Frente a la posibilidad de que el gobierno disponga mediante un decreto la restricción de la circulación desde este viernes 8 de enero entre las 23 horas y las 6, empresarios nucleados en la cámara de la Industria del Entretenimiento Argentino (IDEAR) preparan un amparo judicial para impedir el cierre de los locales comerciales en esos horarios.
Si bien aún no se publicó el decreto, se estima que se permitiría a cada gobernador regular los horarios de la restricción para la circulación nocturna de acuerdo a la situación epidemiológica. Desde Córdoba, en tanto, el gobernador Juan Schiaretti ya adelantó que la provincia no adherirá a las medidas y que los comercios gastronómicos seguirán funcionando hasta la 1 de la madrugada, tal como hasta ahora.
Desde IDEAR aseguran que “un toque de queda sanitario no resiste a un test de constitucionalidad” y consideran que el presidente Alberto Fernández propuso una serie de medidas que "son materia de polémica”. “La decisión del presidente Fernández puso en alerta a empresarios ligados a la gastronomía, el turismo, la hotelería y el entretenimiento y en estas horas preparan una serie de amparos judiciales que no permitan al Gobierno Nacional hacer efectiva la medida”, anunciaron desde la cámara.
Martín Francolino, abogado y representante de IDEAR, adelantó que “de salir un decreto que viole derechos constitucionales, presentaremos ante la justicia las acciones de amparo correspondientes”. Se trataría de una presentación judicial a nivel nacional, y otra en el territorio de la provincia de Buenos Aires, según dijo en una entrevista con el canal de noticias TN.
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Francolino reclamó que estos sectores “soportaron más de seis meses cerrados sin ningún tipo de ingreso”. Y sumó: “Ahora el estado parece encontrar la solución en cortar una brecha horaria en los sectores que prestan servicio de noche como si fueran los culpables”.
Para el letrado, “claramente es mejor el control que el descontrol”, y planteó que “es un hecho que ya se vivió desde el comienzo de la cuarentena, donde el gobierno no pudo poner orden en la cantidad de fiestas clandestinas y reuniones privadas”.
En ese sentido, consideró que esto incrementará aún más las reuniones clandestinas: “El gobierno no entiende que esto va a producir que las fiestas clandestinas crezcan. La gente se va a juntar igual”, dijo.
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El abogado cuestionó además la constitucionalidad de la medida, a la que consideró “arbitraria” y “discriminatoria”: “Sin lugar a dudas, la disposición de un toque de queda sanitario en la franja horaria anunciada no resiste un test de constitucionalidad, tratándose de una medida desproporcionada, arbitraria, discriminatoria y completamente ilegal, por no emanar del órgano encargado de reglamentar los derechos humanos que el Estado argentino está obligado a respetar”, es decir, el Congreso de la Nación.
En caso de aplicarse, advirtió Francolino, “se someterá a escrutinio judicial, en procura de frenar los abusos del poder ejecutivo, tanto nacional como los de las distintas provincias”.
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