese sido posible sin la coincidencia entre los intendentes de Cambiemos y del PJ acerca del perjuicio a las finanzas municipales por la supresión de las tasas. Pero tampoco sin la tensión de Néstor Grindetti con Edesur desde el inicio de su mandato por las reiteradas suspensiones de servicio en el partido de Lanús. El intendente espera el fallo de la Corte bonaerense por un reclamo millonario contra esa empresa.
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Audiencia. Vidal aprovechó el relieve adquirido por la devaluación y forzó a Juan José Aranguren a concretar el 30 de mayo la audiencia que venía solicitándole sin éxito Grindetti, que contó con la presencia de Ramiro Tagliaferro y Jorge Macri. Los intendentes de Morón y de Vicente López acompañaron el reclamo para que los municipios puedan cobrarles a las prestadoras de electricidad lo que dejarán de percibir en las boletas de luz. Esto es, crear una tasa específica que puedan aplicarle por el uso del espacio y compensar esa pérdida de ingresos, destinados esencialmente al alumbrado público.
Este último rubro determina la complejidad de la relación entre compañías y municipios: un grupo de clientes muy importante por el nivel de consumo y precio abonado. Con sorna, un intendente de Cambiemos cree que el sueño de Aranguren para que el kilowatt tenga un valor de 2.400 pesos para grandes usuarios ya es una realidad. Los municipios lo pagan a $ 2.800.
Balances. Grindetti está convencido de que ese costo debe ser absorbido por las empresas y no trasladado a los consumidores, como iba a ocurrir finalmente con el proyecto original. Si no fuese por el prejuicio con Cambiemos, el argumento podría seducir hasta a la izquierda dogmática. Se funda en el nivel de utilidades del año pasado. Edenor ganó casi 700 millones de pesos. El balance no fue positivo para Edesur por el peso de la multa en sus cuentas. Curioso: el último superávit corresponde a 2015. Vale decir, con subsidios.
Sin el acercamiento de Vidal a Massa, esa gestión de los intendentes de Cambiemos hubiese sido insuficiente para quebrar la resistencia de los peronistas liderados por Martín Insaurralde. El 30 de mayo la gobernadora envió al Senado el pliego de Juan José Amondarain para cubrir la vacante dejada por Daniel Arroyo en el directorio del Banco Provincia.
El de Lomas de Zamora no asistió a la reunión convocada por Gustavo Menéndez con Felipe Solá en General Rodríguez el 2 de junio. El día 3 compartió almuerzo con la gobernadora en La Plata. El titular del PJ alentó una oposición de plano a la ley aprobada, que encierra un aspecto controvertido. La habilitación para cobrarles a las empresas lo que dejarán de percibir con la factura de luz depende de una resolución del Ente Nacional de Regulación de Electricidad (ENRE).
Concesionadas por el gobierno central, Edenor y Edesur son controladas con ese organismo. Es parte de la negociación de Vidal con Aranguren.
Alto impacto. El resultado podría ser sorprendente. Junto a la eliminación de impuestos provinciales abaratará un 15% el servicio. Lo que impactaría con una baja de casi un punto en la inflación anual en la provincia de Buenos Aires.
No bastó para conmover al kirchnerismo. Se opuso a la ley por interpretarla como un avasallamiento a la autonomía de los municipios: establece lo que podrían cobrarles a las empresas en un máximo de seis puntos. En la comisión de Hacienda, Mario Secco planteó la necesidad de dar libertad a cada administración para fijarla. El intendente de Ensenada había adelantado la intención de fijarla en un 10%.
Secco eludió fijar posición por Susana González, diputada de Unidad Ciudadana y ex secretaria de Seguridad en Ensenada, quien se excusó de la sesión. Puede que el recinto le traiga malos recuerdos al intendente. Ya fue indagado por los incidentes que protagonizó allí el pasado 14 de diciembre, en una causa que será elevada a juicio oral el mes próximo.
La moderación predominó también en el congreso del PJ de anteayer, capitalizado por aliados de Cristina Fernández de Kirchner. Su presidente y gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, omitió cualquier referencia al oficialismo al criticar la intervención como parte del hostigamiento a la principal fuerza de la oposición.
Se especula que la Cámara Electoral analizará desde mañana la impugnación a esa medida de María Servini. Subrogante de la jueza, Ariel Lijo rechazó la de Luis Barrionuevo al Congreso. Tampoco nadie se refirió a la supuesta injerencia en la intervención de Massa a través Graciela Camaño, su esposa y jefe del bloque de diputados del Frente Renovador.
Hasta Carlos Campolongo y Jorge Landau se cruzaron en la gala del Teatro Colón. Uno de los compañeros de Barrionuevo en la aventura de la intervención y el apoderado del PJ en uso de licencia mientras ejerce de secretario en el Consejo de la Magistratura por el kirchnerismo convivieron al calor de Aída. Nada más emblemático que esa ópera de Verdi para la unidad invocada por el peronismo.
