La Justicia permitió a la población penitenciaria de 69 prisiones en tres provincias del país a usar teléfonos celulares en el contexto de las medidas transitorias establecidas a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. La medida alcanza a 57 centros penitenciarios de la provincia de Buenos Aires, 11 de la jurisdicción de Mendoza y también a una prisión de de Chubut.
Diversos magistrados de estos tres distritos habilitaron el empleo de los móviles para que los presos continúen vinculados a sus familias, ya que están suspendidas las visitas y salidas transitorias. Al tanto de esta situación, la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires extendió esta iniciativa a todas las cárceles bajo su jurisdicción.
Para evitar "una situación de ostracismo que en el marco de la actual pandemia importa un sufrimiento incompatible con el trato humanitario reclamado por la normativa constitucional, es mi opinión que resulta prudente autorizar el uso de telefonía celular a los fines del mantenimiento de los vínculos familiares de los internos", afirmó el juez de Casación Víctor Violini.
La Cámara de Casación bonaerense observó que los teléfonos públicos o semipúblicos están situados generalmente en lugares comunes o de mucho tránsito y también sostuvo que los teléfonos pueden servir para hacer clases de manera virtual.
Los tribunales argentinos intentan así descomprimir la tensión que se detectó en varias cárceles del país en los últimos días, donde se viven episodios de crisis por el hacinamiento de los presos y se acumulan los pedidos de excarcelaciones y prisiones domiciliarias, los cuales fueron rechazados.
En la provincia de Santa Fe una serie de protestas en dos penales de este distrito llevó al asesinato de cinco presos la semana pasada.
