El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, rechazó este sábado 14 de noviembre las críticas a la nueva fórmula jubilatoria dispuesta por el Gobierno e insistió en que "los jubilados van a seguir el ritmo de incremento de los haberes que tengan los trabajadores activos", al tiempo que ratificó que el Gobierno extenderá la prohibición de despidos y la vigencia de la doble indemnización mientras se mantengan "situaciones complicadas en la Argentina".
"Van a continuar las medidas extraordinarias", dijo el funcionario en declaraciones a CNN Radio, asegurando que con el proyecto de movilidad jubilatoria impulsada por el oficialismo, que contempla un aumento semestral mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), el sector pasivo "tendrá los mismos incrementos que los trabajadores activos"
"La jubilación es un sustituto de ingreso de la etapa activa, con lo cual lo más justo, lo más razonable y lo más adecuado es que evolucione al mismo ritmo", conjeturó Moroni, en las antípodas de la posición de Eugenio Semino, director de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteño, quien el viernes había anticipado que "vamos a judicializar esto, porque es un nuevo abuso y maltrato al adulto mayor en la Argentina".
"Ninguna fórmula funciona en el vacío", dijo Moroni, "todo funciona dentro de un marco de política económica, y el marco de la política económica de este Gobierno es que el ingreso de los trabajadores crezca" dijo Moroni a CNN Radio.
"Si bien estamos entrando a una etapa importante de recuperación de la actividad económica, consignamos que no hemos salido plenamente todavía, por lo cual mantenemos las medidas contra despidos y la doble indemnización", agregó el funcionario nacional. De ese modo, Moroni precisó que "la extensión de la prohibición de despidos seguirá hasta fines de febrero".
"El día que veamos que la situación no requiere medidas extraordinarias, volveremos a la legislación normal argentina", sostuvo Moroni.
La doble indemnización había sido implementada por el Gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2019 poco después de su asunción, por 180 días, y se prorrogó con la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
En tanto, la prohibición suspensiones sin causa fue motivada por la cuarentena, en marzo pasado. En principio, se puso en marcha por 60 días y luego fue extendida, mientras que, según lo estipulado, vencían a finales de noviembre.
En septiembre pasado había sido la última vez que la administración de Alberto Fernández había prorrogado mediante un DNU la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. El sector empresarial ya manifestó críticas a esas iniciativas, al argumentar que ello promueve un crecimiento de la informalidad laboral.
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