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Discapacidad en la adultez: un informe nacional expone lo que la nueva ley aprobada no resuelve

La red RALS presentó un estudio sobre la adultez de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo. Si bien la norma aprobada en el Senado deja atrás la emergencia y fija reglas permanentes para pensiones y prestaciones, no prevé la desintegración de las barreras que advierten, sienten y padecen los adultos con discapacidad.

Discapacidad en la adultez: un informe nacional expone lo que la nueva ley aprobada no resuelve
Discapacidad: el Senado aprobó por unanimidad la ley con las modificaciones reclamadas por la oposición. | Hernán Zenteno
Hoy 15:44

El Senado convirtió en ley el jueves, por 71 votos a favor y ninguno en contra, el régimen permanente del sistema de discapacidad. La norma reemplaza la emergencia que vence el 31 de diciembre. En simultáneo, la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) presentó en Buenos Aires una investigación que describe lo que ocurre después de los 18 años con las personas con altas necesidades de apoyo.

Jorge Manuel Prado, integrante de la comisión directiva de la organización, dijo a PERFIL CÓRDOBA que la sanción es “un alivio”. Aclaró que no la considera un avance de fondo, sino un “paso lateral”.

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El texto de la ley mantiene la pensión no contributiva, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como puerta de acceso. Conserva el nomenclador universal de prestaciones con arancel unificado y su actualización por inflación. Garantiza a los titulares el acceso a las prestaciones básicas de la ley 24.901 a través de Incluir Salud.

Establece que la pensión es compatible con un empleo registrado o con el monotributo, siempre que los ingresos individuales no superen dos salarios mínimos. Si las partidas del Ministerio de Salud no alcanzan, el Tesoro debe compensar la diferencia.

Para las deudas con prestadores, el Ejecutivo debe publicar un cronograma de pagos en 30 días y cancelar lo adeudado en 90. La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá hacer auditorías con cruces de datos y suspender de forma preventiva un beneficio, bajo un “debido proceso inclusivo”.

En Diputados, el proyecto había reunido 237 votos. La diputada libertaria cordobesa María Laura Rodríguez Machado encabezó las negociaciones con el peronismo para cerrar los cambios.

El contexto político

La unanimidad llegó después de más de un año de tironeos. El Gobierno había vetado la ley de emergencia; el Congreso rechazó el veto en ambas cámaras y la norma terminó judicializada. Prado recordó que esa ley se ratificó también por unanimidad, pero que nunca llegó a aplicarse. Durante el debate, varios senadores retomaron el mensaje del papa León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione.

Prado vio en esa visita un factor relevante. Afirmó que “la realidad social hizo que se ablandaran algunas posiciones”. Describió la ley como una medida comparable a “apagar los incendios” y resumió la disyuntiva: “Era eso o nada”.

La visita del Papa al Cottolengo Don Orione fue todo un mensaje.
La visita del Papa al Cottolengo Don Orione fue todo un mensaje.

Lo que el voto no resuelve

El informe de RALS, “Entre la autonomía y la supervivencia”, se basó en 15 entrevistas en profundidad, con un diseño cualitativo que no pretende representatividad estadística. Participaron siete personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo, cuatro familiares y cuatro informantes clave de diez jurisdicciones: CABA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Chubut, Santa Fe, Neuquén, Corrientes, San Juan y Mendoza. Lo condujeron las investigadoras Carolina Ferrante y Karina Brovelli.

Su hallazgo central es que la adultez es una etapa sin política pública específica. En la infancia y en la vejez existen redes de contención; entre ambas, el cuidado se vuelve un asunto privado y familiar. La organización lo llama “autonomía de supervivencia” y propone pasar a una “autonomía de derecho”.

Prado explicó que ese vacío fue lo que motivó el estudio, que RALS empezó a planificar a comienzos de 2025. “En ese período entre 18 y 60 años entran en un limbo donde las barreras para poder desarrollar su vida se multiplican”, sostuvo. Agregó que el panorama se agrava cuando la persona requiere apoyos intensos.

La RALS investigó sobre los desafíos de las personas con discapacidad en la vida adulta.
La RALS investigó sobre los desafíos de las personas con discapacidad en la vida adulta.

Para el dirigente, el problema tiene dos raíces. La primera es normativa: Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, pero su aplicación falla. “La realidad devuelve lo opuesto a la convención”, afirmó.

La segunda son los mitos sociales, en particular la infantilización, que lleva a familiares o cuidadores a decidir por el adulto, desde la ropa hasta el lugar donde vive. El informe lo vincula con el artículo 19 de la Convención, que protege el derecho a la vida independiente. Prado precisó un malentendido frecuente: “Muchas veces se piensa que la vida independiente es vivir solo”. Significa, explicó, que la persona decida su proyecto, con o sin apoyos.

Otro de los ejes del estudio es la falta de regulación del asistente personal, una figura distinta de la asistencia domiciliaria de la ley 24.901. Según el informe, eso deja a las familias a cargo de contratar, pagar y reclamar. Entre los puntos centrales de la ley difundidos hasta ahora no figura esa regulación.

El estudio también describe como dilema la incompatibilidad entre empleo formal y pensión. La nueva norma establece compatibilidad con el tope de dos salarios mínimos, un punto que Prado valoró como avance.

Una ley que no es la ley integral

Para el representante de RALS, el voto no cierra la deuda de fondo. Reclamó una reforma de la ley básica, que data de 1981 (Ley 22.431), y consideró que Argentina necesita una norma integral que abarque salud, pensiones y apoyos. “Es una deuda que hay de la democracia con las personas con discapacidad, de que el Congreso se siente y trate una ley”, planteó.

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También cuestionó el proceso: “Nosotros no pudimos ser parte de los debates en comisión. Sí hubo prestadores, pero no personas con discapacidad y organizaciones”. Recordó que la Convención, en su artículo 4.3, exige consultar a las personas con discapacidad y a sus organizaciones al legislar sobre el tema.

Las dudas que quedan

Prado dijo que la implementación le genera inquietud. Su preocupación apunta a la reglamentación y a las auditorías, donde teme que reaparezcan obstáculos para ejercer el derecho de defensa. “Tengo reparos sobre cómo se va a aplicar todo esto”, indicó.

En el recinto, la discusión giró sobre ese punto. El libertario Agustín Monteverde citó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso por 1,2 billones de pesos para 2027. La senadora Alicia Kirchner advirtió que las 427 oficinas de la ANSES quizá no tengan capacidad operativa, y que casi el 43% está en la provincia de Buenos Aires. La radical Mariana Juri pidió vigilar que el Presupuesto 2027, todavía en Diputados, incluya los fondos. Patricia Bullrich defendió los controles porque hubo casos irregulares, aunque reconoció que ambas partes tenían una parte de la verdad.

Los datos oficiales relevados por Chequeado y citados por PERFIL muestran el punto de partida. Entre 2023 y septiembre de 2026, las pensiones por invalidez bajaron 5,9%, hasta unos 1,14 millones de beneficiarios, y el haber promedio perdió 14,2% de poder de compra. Quedan más de 200.000 solicitudes sin respuesta. Además, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 prevé un recorte real de 13,9% para Incluir Salud.

Prado explicó por qué cuesta legislar sobre discapacidad, un obstáculo que, dijo, no es solo argentino. Por un lado, la invisibilidad: “Al invisibilizar ese tema, no surge en agenda con claridad”. Por otro, el costo, ya que las prestaciones y el ejercicio de los derechos implican gasto. Recordó que la discapacidad puede aparecer en cualquier momento de la vida y que todos conocen a alguien que la atraviesa.

El Ejecutivo conserva la potestad de vetar total o parcialmente la norma. Si la promulga, deberá reglamentarla. Entonces se medirá si la unanimidad del Congreso se traduce en apoyos concretos para quienes cruzan la adultez sin ellos.

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