En el ránking de 180 países que Reporteros sin Fronteras utiliza para clasificar la libertad de prensa en el mundo -y el riesgo de ejercer el periodismo- Brasil figura 105. Evidentemente hay muchos peligros para los profesionales de la información: los tiroteos descontrolados entre narcos y policías en las favelas, las mafias de la Amazonia que ya han asesinado a varios, y otras zonas violentas del país donde el Estado tiene poca presencia. Pero Jair Bolsonaro tiene una solución para eso, nada sorpresiva: que los periodistas puedan ir por ahí armados. Y, ya que estamos, que los políticos también.
El presidente brasileño firmó ayer un decreto que autoriza a distintas profesionales a poder portar armas. Entre las nuevas categorías autorizadas figuran políticos, periodistas que cubren información policial, consejeros de menores, camioneros, abogados, oficiales de justicia y hasta agentes de tránsito.
La portación estará liberada para cualquier persona dentro de esas categorías que demuestre “efectiva necesidad para el ejercicio de su actividad profesional de riesgo o de amenaza a su integridad física”.
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Para poder cargar el arma, quienes soliciten el permiso deberán cumplir con las generales de la ley para la portación de armas, como demostrar idoneidad, certificado policial de buena conducta y aptitud psicológica.
Libertad. Para Bolsonaro, la flexibilización de la portación de armas como tiene objetivo asegurar la defensa y la libertad de los ciudadanos, y no reducir los índices de criminalidad, que están entre los más altos del mundo. Sólo en 2017, últimos datos anuales disponibles, Brasil tuvo más de 63 mil asesinatos, a un promedio de 175 al día, en su mayoría cometidos con armas de fuego.
“Siempre dije que la seguridad pública comienza dentro de casa”, afirmó el presidente.
Facilitar la portación de armas es una de sus banderas más antiguas de Bolsonaro, desde que era diputado. El presidente fue electo con un fuerte apoyo de la llamada “bancada de la bala”, que apoya la flexibilización para el uso de armas de fuego, que fue una de las primeras medidas que tomó tras asumir, el 1 de enero.
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Así lo admitió Sergio Moro, el “super ministro” de Seguridad y Justicia que puso en marcha el Lava Jato, que al ser consultado sobre la ley, tomó distancia: “es una política del presidente de la República, que responde a una promesa electoral y apunta a atender los deseos de sus electores”.
También desde las ONG que buscan reducir la violencia hay preocupación: “el decreto ignora estudios y evidencias” contra las consecuencias de armar a la población civil”, dijo el Foro Brasileño de Seguridad Pública en un comunicado.
SF EA
