Los dispositivos de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, empresa vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y de su madre, presidenta de la compañía, ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo análisis de la Policía Federal. A través de allanamientos previos en la sede de la AFA, en clubes como Banfield y Argentinos Juniors, y en la financiera, se detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020, operaciones que involucraban monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma.
A partir de fuentes judiciales, los investigadores ahora revisan minuciosamente los contenidos de los celulares para determinar si contienen pruebas que confirmen las sospechas. “Ahora hay que analizar lo que hay, si es que hay algo”, explicó un miembro del equipo judicial, con cautela sobre los resultados preliminares.
De hecho, el análisis de los dispositivos forma parte de un trabajo más amplio ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. El caso involucra a distintas áreas especializadas de la Justicia: la Policía Federal, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la fiscal federal Cecilia Incardona.
Todos ellos revisan de manera conjunta toda la documentación y los elementos secuestrados en los allanamientos, que incluyen registros contables, transferencias electrónicas y comunicaciones internas de la empresa.
La denuncia inicial fue presentada en noviembre por la DGI ante la fiscal Incardona, que investiga maniobras que habrían evadido $3.327 millones en impuestos y utilizado billeteras virtuales y criptomonedas para blanquear fondos. Sur Finanzas habría otorgado préstamos inflados a clubes con problemas económicos, como San Lorenzo, con el presunto objetivo de lavar dinero. La investigación también alcanza a empresas constructoras vinculadas al fútbol, como Construcciones TAR, que habrían participado en las operaciones sospechosas.
Así, como parte de las medidas judiciales, se congelaron todas las cuentas de la empresa y se levantó el secreto fiscal, bancario y bursátil de los involucrados. Sumado a eso, se allanaron sedes de la AFA, la Superliga y 18 clubes de fútbol que mantuvieron relación con Sur Finanzas, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Platense, Argentinos Juniors y Temperley. Los allanamientos buscaban rastrear documentación, movimientos financieros, correos electrónicos y pruebas de los supuestos préstamos inflados y transferencias irregulares.
Dicha causa también incluye otros celulares, como los secuestrados a la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, y a dos choferes y portavalores, Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Fueron detenidos la semana pasada en un depósito de la localidad de Turdera, donde trasladaban documentación y computadoras de la empresa. Sánchez aseguró en su declaración escrita: “La única respuesta que tengo a todo lo sucedido es que me encontraba abocada a no perder mi puesto de trabajo y a que la empresa continuara funcionando. Nunca quise ocultar o destruir pruebas”.
Hasta el momento, la investigación avanza con peritajes telefónicos, intervención de la UIF y nuevos allanamientos. Aunque Claudio “Chiqui” Tapia no está imputado directamente, su vínculo con Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, mantiene la atención sobre la AFA y genera un fuerte impacto mediático en el fútbol argentino. La causa promete nuevas revelaciones sobre cómo operaban estas maniobras financieras y su alcance dentro del deporte profesional.
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