ESCÁNDALO EN ANDIS

La supuesta asociación ilícita que complica a Spagnuolo y Calvete, analizada en "QR!"

El juez Sebastián Casanello dio por acreditada la existencia de una organización criminal dentro y fuera de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hay 19 personas procesadas, maniobras con sobreprecios, dinero en efectivo y presuntos sobornos que no se condicen con los ingresos declarados.

Diego Spagnuolo (NA)

La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue analizada en "QR!", emitido por Canal E, luego de que sumara un giro clave tras el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular del organismo, señalado por la Justicia como uno de los jefes de una asociación ilícita que habría operado para direccionar contrataciones millonarias vinculadas a medicamentos y prestaciones de alto costo.

Según la resolución firmada por el juez federal Sebastián Casanello, existió una estructura organizada integrada por funcionarios públicos y actores privados con roles definidos. El fallo sostiene que al menos cuatro personas ocuparon posiciones de liderazgo, entre ellas Spagnuolo y Daniel Garbellini, exresponsable del área de Acceso a la Salud, donde se tramitaban compulsas de precios y adjudicaciones.

El esquema también habría contado con la participación de Miguel Ángel Calvete, empresario y lobista, y de Pablo Achavagian, exfuncionario durante el macrismo, se explicó en el programa conducido por Pablo Caruso. De acuerdo con la investigación, Calvete y Achavagian operaban desde afuera del organismo, pero cumplían un rol central en la maniobra.

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En total, el expediente alcanza a 19 personas procesadas, incluidos colaboradores cercanos a Calvete. Entre ellas figuran su pareja Guadalupe Muñoz, su hija Ornella Calvete, y una secretaria administrativa. Durante los allanamientos, en el domicilio de Ornela Calvete se encontraron casi 700 mil dólares, más de 20 millones de pesos y euros en efectivo, ocultos en cajones, un hallazgo que el juez consideró incompatible con las explicaciones brindadas.

Según detallaron en "QR!", la resolución judicial también describe el funcionamiento de las compulsas de precios “acotadas”, realizadas siempre entre un grupo reducido de droguerías. En ese contexto, Propharma aparece como la principal beneficiaria y la firma con mayores sobreprecios, aunque formalmente figuraba a nombre de terceros. Para la Justicia, Calvete controlaba la empresa mediante prestanombres y utilizaba distintos alias en sus comunicaciones.

El fallo señala además la participación de personas externas al Estado con acceso a los sistemas oficiales, lo que habría permitido manipular precios y adjudicaciones. Casanello concluyó que las maniobras tenían como objetivo enriquecer a funcionarios y empresarios, afectando directamente el acceso a prestaciones esenciales para personas con discapacidad que no cuentan con cobertura médica.

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En el caso de Spagnuolo, el juez dio por acreditados pagos indebidos y gastos injustificados, entre ellos solicitudes de dinero en efectivo y consumos en dólares en su vivienda de un barrio cerrado de Pilar, montos que no se corresponden con su salario como funcionario público.

Antes de dejar la causa —ya que finaliza su subrogancia—, Casanello advirtió sobre la existencia de “otro nivel de complicidades” que deberá ser investigado por el juez que resulte sorteado. También dejó abiertas nuevas líneas de indagación por posibles maniobras de lavado de activos y la participación de funcionarios de segunda línea, mencionaron en programa que se emite de 21 a 23 por Canal E. 

 

LB