La semana pasada, la justicia argentina ordenó la entrega, en un plazo de 15 días, de los cables todavía secretos entre el Consulado Argentino en Tel Aviv y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Buenos Aires, de mayo y junio de 1960, relacionados con el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Lo resolvió así el doctor Santiago Ricardo Carrillo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°3, y en el marco de la causa caratulada “WEBER, GABRIELE C/ EN-M RREE Y C S/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, Expediente 22190/2018.
Mucho se ha publicado sobre el oficial de las SS Adolf Eichmann, que vino a la Argentina en 1950 con papeles del Vaticano y quien apareció sorpresivamente, el 23 de mayo de 1960, detenido en Israel. Fue un escándalo mundial en aquel entonces e inclusive llegó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La versión oficial, que relatan novelas, películas y libros de historia, sostiene que el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, que durante años buscó heroicamente a los nazis en todo el mundo, fue quien finalmente secuestró a Eichmann, también heroicamente, desde Argentina, violando la soberanía nacional. Todo el mundo creyó esta fábula porque es, o mejor dicho fue, muy bonita. Lamentablemente, es falsa. Esa versión no se basa en los documentos históricos sino en las imaginaciones del ex jefe del Mossad, Isser Harel. El archivo del Mossad hasta hoy no está abierto al público, ni siquiera en la causa Eichmann.
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Búsqueda. Durante años busqué en archivos en todo el mundo documentos que me permitieran conocer la verdad sobre los acontecimientos históricos de mayo del 1960. En Alemania demandé al Bundesnachrichtendienst, BND, la CIA alemana, y gané. Con ese material pude escribir el libro Los expedientes Eichmann, que editó Sudamericana.
En Moscú, la cancillería entregó algunos papeles a mis abogados en base al artículo 29 de la Constitución rusa que garantiza una administración pública transparente. Esos documentos revelaban que el presidente argentino de ese entonces, Arturo Frondizi, apoyaba la propuesta del líder soviético Nikita Kruschev de poner un punto final a los crímenes nazis entregando a sus tribunales correspondientes a los ex jerarcas con órdenes de detención. Uno de ellos, involucraba a la Argentina: Eichmann.
En Israel, lamentablemente, el gobierno me negó toda documentación: “es ultrasecreta y violaría la seguridad nacional del país”, le dijeron a mi abogada israelí.
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En la Argentina, encontré en el Archivo de la Memoria en La Plata papeles de la Policía de Buenos Aires con los verdaderos apellidos de los secuestradores de Eichmann –personas cercanas a Frondizi– y en el Archivo histórico de la Cancillería en Puerto Nuevo una lista de cables cifrados entre el Consulado en Tel Aviv y la Cancillería en Buenos Aires de mayo y junio de 1960, cuando la diplomacia de ambos países intercambió mensajes sobre el asunto Eichmann. Los cables no estaban ahí, abiertos al público. “Tienen que estar en la Cancillería”, me dijeron las archivistas.
Leyes. Mientras en Chile y Uruguay existen buenas leyes para acceder a la información pública, en Argentina no es así. Néstor Kirchner firmó un decreto que nunca se cumplió – lo comprobé varias veces. Con Mauricio Macri la situación cambió. Su administración elaboró la ley 27.275 y una reglamentación buena. En caso de violación de los derechos humanos ni siquiera proveía excepciones. Es decir: la ley es buena si se cumpliría.
En 2017, hice una solicitud formal a la Cancillería para tener acceso a los documentos mencionados. Pedí una entrevista con el Jefe del Departamento de Medio Oriente, y fui, junto con mi abogado, Dante Reyes Marín, y una escribana, para redactar un acta oficial sobre la reunión. Nos acompañó la dirección de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la República Argentina, entidad a la que pertenezco. El Embajador a cargo del departamento se mantuvo firme en su negativa: él no tenía estos documentos, no podía ayudarme.
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En 2018 inicié un juicio, apoyándome por la sanción de la ley de Acceso a la Información Pública, y que como señala en su primer artículo, “tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. Fue el primer caso que un periodista buscó ayuda judicial para conseguir documentos históricos. Por eso, es tan importante la sentencia de ahora, abre el camino a todos los investigadores.
En el marco del juicio, pedí el interrogatorio de varios testigos, incluidos los trabajadores de los archivos de La Plata y del Ministerio. Confirmaron la autenticidad de la lista que encontré en el Archivo Histórico refiriéndose a los cables y a un tratado entre Israel y Argentina del mayo del 1960. La traductora certificada oficial de hebreo aseguró de que el fax que enviamos al tribunal cumplía con los hábitos administrativos israelíes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores envió solo un testigo, el jefe de departamento Medio Oriente con rango ministerial, que hizo una declaración por escrito. “Presentamos nuestras preguntas por escrito sobre lo que el abogado de la otra parte intentó evitar. El testigo admitió que hay áreas en su ministerio a las que no tiene acceso y cuyos registros no conoce ", recuerda mi abogado, Reyes Marín. Según el testigo, él solo tiene acceso a documentos con nivel de clasificación "reservado" y "confidencial", pero no a los caratulados como "secretos", y menos a los de 1960.
Fallo. Con la sentencia, el juez Carillo creó un leading case. Citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijo en su sentencia que “convalidar, sin más, respuestas de aquella vaguedad significaría dejar librada la garantía del acceso a la información al arbitrio discrecional del obligado y reduciría la actividad del magistrado a conformar, sin ninguna posibilidad de revisión, el obrar lesivo que es llamado a reparar”. Y más adelante: “El derecho de acceso a la información corresponde a toda persona para el ejercicio del control democrático de las gestiones estatales, permitiendo a los ciudadanos cuestionar, indagar y considerar si se está dando debido cumplimiento a las funciones públicas, razón por la cual la información no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación argentina“.
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Por tal análisis, el magistrado falló condenando al Estado Nacional -Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- a entregar los documentos todavía secretos en el plazo de 15 días hábiles.
El abogado Reyes Marín destacó la resolución, y si bien se mostró cauteloso al señalar que se trata de una sentencia de primera instancia, valoró el reconocimiento por parte del juez “al trabajo ingrato y muchas veces heroico de investigadores que con su empeño y tenacidad logran horadar el marasmo institucional y la burocracia que, en no pocas ocasiones, derriban en la práctica el espíritu de leyes que apuntan precisamente a lograr una mejor y más transparente democracia”.
Hechos verdaderos. Ahora, la gran pregunta es: ¿van a cumplir con la sentencia? Los gobiernos K consideraron y consideran el tema de los derechos humanos como si lo hubieran inventado ellos. Sin lugar a dudas, el acceso a los expedientes oficiales, y de esa manera poder entender y participar en el funcionamiento de un estado, es un derecho básico, el fundamento de cualquier estado democrático. Teóricamente, el gobierno de Alberto Fernández puede apelar la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°3 y ganar tiempo. Y seguramente de parte del gobierno de Israel que se enamoró en este mito de la “búsqueda heroica de nazis” habrá presiones. Y la DAIA nunca movió un dedo para que se conozca la verdad.
Si queremos escribir la historia para evitar errores tenemos que conocer los hechos verdaderos. Los mitos no sirven. Es la hora de reconocer el derecho a la verdad histórica.
*Periodista. Nació en Alemania y adoptó la nacionalidad argentina. Es autora de libros y documentales. www.gabyweber.com
