La Asociación de Fiscales mostró su "profunda preocupación" y criticó al Gobierno por su rol en la marcha contra la Corte Suprema prevista para mañana martes 1 de febrero. Así lo mostraron en un comunicado, aludiendo a las posturas que muchos funcionarios nacionales manifestaron y a los que le pidió "prudencia".
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, presidida por el fiscal federal Carlos Rívolo, expresó su "profunda preocupación por las expresiones vertidas y acciones propuestas por algunos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
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En ese contexto, exhortó al poder político "a la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetar la división de poderes en el entendimiento que debe garantizarse el desempeño de sus funciones con total independencia asegurando a la comunidad el acceso a una justicia imparcial".
"La independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, es obligación de los otros poderes del Estado respetarla y afianzarla, sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado", sostiene el comunicado.
Quiénes apoyan la marcha contra la Corte Suprema
La marcha que pide la renuncia de los jueces del máximo tribunal es impulsada por dirigentes ultrakirchneristas y tiene el apoyo explícito de algunos funcionarios del Gobierno, como el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
Incluso, tanto Martín Soria como el segundo en el Ministerio de Justicia nacional, Juan Martín Mena, hablaron de que es "sano y necesario" que la gente vaya a pronunciarse. Vale destacar que la gestión de Soria ya tuvo varios momentos en los que se marcaron cuestionamientos a la Corte.
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Otros de los dirigentes kirchneristas que plantearon su apoyo son el piquetero Luis D’Elía, el juez nacional Juan María Ramos Padilla, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y el líder de Camioneros, Pablo Moyano.
La oposición, en contra de la marcha
Desde la oposición salieron a criticar la marcha entendiendo que "no se puede atentar contra la Corte". "Este apriete a la Corte es porque las cosas no salen como Cristina Kirchner quiere. Es un acto golpista. Es querer voltear al Máximo Tribunal de nuestro país. No se puede atentar contra la Corte", consideró Patricia Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia.
Por su parte, el titular del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Mario Negri, calificó de "grave" el aval a la marcha contra la Corte. "Lo único q falta es que la encabecen Alberto y Cristina. Falta que le digan que se manden a mudar los jueces de la corte porque no le gustan sus fallos", dijo en declaraciones a Radio Continental.
Empresarios y el Colegio de Abogados, en contra de la Marcha
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) publicó una declaración en la que manifiesta "la extrema relevancia de respetar plenamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a sus autoridades como titulares de uno de los tres Poderes establecidos en la Constitución Nacional y pilares de la República".
Y agregaron que "el reconocimiento a la dignidad de la Justicia y en particular de la Corte Suprema y sus autoridades, es la base de la convivencia civilizada y un requisito institucional indispensable para encaminar a nuestro país en la senda del desarrollo económico y social sostenido".
Por su parte, el Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) también había expresado su postura crítica ante el gobierno en un comunicado la semana pasada: "El ataque sistemático al Poder Judicial resulta un evidente artilugio demagógico para sembrar la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no, cuando lo que resulta institucionalmente correcto es que se ejerciten los mecanismos constitucionales para juzgar -en su caso- la conducta de estos jueces que se invocan como inidóneos para el ejercicio de la magistratura".
JD / ds
