Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina SE (RTA), habló sobre la indemnización al periodista Orlando Barone, quien le inició juicio a la TV Pública por considerarse despedido del programa 6,7,8 en 2016, y reveló que intimaron a la productora Pensado Para Televisión (PPT) para que les devuelva el dinero.
Días atrás, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor del periodista y determinó que la TV Pública le debía pagar una indemnización de 15 millones de pesos a Barone, quien trabajó en el programa entre 2009 y 2015.
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Lufrano explicó que, pese a ser producido por PPT, la productora de Diego Gvirtz que pertenece al Grupo Indalo (de Cristóbal López y Fabián de Sousa) el contrato de trabajo establece que como ambos se beneficiaban del programa –la productora y el canal– hay un “principio de solidaridad” por el que resultaron condenadas ambas partes.
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"Si bien el trabajador elige a quien cobrarle, en este caso lo hace contra el que considera más solvente, nosotros ya intimamos a la productora para que devuelva el dinero. Y si no lo devuelve vamos a iniciar acciones legales contra Pensado Para Televisión", aseguró Lufrano en diálogo con Reynaldo Sietecase por Radio con Vos.
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En ese contexto, también desmintió las versiones que circularon, en las que se acusaba a la TV Pública de perjudicar al Estado por no apelar a la causa:“ Se dijeron barbaridades, como que la empresa no apeló por una cuestión ideológica. Se apeló, se fue hasta la Cámara, pero ese es un fallo firme”, detalló.
“Estamos condenados, por ende estamos obligados a cumplir la sentencia. Ya se intimó a la productora para que devuelva el dinero, si no, iniciaremos acciones legales”, reiteró Lufrano más adelante.
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Por otro lado, en diálogo con Víctor Hugo Morales por AM750, la presidenta de RTA dijo que "nadie puede impedir que un trabajador haga un juicio contra su empleador", y consideró que “hay mucha ignorancia y mentira” en el tratamiento del tema.
En ese sentido, recalcó que si bien Barone estaba contratado por la productora PPT, que a su vez vendía el producto 678 a RTA, la condena recayó sobre ambas empresas, y explicó que si el fallo se apelaba ante la Corte Suprema, como pedían dirigentes de la oposición, la resolución hubiera demorado más tiempo y también aumentarían los costos que el Estado le debe pagar al trabajador.
AG / ED
