El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) dio a conocer los alcances del proyecto de ley firmado por el presidente Alberto Fernández para la creación de un “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”.
El proyecto que se enviará al Congreso contempla una serie de beneficios para las nuevas inversiones de todo tipo de producción agropecuaria, agroindustrial y forestal de las 24 cadenas de valor del país presentes en todas las provincias.
En la presentación del proyecto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, propuso que la ley se la denomine "de fomento agrobioindustrial". Para Domínguez, la ley "tiene la virtud e haberse discutido en el Consejo Económico y Social. Implica un impulso a la industrialización incrementando el valor agregado en origen, con tecnologías de última generación".
Según el ministro de Agricultura, "la cadena se comprometió a generar empleo decente, con el compromiso de generar 700 mil puestos directos e indirectos para el 2030. Otros objetivos son exportar 100 mil millones de dólares y 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosos y legumbres. También aspiramos a promover nuevas inversiones con valor agregado en origen".
Podrán participar productores, cooperativas, formas asociativas, emprendedores, empresas de base tecnológicas. Se plantean beneficios
Para el CAA, “estas cadenas ratifican el carácter federal del proyecto de ley de inversiones y empleo del Consejo Agroindustrial Argentino, así como su condición inclusiva, ya que beneficia a pymes, medianas y grandes empresas y productores; es sustentable porque promueve el cuidado del ambiente, y exportadora porque apunta a incrementar las ventas de productos argentinos al exterior con agregado de valor”.
El aporte de dólares del campo a la economía argentina marca un nuevo récord.
“Este proyecto de ley es la comprobación de las capacidades colectivas de todas las entidades y cámaras que han trabajado y aportado así como la búsqueda de consensos con el gobierno nacional”, sostuvieron desde el CAA. Y adelantaron que “ahora trabajaremos con el Congreso de la Nación para promulgar la Ley que tuvo previamente apoyo de las principales fuerzas políticas”.
Beneficios para las nuevas inversiones
- Amortización acelerada en tres años -actualmente es en diez años- o acorde al tipo de inversión en cada sector del agro (por ejemplo, en la olivicultura es de 40 años).
- Para inversiones en construcciones -excluida viviendas- y de infraestructura, establece que la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas será la que surja de considerar su vida útil, reducida al 50% de la estimada.
- También, prevé la devolución de IVA para inversiones en el plazo de un año, cuando actualmente eso se realiza en cuatro años.
- Los interesados en acceder a los beneficios impositivos dispondrán de una "ventanilla única digital", mientras que los controles posteriores verificarán el cumplimiento considerando indicadores tales como volumen de ventas, volumen de producción física, volumen de exportaciones físicas, cantidad de personal ocupado o inversiones realizadas.
- Para actividades agroindustriales que tengan IVA diferentes, se podrán computar los débitos fiscales generados por tales operaciones: esto beneficiará al sector de carne porcina, entre otros.
- Los productores ganaderos, ante la valuación de hacienda vacuna a los fines del impuesto a las Ganancias, podrán optar por valuar sus existencias al momento de la venta y no durante el tiempo de engorde. En ese sentido, la norma abarca a la hacienda cuyo peso promedio sea igual o superior a los 400 kilogramos vivo o que esos animales presenten un rendimiento en playa de faena de 225 kilogramos res con hueso en gancho.
- Dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias durante los años de engorde y lo harán cuando los productores vendan los novillos: esto aumentaría la cantidad de carne para consumo en más de 60 mil toneladas anuales, según estimaciones del Consejo Agroindustrial.
- Para incrementar la productividad de la ganadería vacuna, el proyecto prevé beneficios promocionales que alcanzarán a los ganaderos que obtengan, con respecto al promedio de los tres últimos ejercicios fiscales, aumentos en los porcentajes de destetes de terneros logrados o aumento del peso promedio de los animales enviados a faena.
- Se propone incrementar el uso de semilla fiscalizada de especies autógamas de producción nacional y estimular la producción sustentable empleando fertilizantes e insumos, incluyendo los biológicos. En este punto, se estableció un certificado de crédito fiscal intransferible, hasta el 50% de los gastos y erogaciones deducibles del Impuesto a las Ganancias correspondientes a adquisiciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos y fertilizantes e insumos biológicos, semillas autógamas, forrajeras y hortícolas, debidamente identificadas y fiscalizadas.
- Ese certificado podrá ser utilizado por el término de 24 meses desde su emisión para la cancelación del Impuesto a las Ganancias o de sus respectivos anticipos y/o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, y no podrá dar lugar a saldos a favor ni a reintegros o devoluciones por parte del Estado Nacional. Este plazo podrá prorrogarse por 12 meses, por causas justificadas según lo establecido por la Autoridad de Aplicación. Fuente: NA.
Escepticismo de la Mesa de Enlace
La Mesa de Enlace se manifestó a favor del “avance en proyectos legislativos que generen previsibilidad en el largo plazo para un sector económico que trabaja con ciclos naturales que no se pueden alterar y sufre los cambios de políticas públicas continuamente, además de las conductas que imponen los consumidores argentinos y las reglas del comercio mundial”.
Sin embargo, las cuatro entidades gremiales del campo (Coninagro, CRA, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina) advirtieron que el proyecto de ley “no es más que un aporte menor de ideas elevadas al Poder Ejecutivo para que se transformen en ley destacando que, son solamente medidas de fomento e incentivos para ciertas actividades que dependen de muchas pautas de cumplimiento y de presupuestos que no está establecido ni quien las regulará”.
“Coincidimos en que debemos lograr una ley de contenido mucho más amplio donde queden claras las premisas fiscales de reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación para todas las actividades agroindustriales y economías regionales”, afirmó la Mesa de Enlace.
LM
