Por primera vez se abordarán en juicio los delitos contra las personas secuestradas en los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía bonaerense y en la Comisaría 8va de La PLata. El primero de ellos se activó desde primeras horas del golpe de Estado. En la comisaría se preparaba a libertad de prisioneros y prisioneras que estaban desaparecidas.
Son dieciocho los acusados por el funcionamiento de dos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTYE) y los crímenes perpetrados contra 299 víctimas durante la época del terrorismo de Estado. El juicio comenzó hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata.
Los centros clandestinos de detención funcionaron en las instalaciones de los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía bonaerense en La Plata, situados en edificios ubicados en la intersección de las avenidas 1 y 60, y en la Comisaría 8va de esa ciudad, en la esquina de 7 y 74.
Infantería y Caballería
En los cuerpos policiales ubicados en 1 y 60 de la capital bonaerense, se activaron las actividades de detención clandestina desde el momento en que las Fuerzas Armadas tomaron el poder en la madrugada del 24 de marzo de 1976.
Los sobrevivientes de esos centros de detención, tortura y desaparición contaron que las víctimas fueron confinadas en galpones. Allí fueron a parar, en su mayoría, trabajadores y delegados sindicales de empresas de la zona.
En la exDirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (DIPBA) fueron encontrados documentos sobre las víctimas labrados por el personal policial. Ante esto, la Sala III de la Cámara Federal platense describió: "Las fichas confeccionadas, que en algunos casos incluían las huellas del detenido, permitían determinar fehacientemente su identidad y sus antecedentes -particularmente, aquellos vinculados con su actuación política y gremial-. A su vez, por medio de interrogatorios -efectuados en forma de declaración espontánea- los responsables del cautiverio ahondaban en la formación de la víctima, en su actividad gremial y política dentro del lugar donde se desempeñaba laboralmente y, especialmente, buscaban identificar a otras personas que cumplieran con el perfil que había delineado la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional".
La Comisaría octava
En la comisaría octava de La Plata, llegaban detenidos de centros clandestinos de detención y allí se los “blanqueaba” y se los ponía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional para remitirlas a unidades penitenciarias o liberarlas.
“En ese contexto los detenidos eran anotados en los libros de la Comisaría que también eran usados para anotar a detenidos comunes que estaban a disposición de jueces en el marco de causas judiciales", señaló la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio que contabilizó 106 casos de personas que pasaron por allí.
Desaparecidos y sobrevivientes
La mayoría de las personas secuestradas que pasaron por los dos centros clandestinos de detención sobrevivieron, pero fueron desaparecidos Ana Teresa Diego, María del Rosario Portela, Gladis Mabel Amuchástegui, Mario Salerno, Jesús María Plaza y Edgardo José Cardinali, Elena Arce, Nora Formiga y Margarita Delgado, Jorge Caravelos, Lucía Mirta Swica, Hector Baratti, Humberto Fraccaroli, Eduardo Bonin y Ramón Cascallares.
El debate judicial y los acusados
El juicio está a cargo de la jueza subrogante Karina Mabel Yabor (presidenta) y los también subrogantes Andrés Fabián Basso y Ricardo Basílico (con la actuación como cuarta magistrada o jueza sustituta de Silvina Mayorga). Esta instancia es el resultado de la acumulación de cuatro causas: dos correspondientes a los hechos de 1 y 60 y otros dos a los de la seccional 8va. Se trata de investigaciones que tramitaron por separado en la fase de instrucción y cuya acumulación en la fase de juicio fue propiciada por la Unidad Fiscal Federal de La Plata que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad y conexos.
Los acusados son ocho exmilitares del Regimiento de Infantería 7 y tres del Destacamento de Inteligencia 101, un exintegrante de la Policía Federal, cuatro expolicías bonaerenses y dos civiles.
Por el Regimiento 7, los exoficiales de Inteligencia Jorge Alberto Crinigan y Luis Gustavo Diedrichs, los exoficiales de Operaciones Ismael Ramón Verón y Lucio Carlos Ramírez, elexjefe de la Compañía A Lucas Marcelo Castro, los exoficiales de Personal Enrique Francisco Welsh y Rubén Vicente Sánchez y el exoficial de Logística Enrique Armando Cicciari; el excabo primero de la Policía Federal Carlos Hugo Leguizamón; los expolicías bonaerenses Claudio Rubén Mejías, Tomás D’ottavio y Raúl Ricardo Monzón, quienes se desempeñaron como oficiales en las instalaciones de 1 y 60, y Juan Antonio Vidal, exjefe del denominado Grupo Cóndor.
También son juzgados los exoficiales del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale y los civiles Carlos Ernesto Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y el abogado Jaime Lamont Smart, quien fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el momento de los hechos.
Quince de los dieciocho acusados están detenidos en prisión domiciliaria y tres están privados de su libertad en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal: Sánchez, Di Pasquale y Castillo.
Las audiencias se realizarán los jueves mediante un sistema semipresencial. Cada parte elegirá la modalidad que desea adoptar, que será presencial o telemática, a través de la plataforma Zoom. El juicio se desarrolla en la sala de audiencias del primer piso de los tribunales federales de La Plata, situados en 8 y 50, y es transmitido por los canales de Youtube del Poder Judicial de la Nación, de La Retaguardia y de la Comisión Provincial por la Memoria.
Un juicio que llega 40 años después
La cantidad de testigos ofrecidos por las partes y admitidos por el tribunal es de 374, pero de ellos al menos 100 habrían fallecido y resta aún saber si entre las personas restantes hay alguna que no se encuentre en condiciones de declarar.
En cuanto a los imputados la cantidad de fallecidos es elevada: Héctor Reynaldo Amuchástegui, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Anselmo Pedro Palavezzati, Roberto Arturo Gigli, José Luis Benítez, José Clemente Forastiero, Adalberto Oscar Rincón, Alberto José Pulvermacher, Raúl Guillermo Pascual Muñoz, Carlos del Señor Hialgo Garzón y Rubén Rodolfo Sabich. Además, se ha suspendido el proceso respecto de Miguel Ángel Amigo, Oscar Antonio Gómez Mígenes y Juan Rafael Pochelú por incapacidad sobreviniente.
