Juez ordena a EE.UU. facilitar el regreso de venezolanos deportados por Trump

Un juez dictaminó que el gobierno del presidente Donald Trump debe gestionar el regreso de un grupo de presuntos miembros de una banda venezolana deportados a una cárcel de El Salvador.

El juez federal de distrito James Boasberg determinó que unos 137 hombres enviados en marzo al centro de detención CECOT merecen regresar a Estados Unidos para impugnar ante los tribunales cómo fueron designados para su expulsión sin el debido proceso bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Boasberg dijo que el gobierno debe “facilitar” su regreso y presentar un plan en un plazo de dos semanas.

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Boasberg declaró el lunes que los hombres “no deberían haber sido deportados de la manera en que lo fueron, con prácticamente ningún aviso y sin oportunidad de impugnar las bases de su deportación, en clara contravención de sus derechos al debido proceso”. Aunque los hombres fueron enviados posteriormente a Venezuela, señaló que el tribunal seguía teniendo jurisdicción sobre ellos.

Como resultado, EE.UU. debe “deshacer los efectos de su expulsión ilegal facilitando una oportunidad significativa para impugnar su designación” como enemigos extranjeros bajo una ley utilizada previamente solo en tiempos de guerra, y la validez de la proclamación de Trump que invoca ese estatuto, dictaminó Boasberg.

Boasberg se ha enfrentado repetidamente con la administración de Trump desde que ordenó sin éxito el regreso de aviones que transportaban a presuntos miembros de bandas a la prisión el 15 de marzo. Los aviones siguieron adelante de todos modos, y la Corte Suprema de EE.UU. ratificó su fallo de que los detenidos debieron haber recibido aviso y la oportunidad de presentar su caso ante un juez antes de ser deportados.

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El juez también investigó si la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros incurrieron en desacato al tribunal por las deportaciones de venezolanos. Pero la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de DC suspendió temporalmente las audiencias programadas para comenzar el 15 de diciembre, después de que EE.UU. argumentara que no tiene autoridad constitucional para avanzar y obligar a declarar a abogados actuales y anteriores del gobierno. El panel indicó que aún está revisando el caso.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

GZ