El sistema informático del Poder Judicial de la Nación, el Lex 100,a través del cual trabajan todos los juzgados, cámaras y tribunales del país, estuvo caído durante todo el día de hoy. La falta de servicio no sólo paralizó el funcionamiento judicial sino que también dejó al descubierto una serie de fuertes cruces y señalamientos entre los distintos organismos judiciales.
Apenas conocido el inconveniente, la Corte Suprema publicó un comunicado en el que remitía las consultas sobre el tema al Consejo de la Magistratura, de quien depende la administración del Poder Judicial, y poco después, con un nuevo comunicado, apuntó directamente al organismo.
El Consejo hizo un hizo su descargo y explicó que se estaba trabajando para revertir el tema, en tanto que la Unión de Trabajadores Judiciales y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sacaron sendos comunicados sobre el tema. A raíz de un pedido de este último, la Corte declaró el día inhabil.
“El problema surge de la desinversión en la actualización de la infraestructura informática, por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, circunstancia que se ha comunicado reiteradamente a las autoridades del Consejo de la Magistratura, sin solución efectiva al día de la fecha”, sostuvo el comunicado de la Comisión Nacional de Gestión de la Corte. En tanto que la UEJN cuestionó el hardware, que “debió ser reemplazado hace 10 años por el Consejo de la Magistratura”, sostuvieron. Jorge Rizzo, presidente del Colegio, fue el primero en pedir que se declare inhabil el día, algo que fue otorgado por la Corte.
Las fallas se produjeron en el Data Center, del Consejo, un sector que fue objeto de allanamientos en el marco de la causa que investiga la posible manipulación de los sorteos de causas judiciales, que operan con el sistema caído hoy, conocido como Lex 100. El expediente es investigado desde 2016 por la juez María Servini, tras una denuncia de Elisa Carrió. Ese mismo año, tras recibir los resultados del peritaje sobre el sistema, Servini alertó a las autoridades del Consejo sobre las deficiencias del Lex 100. A eso se sumó el dictamen negativo de la Auditoría General de la Nación (AGN), en diciembre del año pasado.
Entre las falencias detectadas por el primer informe se mencionaba: la carencia de protocolos de administración de los usuarios, que no existía documentación relativa al modelo de datos, arquitectura del sistema, código fuente y carpetas operativas que permitieran conocer el sistema. “El sistema de gestión Lex 100 no es un sistema automático y eficiente, es un sistema en gran parte de carga manual de datos, que no cumple requerimientos de los usuarios y que por sobre todas las cosas no efectúa no efectúa auditorías que tienen que ver con las modificaciones del sistema en general, no hay registros de la modificación de parámetros y de modificación de código fuente como más importante”, se señalaba en uno de los puntos.
“No hay resguardo de todas las versiones del sistema y a contrario de lo que debe hacerse, el personal de la Dirección General de Tecnológica (DGT) que se encuentra desarrollando en la actualidad no sabe a ciencia cierta sobre que versión trabaja”, constaba en otro.
