El Gobierno oficializó la convocatoria a audiencias públicas, pactadas para el viernes 26 de este mes, con el objetivo de tratar los aumentos en las tarifas de la energía eléctrica distribuida por Edenor y Edesur.
El anuncio de la fecha fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde se determinó que el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) llevará acabo un encuentro para definir las nuevas tarifas del valor agregado de distribución (VAD) de ambas compañías. Esto se realizará de la mano de Darío Arrué, el nuevo interventor del ente.
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La Secretaría de Energía también está considerando la posibilidad de trasladar la devaluación de diciembre a las boletas de electricidad de todo el país, considerando que los contratos del sector se encuentran dolarizados y que se produjo una disparada de los costos como consecuencia del salto del cambio oficial de $366 a $800.
Durante el 2023 la tarifa de la energía aumentó 262%, con dos subas de 108% en abril y 73% en junio, un incremento que superó a la inflación estimada. En aquel momento, las compañías argumentaron que en los tres años previos solo habían aumentado el precio en un 32% frente a una inflación acumulada de más de 300% en ese periodo.
Desde junio de 2023 hasta febrero de este año la inflación acumulada estimada alcanzaría el 184%, según indicó la consultora Economía y Energía. De todas formas, el servicio de distribución es solo uno de los componentes del precio final de la boleta, por lo que el impacto en la tarifa final rondaría el 50%.
Dado que el servicio de distribución no está segmentado por ingresos, el incremento se aplicará a todos los usuarios por igual, sin importar el poder adquisitivo de cada uno.
En este contexto, el Gobierno también deberá definir la frecuencia con la que se aplicarán los aumentos en las tarifas de distribución. Según indicaron fuentes oficiales, "el Estado tiene la obligación de preservar la seguridad de la sustentabilidad del sistema", por lo que debe proveer ingresos para que las compañías puedan brindar el servicio en condiciones de calidad.
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"No se puede hacer política salarial a través de los servicios públicos. Las empresas no tienen el VAD con el poder adquisitivo que requiere el sistema. Por eso las distribuidoras atienden sus costos con los ingresos que reciben por tarifas. Y cuando no llegan a fin de mes, la variable de ajuste es el mercado eléctrico mayorista, que equivale a aumentar sus deudas con Cammesa", explicaron desde el Gobierno según detalló La Nación.
Por otra parte, desde la Secretaría de Energía están analizando cómo implementar el traspaso de la devaluación de diciembre a las tarifas, lo que impactará en todo el país, la cual implicó un salto de 118% y llevó el valor del dólar oficial de $366 a $800.
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