La reactivación de una ruta marítima entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas abrió un nuevo frente de tensión diplomática entre Buenos Aires y Santiago. El conflicto gira en torno al carguero Danstar, que comenzaría a operar el 17 de diciembre, y a las sospechas argentinas sobre un eventual abastecimiento indirecto a las actividades de explotación petrolera en el Atlántico Sur.
En Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, la periodista Cecilia Degl'Innocenti explicó que la conexión, interrumpida desde 2011, estará a cargo de la naviera chilena Isternaviera. Según detalló, el Gobierno argentino reclama información sobre los componentes que transportará la embarcación, con capacidad para 1.400 toneladas, en un contexto marcado por el avance del proyecto petrolero Sea Lion.
La preocupación argentina por el proyecto petrolero Sea Lion
El trasfondo de la disputa es la iniciativa impulsada por el consorcio británico-israelí Rockhopper y Navitas, que pretende extraer petróleo de las aguas cercanas a Malvinas a partir de enero de 2027. Degl'Innocenti vinculó la preocupación por la nueva ruta con la posibilidad de que los cargamentos terminen abasteciendo a las empresas involucradas en esa explotación.
“Ellos dicen que van a transportar frutas, verduras y materiales de construcción para los habitantes británicos de las Malvinas”, explicó. Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de que esos bienes beneficien indirectamente a las compañías petroleras a través de sus proveedores.
La periodista recordó que Argentina exige, mediante un decreto firmado en 2011, que los buques que se dirijan hacia Malvinas y atraviesen aguas argentinas informen cuál es su carga. La discusión también coincide con la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra el Reino Unido, cuya decisión, según se mencionó durante la entrevista, se esperaba para el 28 de noviembre.
El conflicto por el paso inocente y las aguas argentinas
Uno de los principales puntos de discusión es el recorrido del Danstar. La embarcación utilizaría el Estrecho de Magallanes, bajo soberanía chilena, y luego continuaría hacia Puerto Argentino atravesando aguas argentinas, sin detenerse en territorio continental.
“Chile sostiene que, en función del Tratado de Paz y Amistad de 1984 y de la Convención del Mar, ellos pueden pasar por ahí”, señaló Degl'Innocenti. Se trata de la figura jurídica del paso inocente, que permite el tránsito de buques extranjeros siempre que la navegación sea continua y no represente una actividad contraria a las normas aplicables.
La especialista explicó que Argentina no podría detener automáticamente la embarcación si mantiene su recorrido sin interrupciones. “El Estado ribereño no puede detenerlo”, sostuvo. No obstante, aclaró que, si se comprueba que transporta insumos destinados a la explotación de Sea Lion, el Gobierno argentino podría considerar que ese tránsito deja de ser inocente.
Las posibles sanciones a empresarios chilenos
La tensión también expone una contradicción política. Aunque Chile reconoce oficialmente la soberanía argentina sobre Malvinas, desde el Gobierno de Gabriel Boric sostienen que la operación comercial constituye un asunto entre privados.
Degl'Innocenti señaló que Argentina busca evitar una escalada diplomática y que las eventuales sanciones podrían recaer sobre los empresarios involucrados, no directamente sobre el Estado chileno. “Si se comprueba que efectivamente están llevando algún tipo de insumo que pueda abastecer al proyecto petrolero, las sanciones sí caerían sobre los empresarios chilenos”, afirmó.
La periodista también planteó que existen otras rutas de abastecimiento hacia las islas, como las que parten de Montevideo, Uruguay, y Brasil. Esa situación alimenta los cuestionamientos sobre el tratamiento diferencial de la conexión chilena.
Por ahora, la principal incógnita sigue siendo qué transportará el Danstar. Mientras Chile sostiene que no tiene por qué intervenir en las decisiones de sus empresas privadas, Argentina intenta obtener garantías de que la nueva conexión no termine favoreciendo la explotación de recursos hidrocarburíferos en un territorio cuya soberanía continúa en disputa.








