La Corte Suprema de Justicia dispuso por unanimidad este martes 28 de septiembre que la Obra Social del Poder Judicial de la Nación ahora dependa de la Secretaría General de Administración, a cargo de Daniel Marchi.
Mediante la acordada N°19/2021, los jueces detallaron que “para un mejor cumplimiento de los propósitos, misiones y finalidades de la Obra Social, resulta conveniente modificar el artículo 1° del Estatuto a fin de establecer que actuará en la órbita de Secretaría General de Administración de esta Corte”.
Este organismo, señalaron en el escrito, “podrá requerir toda la información complementaria que estime necesaria y formular directamente las observaciones y recomendaciones que estime convenientes, orientadas al proceso de mejora continua en la gestión de las funciones a su cargo”.
Allanan la Obra Social del Poder Judicial por una denuncia de malversación de fondos
Los integrantes del Directorio, expresó la acordada que lleva las firmas de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, serán “personalmente responsables por los actos que suscriban y realicen como por sus consecuencias” y la Obra Social “elevará mensualmente a la mencionada Secretaría los informes de las decisiones que adopte, de la gestión administrativa, de los servicios de cobertura médico asistencial y social, y del estado económico financiero de la misma”.
Según se conoce, Marchi, quien ya tiene a su cargo la administración de la caja del Máximo Tribunal, es un hombre de confianza de Ricardo Lorenzetti, y de ahora en más sumará el control administrativo de la la obra social del Poder Judicial.
Horacio Rosatti es el nuevo presidente de la Corte Suprema
La decisión se conoció un día después de que la Policía Federal allanara la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a raíz de una denuncia por presunta malversación de fondos sobre el presidente de dicho servicio médico, Aldo Tonón.
Se trata de una denuncia contra uno de los hombres que responde al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, lo que generó un fuerte revuelo interno en el mundo judicial.
Bajo el Expediente 5666/2021, el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Capuchetti están al frente de la investigación sobre una presunta malversación de fondos en esa obra social.
El portal Nexofin, que fue el que reveló la semana pasada el caso, consignó que se investiga un presunto sistema de "afiliados VIP" que acceden a tratamientos que no deberían ser cubiertos, además de un listado de personas que goza de la obra social sin corresponderse.
