lunes 02 de agosto de 2021
ACTUALIDAD PRESOS POLÍTICOS
21-06-2021 18:45

Qué pasa en Nicaragua y por qué repudian al gobierno de Daniel Ortega

Desde el inicio de junio ya son 17 los opositores detenidos, entre ellos 5 precandidatos presidenciales para las elecciones de noviembre. Según una ONG de DD.HH. son 124 los presos políticos desde 2018.

21-06-2021 18:45

En Nicaragua, gobernada ininterrumpidamente desde 2007 por el presidente Daniel Ortega, hay 5 precandidatos presidenciales detenidos en lo que va de junio. Las elecciones son en noviembre y el primer mandatario busca continuar en el poder. Además hay otros 12 opositores arrestados recientemente y, según una ONG, son más de 120 los políticos encarcelados desde 2018.

El último detenido de la lista fue el aspirante presidencial del Partido de Renovación Democrática, el periodista Miguel Mora. El comunicador fue arrestado en su casa durante la noche del domingo por "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares". En mayo el tribunal electoral le quitó a este partido la personalidad jurídica imposibilitando su participación en las elecciones.

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La redada policial contra opositores tuvo su inicio el 2 de junio con el arresto de Cristiana Chamorro Barrios, otra aspirante al mayor cargo del país. Es acusada de lavado de dinero a través de una fundación que lleva el nombre de su madre (la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro). De acuerdo con los sondeos, ella era la candidata con mayor popularidad y la potencial competidora de Ortega.

A cinco meses de las elecciones generales, incluyendo a Mora y Chamorro, son 17 los opositores detenidos en junio; entre ellos otros tres pre candidatos presidenciales (Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García). Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también fueron “arrestados y criminalizados” una serie de líderes " políticos y personas defensoras de Derechos Humanos", de grupos sociales y periodistas.

Daniel Ortega 20200316

Sobre los opositores arrestados en el último mes, el gobierno de Ortega afirmó la semana pasada que son “usurpadores” que no representan a la “verdadera oposición” y fueron financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente.

Contrariamente, la CIDH " urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente", señaló en un comunicado. El organismo también denuncia el "empleo desproporcionado de la fuerza" por parte de los agentes que han realizado las detenciones y la irrupción en sus domicilios "sin mediar orden judicial".

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Por otro lado, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua cuantifica, desde abril de 2018, en 124 los presos políticos que han sido detenidos y permanecen encarcelados en Nicaragua. La ONG integrada por organizaciones de DDHH y familiares de personas presas indica que en “el listado solamente se incluyen a personas presas políticas de quienes se ha obtenido autorización de sus familiares para su publicación”, según informó Europa Press.

Desde el inicio de las protestas sociales en el país centroamericano, que estallaron contra las reformas al sistema sanitario del país propuestas por el Gobierno, se ha denunciado una represión por parte de la Administración. Esta persecución se ha intensificado en las últimas semanas, ante la inminente celebración de elecciones.

el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto a la vicepresidenta, Rosario Murillo 20210603

Daniel Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.

Ortega es acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos, 2 mil heridos, y 100 mil emigrados a otros países, según la CIDH.

mf / ds