A casi dos años de la reforma constitucional en Jujuy, Amnistía Internacional presentó un informe que documenta una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado provincial durante numerosas movilizaciones sociales en 2023. Los hallazgos en la investigación dan cuenta del el uso ilegítimo de la fuerza, detenciones arbitrarias, la completa ausencia de rendición de cuentas y las secuelas de las victimas.
El 20 de junio de 2023, la Legislatura de Jujuy aprobó una reforma constitucional de forma exprés y sin consulta previa con los pueblos indígenas, en abierta contradicción con los estándares internacionales. La iniciativa fue impulsada por el entonces gobernador Gerardo Morales y se realizó a puertas cerradas, sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado. Si bien el gobernador de la manifestó que se habían realizado consultas a “más de 150 comunidades”, en diversas entrevistas realizadas por Amnistía Internacional las comunidades manifestaron no haber sido convocadas a proceso alguno
El proceso de reforma constitucional se llevó a cabo durante los meses de mayo y junio de 2023 a partir de un proyecto de ley de reforma presentado nueve meses antes por el Poder Ejecutivo provincial. Dicho proceso, generó un amplio rechazo social que desembocó en manifestaciones sociales en toda la provincia, con una gran participación de comunidades indígenas, organizaciones sociales y ciudadanos autoconvocados.
En el informe "Callar no es una opción: Jujuy entre la represión y la impunidad", Amnistía Internacional denuncia que la respuesta estatal no fue el diálogo ni la apertura democrática, sino una estrategia sistemática de represión y criminalización de la protesta.
"Nadie se acercó a las comunidades para contarnos sobre la reforma”, señaló “Clara”, residente en la localidad de Abra Pampa. “Paula”, quien forma parte de la comunidad de Cangrejillos relató que la reforma fue aprobada “bajo las balas”. Según ella, el texto de la nueva constitución solo fue conocido el mismo día en que se aprobó.
El informe de Amnistía Internacional registró 99 detenciones arbitrarias, muchas de ellas sin orden judicial y con uso excesivo de la fuerza, incluyendo golpes y tratos crueles, inhumanos y degradantes. En esta línea, 86 personas fueron imputadas penalmente y siguen siendo investigadas, entre otras, bajo figuras delictivas que carecen de claridad legal y suelen utilizarse para criminalizar la protesta, como “resistencia a la autoridad”, “entorpecimiento del tránsito” y “sedición”.
Además, el informe detalla el uso ilegítimo, arbitrario y excesivo de la fuerza policial con el fin de desalentar la protesta e intimidar a quienes ejercían legítimamente su derecho a manifestarse. En particular, la organización documentó el uso ilegítimo de gases lacrimógenos y de balas de goma, incluyendo el disparo de proyectiles de impacto múltiple (prohibidos por estándares internacionales). También se registró el empleo de armas no regularizadas, como resorteras, piedras, y látigos, muchas veces por funcionarios sin identificación infiltrados entre los manifestantes.
Esta respuesta dejó a cientos de personas heridas, algunas con lesiones graves permanentes. Durante los días más álgidos de violencia estatal, se registraron al menos 170 personas heridas, entre ellas al menos diez con impactos en la zona ocular o facial, tres de las cuales perdieron la visión.
“Lucas” un joven residente de Purmamarca, que tenía 17 años cuando fue víctima de la represión en las protestas en Purmamarca el 17 de junio. Según el joven, “el 17 de junio subí al cerro a ver qué pasaba, como había gases bajé del del cerro y bajando sentí un disparo de bala de goma en la espalda. Tenía tanta bronca que le dije a los policías que me disparen y un policía me disparó al ojo”, “Lucas” dice que no le quedaron heridas porque “se curó bien”. Sin embargo, después de dispararle al rostro, la policía lo detuvo: “Me arrastraron agarrándome desde el cuello hasta que me tiraron a una camioneta. Les dije que era menor de edad, pero no les importó”.
Uno de los más emblemáticos es el de Joel Paredes, un músico de Humahuaca que perdió el ojo derecho tras recibir el impacto de una bala de goma durante una protesta pacífica. La investigación judicial ha tenido casi nulos avances.
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Amnistía también documentó una grave falta de atención médica durante y después de las represiones. Las ambulancias no alcanzaban para asistir a los heridos, muchos debieron llegar por sus propios medios a hospitales donde, según testimonios, incluso fueron discriminados o directamente negados a ser atendidos por profesionales en centros de salud de la provincia.
Santos Manfredi, vecino de Tilcara, se dedica al turismo y a la cría de llamas. También estuvo participando de la protesta del 17 de junio en Purmamarca en contra de la reforma constitucional. Relató que antes de las cuatro de la tarde, “el clima era de fiesta” y que las personas se manifestaban con música y baile. “A las 15:55 horas pasamos de estar copleando y bailando a la represión”. Santos relató que llegaron alrededor de 500 miembros de infantería al corte de Purmamarca y que los agentes de seguridad comenzaron a correr a la gente para dispersar la protesta, comentó que avanzaban aún contra mujeres y niños y niñas.
Santos intentó ayudar a una mujer, pero fue agredido por un bastón policial en el brazo, que le generó un desgarro muscular y que luego, se agachó y recibió alrededor de diez disparos de balas de goma por todo el cuerpo; uno de los disparos le alcanzó el ojo derecho. Santos se acercó a la ambulancia del SAME donde recibió primeros auxilios básicos, pero había muchas personas heridas esperando ser asistidas. Santos logró llegar a un hospital San Salvador de Jujuy con la ayuda de un compañero; allí fue operado del ojo derecho, pero por el desprendimiento de retina, la visión del ojo derecho quedó permanentemente comprometida.
Además de los casos de Joel Paredes, Santos Manfredi y “Lucas” entrevistados por Amnistía Internacional, otros dos se hicieron notorios: el de Mijael Liam Lamas, joven de 17 años que perdió totalmente la visión de un ojo como consecuencia de un disparo de bala de goma; el de una mujer de 33 años, que recibió un disparo de bala de goma en el párpado, que le había provocado una lesión del párpado y, en consecuencia, tuvo afectada la visión.
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Asimismo, Amnistía Internacional entrevistó a “Mercedes“, profesora de arte que estuvo en la manifestación del 17 de junio en Purmamarca. y refirió que cuando la policía comenzó a disparar, sus compañeros usaban sus guitarras como escudos mientras ella intentaba protegerse con un cuaderno. Según “Mercedes”, uno de sus compañeros recibió cinco disparos de bala de goma en la cara, pero que “afortunadamente” no fueron profundos y que se habría “curado bien”
Estos hechos pertenecen a un contexto de exclusión estructural de los pueblos indígenas, históricamente marginados en Jujuy, la provincia con mayor proporción de población originaria en Argentina, y que fue especialmente impactada por la reforma constitucional.
Impunidad y ausencia total de rendición de cuentas
Una de las principales denuncias del informe es la total ausencia de investigación y sanción sobre el accionar policial. A casi dos años de los hechos, ningún funcionario ni agente de seguridad fue sancionado. Mientras tanto, al menos 86 personas continúan imputadas penalmente por haber participado en las protestas.
Amnistía subraya que se trata de un caso de impunidad sistemática, en el cual el Estado no solo incumplió su deber de garantizar derechos, sino que actuó para castigar a quienes reclamaban por ellos. “Es un reflejo de la estrategia estatal de silenciar a quienes se atreven a reclamar sus derechos”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional exige al gobierno provincial:
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La revisión de la reforma constitucional con procesos de consulta adecuados.
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La garantía plena del derecho a la protesta pacífica.
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La prohibición del uso de armas no reglamentadas por parte de las fuerzas de seguridad.
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La investigación penal inmediata de los hechos represivos y la reparación integral a las víctimas.
Además, solicita que se derogue el uso del Código Contravencional para castigar manifestantes y que se ponga fin a la doble persecución penal y administrativa sobre los mismos hechos.
RM/ff
