La ONG internacional Sinergia Animal y la Asociación de Defensa del Consumidor (ACUCC) impulsan un proyecto de ley que promueva el etiquetado con información básica sobre el origen de los huevos en la Argentina.
Las entidades lanzaron la página web www.etiquetadodehuevosya.com, las personas pueden informarse y escribirles a los legisladores para que traten y aprueben el proyecto “que dará más visibilidad a todos sobre el origen de los productos que consumen”. Además, han lanzado una petición en Change.
Ley de etiquetado: ¿Qué cambiará para el consumidor?
“El objetivo es distinguir los huevos que provienen de jaulas, galpones, o camperos, proporcionando información clara para orientar a los consumidores y dar transparencia a la forma en que se trata a las gallinas en la industria del huevo a nivel nacional”, explica Romina Viscarret, vocera de Sinergia Animal, una organización que trabaja para poner fin a las peores prácticas de la industria animal y promover elecciones alimentarias más compasivas.
El proyecto fue presentado en marzo por el Diputado José Luis Ramón y se encuentra a la espera de su tratamiento.
Según las organizaciones, las jaulas en batería convencionales equivalen al 90% de la producción nacional de huevos en Argentina, país que tiene 45 millones de gallinas ponedoras y produce unos 436 huevos por segundo.
Segín las entidades, “en estos sistemas las gallinas son hacinadas en jaulas diminutas, a razón de entre 7 y 12 individuos, donde no podrán caminar, moverse, estirar sus alas completamente, ni realizar muchos de los hábitos naturales de la especie”.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "se estima que la Salmonella spp. no tifoidea causa 93,8 millones de casos de gastroenteritis aguda y 155.000 de muertes a nivel global por año, aproximadamente el 85% de las cuales se estima que son transmitidas por los alimentos".
Ejemplo europeo
Para satisfacer la demanda de los consumidores, la Unión Europea ha adoptado un amplio sistema de etiquetado sobre bienestar animal, que define a los diferentes métodos de producción, como el que se está proponiendo en Argentina, argumentan las entidades.
“El acceso a la información clara y precisa es un derecho del consumidor que todo Estado debe garantizar. En este caso, puede haber impactos directos para la salud de las personas, y también aspectos éticos que deben ser considerados. Buscamos que este proyecto ayude a las personas a comprender lo que están comprando, con qué productos están alimentando a sus familias y qué prácticas de la industria están fomentando o dejando de apoyar”, afirma Viscarret.
LM
