Para un economista la ley de inocencia fiscal busca "generar las divisas que faltan”

La ley de inocencia fiscal reabrió la discusión sobre cómo incorporar al circuito formal los dólares que permanecen fuera del sistema y qué señales deja el Estado frente al cumplimiento tributario. En una entrevista con Canal E, el economista Federico Vaccarezza planteó una mirada ambivalente.

“Una medida que se toma de esta magnitud, en cierta medida, es positiva, es bien recibida por el mercado, pero, por otro lado, termina penalizando a aquellos que cumplieron con todas las reglamentaciones previas”, sostuvo. En su análisis, el punto sensible es el precedente: “Cumplir o no cumplir, qué es lo que conviene, en gran medida”, resumió, al describir el dilema que puede instalarse cuando se habilitan mecanismos de regularización amplios.

Blanqueo versus ley: previsibilidad más amplia, pero con dudas sobre quién entra y quién queda afuera

Uno de los ejes de la conversación fue la comparación con un blanqueo tradicional. Vaccarezza explicó que la diferencia central es el marco: un blanqueo suele tener una ventana temporal acotada, mientras que una ley le da al mecanismo un paraguas más estable. “La diferencia entre un blanqueo es la temporalidad en cambio, una ley genera un nivel de estabilidad muchísimo más grande”, afirmó. También señaló que ese marco legal reduce la posibilidad de reclamos posteriores, porque quien se acoge queda amparado por la norma.

Sin embargo, advirtió que esa mayor estabilidad también abre interrogantes. “Los plazos quedan establecidos de manera muchísimo más amplia, lo que todavía genera cierto interrogante”, planteó, y enumeró las preguntas que aparecen en el terreno: “¿Quiénes son los que entran? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿A quiénes llega esta ley?”.

En ese punto, puso ejemplos concretos vinculados a monotributistas y topes. Señaló que se habla de un beneficio que abarcaría hasta 100 millones de pesos, pero recordó que la categoría más alta del monotributo tiene un tope de facturación cercano a 94 millones. Y marcó un detalle clave: para algunos perfiles, adherir podría implicar cambios de encuadre fiscal. “Hay que tener cuidado porque ya tendrías que clasificar para declarar ganancias”, advirtió.

Frente a la incertidumbre operativa, Vaccarezza recomendó prudencia: “Yo lo que recomiendo es que se espera la reglamentación para tener una mirada un poco más clara”. Y explicó por qué la ley fija el marco general, pero la reglamentación define el “cómo”, los procedimientos y los criterios finos que después aplican los organismos.

ARCA, controles y el concepto de “culpables”: límites a la fiscalización y un cambio de enfoque

Durante la entrevista se discutió una cuestión que aparece en el discurso público: la idea de que se perseguirá al “culpable” en un esquema que presume inocencia. Vaccarezza respondió que el cambio más nítido está en el margen de acción del organismo recaudador. “La ley acota  la capacidad que tiene el ARCA para poder iniciar expedientes o investigaciones de evasión fiscal”, afirmó. Según explicó, antes existía una potestad más amplia para presumir irregularidades e iniciar pesquisas, mientras que ahora esa posibilidad queda más restringida.

Esa modificación, sostuvo, reconfigura la relación entre contribuyente y Estado: disminuye el riesgo de que se activen investigaciones por fondos no depositados o no exteriorizados, y ofrece un marco de mayor protección para quienes decidan entrar. Aun así, insistió en que lo más importante estará en la letra chica y en la forma en que se aplique.

También dejó una lectura política de fondo: si bien la norma puede ordenar parte del circuito y reducir fricciones, su existencia impacta sobre la percepción de equidad tributaria, porque convive con la sensación de que el cumplidor no recibe el mismo reconocimiento que el incumplidor que regulariza.

El trasfondo económico: dólares que faltan, vencimientos cercanos y el intento de repetir el efecto 2024

Más allá del debate fiscal, Vaccarezza fue directo al describir el objetivo macroeconómico que, en su visión, empuja la ley. “Esto tiene un trasfondo económico muchísimo más grande”, afirmó, y lo vinculó con la necesidad de divisas. Recordó que el blanqueo de 2024 habría dejado un ingreso adicional de dólares que ayudó a la actividad entre mediados de 2024 y comienzos de 2025. En esa línea, interpretó que el Gobierno busca repetir ese efecto “en un esquema de escasez de divisas”.

El argumento que planteó es que se aproxima un período exigente de pagos y que la economía necesita reforzar su disponibilidad de dólares. Habló de vencimientos por alrededor de 5.000 millones de dólares en el corto plazo y mencionó que faltaría cubrir un tramo adicional. Por eso, describió la estrategia oficial como un intento de “poner sobre la mesa todas las opciones posibles”, porque el superávit fiscal, por sí solo, no garantizaría los dólares necesarios para afrontar obligaciones.

En ese marco, Vaccarezza insistió en la idea de que el mecanismo se parece a un blanqueo, pero con un diferencial importante: la cobertura jurídica y de previsibilidad que brinda el marco legal. “El fondo tiene que ver en cómo generamos las divisas que nos están faltando todavía para la economía en un año de fuertes vencimientos de deuda”, concluyó.