“La corrupción en obra pública costó unos US$80.000 millones en 13 años”

En la última semana, el juez Claudio Bonadío extendió cinco años el período bajo investigación en la causa de los cuadernos de las coimas, que ahora abarca desde el 2003 hasta el 2015. En estos 13 años, el costo total de la corrupción en la obra pública ejecutada en la Argentina ha llegado a los US$80.009,6 millones. “Es casi un tercio del PBI promedio de cada uno de esos años”, señala el economista Vicente Monteverde, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Morón y autor del informe El costo económico de los cuadernos de la corrupción en Argentina.

Analizado desde las urgencias del presente, ese monto equivale a un 80% del recorte de gastos que tendrán que hacer las provincias para cumplir con el ajuste que demanda el Presupuesto 2019 y es, prácticamente, igual al paquete de compromisos que deberá enfrentar la Nación el año próximo para cubrir déficit, intereses de la deuda y amortizaciones de capital (todo lo cual suma US$77.200 millones).

A diferencia de otros cálculos del costo de la corrupción que se conocieron en las últimas semanas (por caso, el investigador Ariel Coremberg lo estimó en US$36.000M, como porcentaje aproximado del PIB), la investigación de Monteverde parte de una fórmula que contempla varios factores: el sobreprecio de la obra pública, el costo fiscal de los sobornos y sus respectivos costos de oportunidad. PERFIL CORDOBA dialogó con Monteverde para desentrañar cómo es que este mecanismo de corrupción terminó dañando a la economía nacional.

-¿De qué se habla concretamente con el concepto ‘costo de corrupción’?

- La corrupción es como un espejo de dos caras: en una podemos observar el perjuicio al Estado nacional, provincial o municipal que producen los actos de corrupción, y en la otra, el beneficio indebido para el sector privado surgido del fenómeno corruptivo. Para poder hacer un cálculo metodológico hay que reconocer, primero, qué tipos de actos de corrupción se cometieron.

-En el caso de la obra pública de la era K, ¿cuáles fueron?

-En primer lugar, el soborno, que es de ‘recaudación privada’, porque va al bolsillo de quien lo recibe, luego puede blanquearse en la economía formal o no. En el caso de los cuadernos, el dinero para concretar los sobornos salía de los propios fondos públicos, a través de los adelantos de obra, y por vía de los empresarios retornaba a los bolsillos de los funcionarios.

Otro tipo de corrupción son los sobreprecios de bienes y servicios con respecto a los precios de mercado, a igual calidad. Y, en tercer lugar, están los sobrecostos de la obra pública; en este renglón es más complejo llegar a la prueba, pero se pueden comparar obras internacionales del mismo tipo, o precios en licitaciones internacionales de otros países.

-Vamos por parte. ¿Cuál es el daño que ocasionó a la economía el hecho de que el dinero del soborno haya salido del presupuesto público?

-Si el soborno sale de fondos públicos y hay déficit fiscal, el Estado enfrenta un costo de obtención de esos fondos en el mercado. En la fórmula que desarrollé, ese costo se calcula  tomando como referencia la tasa BADLAR; se puede aplicar también la tasa de emisión de deuda en moneda nacional. Pero no queda ahí el daño: cuando el soborno obtenido no es incorporado al circuito formal de la economía, o sea facturado, además de la tasa de evasión fiscal, el Estado pierde su recaudación. Como consecuencia, debe reponer estos fondos a través de una nueva toma de deuda en el mercado.

- En la obra pública de provincias y municipios son frecuentes las redeterminaciones de precios que terminan en sobrecostos ¿Cómo opera este mecanismo?

- El sobrecosto esconde participaciones monetarias de redes de corrupción que actúan en este hecho. El mecanismo se desarrolla a través de mayores costos, reconocimiento de diferencias de precios o, también, asignaciones directas sin licitación. Frecuentemente se fundamentan en adendas en los contratos, actualizaciones, cambios de condición, de materiales, etc.

-¿A qué se refiere cuando, en la fórmula, usted calcula el costo de oportunidad de ese sobreprecio?

- El costo de oportunidad del sobreprecio se refiere al costo originado en la asignación ineficiente del gasto destinado a esa obra pública. Adicionalmente, si el sobrecosto de obra pública no se cubre con un aumento de impuestos, se tiene que tomar deuda.

-¿En términos porcentuales y de montos nominales, que costo de corrupción de la obra pública le dio para el período 2003-2015?

- Primero calculamos el costo del soborno que nos dio una percepción del 20%. Luego, calculamos el sobreprecio, que arrojó un promedio del 25%. A continuación se corrió la fórmula para estimar el costo total de la corrupción en la obra pública -considerando como variables el sobrecosto, el costo fiscal del soborno y sus respectivos costos de oportunidad más el margen de error-; esto nos dio un costo total de corrupción para el Estado argentino de 52 %. Para el periodo 2003-2015 significó US$80.009 millones, sobre un gasto público total destinado a la obra pública que fue de US$152.117 millones. Hay que advertir que en este cálculo no está contemplado otro costo que también se debe y puede medir, que es el costo en vidas humanas (sean heridos o muertos) que los fenómenos corruptivos generan.

Además, como la corrupción es un fenómeno muy complejo, también se debe poner la mira en el costo originado por la mala calidad de la obra a raíz de falta de control, de soborno o  desidia; asimismo en los costos por materiales fallidos y en los costos por reparación o directamente por reemplazo de una obra.

-¿Cómo se hace para luchar estructuralmente contra la corrupción en la obra pública?

-Yo sostengo que la mejor política anticorrupción se basa en tres factores: castigo, prevención y educación. Como existen las herramientas para calcular los costos de la corrupción, ello hace posible los controles y sobre todo la prevención, que hay que hacer en los tres sectores: político, público y privado.

Proceso descontrolado.  Según la investigación del doctor Vicente Monteverde, el costo total de la corrupción en la obra pública fue un proceso in crescendo desde el 2003. En el primer año consumió US$794 millones del presupuesto público nacional y llegó a su máximo nivel en el 2014, con más de US$13.000 millones; en el último año del Gobierno de Cristina Kirchner bajó a US$11.624 millones, pero para entonces ya había acumulado más de US$80.000 millones.

Un dato significativo a considerar es que durante los 13 años de gobiernos kirchneristas, el 12,5% del total gastado en obra pública se canalizó a través de transferencias a provincias y municipios. Fueron unos US$19.000 millones que administraron gobernadores e intendentes. Si a ese monto se aplica el porcentaje del costo total de corrupción calculado por Monteverde (52%), resulta que unos US$9.880 millones de coimas se originaron en hechos corruptivos cometidos en obras gestionadas por estados subnacionales.

LA FORMULA QUE REVELA EL DRAMA 

Las imágenes del revoleo de bolsos llenos de dólares en un convento, de gente contando miles de billetes en una financiera y de cuadernos que describen el ir y venir de supuestos coimeros en busca de retornos pusieron a la luz del día un fenómeno que es muy complejo.

La corrupción en la obra pública no se limita a cobrar un soborno. Los sobrecostos, las redeterminaciones de precios por encima de los indicadores de mercado, las licitaciones direccionadas, la colusión entre participantes de un proceso licitatorio, los vicios de construcción, entre otros hechos irregulares, arman la maraña de redes de corrupción que viven a expensas de los presupuestos del Estado destinados a infraestructura.

Sin embargo, cada vez más, estos fenómenos (con altos costos sociales) se pueden identificar, desentrañar y medir. La fórmula diseñada por el doctor Vicente Monteverde “es aplicable a instancias provinciales y municipales”, asegura el experto. La importancia de medir la corrupción dejó de ser un tema de debate académico. Por el contrario, se ha transformado en un tema central para ampliar el campo de la buena gobernanza y las reformas anti-corrupción, dos factores que hoy definen el flujo de la ayuda extranjera y de la llegada de inversiones a un país.