El próximo martes 1 de febrero se llevará a cabo en Buenos Aires y en otras ciudades del interior del país, Córdoba entre ellas, una marcha convocada por algunos miembros del Poder Judicial, abogados, organismos de derechos humanos, entidades intermedias, gremios y grupos de personas que se sienten víctimas de violencia institucional, entre otros.
Algunos argumentos de los convocantes apuntan directamente a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su integración “absolutamente masculina” y disminuida en su número de integrantes, y la complicidad que les adjudican con los objetivos del ‘lawfare’ y otras irregularidades en la administración de Justicia.
Esos serían algunos de los motivos declarados por los cuales se llama a marchar. En Córdoba la convocatoria es a las 18 en la esquina de Vélez Sársfield y 27 de Abril para, desde allí, movilizarse hacia el palacio de Tribunales, frente al paseo Sobremonte.
Reacciones.
Institucionalmente, las reacciones no se demoraron. Así, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba emitió un comunicado en el que señala su “honda preocupación y total rechazo” por la marcha convocada “en contra” de la Corte Suprema de Justicia para el próximo martes 1 de febrero.
Para la institución “constituye un ataque a la independencia del Poder Judicial y un claro desconocimiento de la separación de los poderes del Estado, que informa nuestro sistema republicano de gobierno y de las autoridades debidamente constituidas por nuestra Constitución Nacional”.
El escueto comunicado de la asociación va en consonancia con el emitido por la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial que expresó también su rechazo “a toda acción que tenga por finalidad debilitar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público”.
Sobre una de las consignas que plantean quienes convocan a las marchas del 1F –la remoción de los ministros de la Corte– dice el documento de la FAM que “las decisiones judiciales se revisan por los canales legales correspondientes y quienes ejercen la función pública también tienen procesos establecidos para su evaluación y eventual remoción”.
En otro párrafo también se refiere a la “libertad de expresión” como “un derecho humano fundamental”, pero interpreta que “no puede ser usado para promover acciones dirigidas a debilitar la institucionalidad del estado constitucional de derecho cuya garantía última es la existencia de un Poder Judicial independiente”.
Po último, la FAM “ratifica su compromiso permanente con la vigencia del sistema republicano y democrático, que contempla la posibilidad de expresar disensos, críticas y propuestas por vías institucionales previstas para que la construcción de una sociedad mejor se haga de manera eficaz y pacífica”.
Respuesta de magistrados jubilados.
En nota dirigida a la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba, Dra. Silvana Chiapero, un grupo de funcionarios y magistrados jubilados del Poder Judicial de la Provincia manifestó su “rechazo absoluto” al comunicado institucional que emitiera la asociación en relación “con la convocatoria realizada por la ciudadanía a manifestarse el día 1 de febrero en rechazo al desempeño de los miembros de la cuestionada Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y agregan: “Cuestionada por su forma de constituirse en contra de preceptos de la CN, por sus decisiones en contra de las leyes y por su mirada ideológica en sus decisiones que van desde el cajoneo de causas de presos políticos, la inmoral demora que justifica supuestas doctrinas como la del poder residual para encubrir prisiones preventivas por más de dos años, hasta la inconcebible sentencia del 2 x 1 en favor de los genocidas condenados en juicios justos con todas las garantías, la que fue volteada gracias a una enorme movilización popular”.
Los magistrados y funcionarios jubilados advierten que “el Poder Judicial en su conjunto debería marcar el camino correcto, cuando otros poderes se aparten del respeto a la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por Argentina, algo que esta Suprema Corte jamás ha tenido en cuenta y que sólo demuestra complacencia permitiendo la violación reiterada del plexo normativo aplicable, ocasionando grandes carencias y sufrimientos a nuestro pueblo”.
Finalmente, ratifican que desde su punto de vista, “hay sobrados motivos para que la ciudadanía se exprese contra los señores ministros de la CSJ, cuya reiterada conducta es la de apartarse del camino legal, que debiera ser protegido por esos mismos ministros que están severamente cuestionados, algunos desde la licitud y legitimidad de sus designaciones”.
Firman la nota, entre otros, los doctores Fernando López, Eduardo Planas, Jaime Mosquera, Silvia Nieto, Marcelo José Novillo, María de los Ángeles Bonzano, Gladys Escribano, Raquel Toranzo, Adriana Irene Pozzo, Jorge Omar Beyrne y Juan Pedro Jara.
