En el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades de la compra de vacunas de AstraZeneca, esta tarde el fiscal Guillermo Marijuán dispuso el allanamiento del Ministerio de Salud en busca de los mails entre empresarios y funcionarios para indagar acerca de la demora en la entrega de las vacunas y si existió un perjuicio para el Estado argentino.
Este 24 de junio la Policía allanó las sedes de Astrazeneca y el Ministerio de Salud por orden del fiscal Guillermo Marijuán a fin de conocer los detalles las negociaciones entre el gobierno nacional y las autoridades del laboratorio. En este sentido, y luego de haber obtenido la autorización del juez Julián Ercolini, el fiscal avanzó con el operativo para secuestrar los mails y las computadoras que podrían aportar información acerca del proceso de compra y entrega de las vacunas.
Los allanamientos fueron posibles tras un fallo de la Cámara Federal compuesta por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que anuló lo resuelto por el juez Julián Ercolini, quien había considerado que no eran necesarios dado que el fiscal Marijuán contaba con otras alternativas para conseguir la información requerida.
Segunda dosis | Rusia explicó cuando llegarán más vacunas a la Argentina
En sus dictámenes Marijuán habló de “la gravedad de los hechos denunciados y por los cuales se habría visto perjudicado patrimonialmente el Estado y como consecuencia de ello, demorado el proceso de vacunación dirigido a los habitantes y aumentando el riesgo de propagación de la pandemia en el territorio nacional”.
A su vez, el fiscal insistió en la necesidad del allanamiento para “contar con cualquier tipo de constancia que dé cuenta también de las comunicaciones atinentes a la entrega de dosis que se mantuvieran con posterioridad a la celebración del contrato y hasta la actualidad”.
De esta manera, el juez Ercolini hizo lugar este jueves al operativo solicitado por el fiscal Marijuán en la sede del laboratorio AstraZeneca y el Ministerio de Salud, y dispuso el secreto de sumario de la causa en la que ya declararon la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero.
Cómo avanza la vacunación contra el Covid-19 provincia por provincia
La causa
La sospecha de la Justicia es que el Estado argentino pagó casi 54 millones de dólares por la entrega de 22,4 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus prometidas para el primer semestre de 2021 y no ha sido enviada ninguna.
Por ahora y más allá que la denuncia original implicaba al presidente Alberto Fernández y a la ministra, la hipótesis de la investigación es que el Estado Nacional fue víctima de un acuerdo que no fue cumplido por el laboratorio.
El pasado mayo, Vizzoti dijo que "el laboratorio AstraZeneca admitió que el retraso con Argentina en la entrega de vacunas es debido a una demora en la producción y a las dificultades para acceder a insumos críticos necesarios en dicho proceso productivo". En ese sentido, afirmó que los problemas en la entrega no son exclusivas de "AstraZeneca" y el "caso Argentino" sino que es algo que se da en varios países del mundo.
