Agostina y la crónica de una red ausente

La desaparición y muerte de Agostina Vega no interpela solamente a la Justicia. Interpela, sobre todo, al modelo de búsqueda y protección que una sociedad construye antes de que el expediente penal llegue tarde a ordenar lo que ya ocurrió. Córdoba no carece de ley: La Ley 10.654 obliga a recibir denuncias y activar la búsqueda inmediata. Su mensaje es claro: esperar no es prudencia, es incumplimiento.

Pero la ley puede encender el motor institucional; pero no crea la red capaz de detectar, cuidar y comunicar en la ventana crítica. La pregunta incómoda es si pudimos haber tenido a alguien entrenado para ver antes, escuchar antes y reportar antes. Ese es el punto ciego.

Córdoba tiene órganos de protección de niñez, una SENAF con competencias específicas en niñez, adolescencia y familia, y una Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuya misión institucional es garantizar derechos frente a instituciones públicas y privadas. Pero el problema no es la existencia formal de organismos, sino la ausencia de una red viva, capilar y entrenada que conecte escuela, transporte, comercios, comunidad, familia, protección administrativa, policía y justicia. Dicho de otro modo: tenemos institucionalidad de derechos, pero no siempre tenemos eficacia colectiva institucionalizada.

Allí aparece la tesis de fondo: hay un desplazamiento persistente de la responsabilidad política y de la responsabilidad cívica hacia la expectativa de eficacia de las áreas con potencia coercitiva. Le pedimos al fiscal —órgano persecutorio, garantista, lento por diseño— que resuelva lo que debió prevenir una red de guardianes que nunca construimos; y cuando no hace magia, lo señalamos. El problema no es que el fiscal llegue tarde: es que pusimos al fiscal a hacer el trabajo que nunca le dimos a la comunidad.

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Los dos datos bisagra del caso muestran esa fragilidad. Uno vino del remisero; otro, de las compañeras de escuela. El remisero no actuó porque existiera un protocolo de transporte que le dijera qué observar, cómo registrar, a quién llamar o cuándo reportar una situación atípica con una menor de noche. Actuó porque recordó, dudó, sintió y finalmente habló. Las compañeras no formaban parte de una cultura escolar donde los pares sepan que ciertos mensajes —“me voy”, “me escapo”, “voy a darle una sorpresa”, “me encuentro con un adulto”— pueden activar un canal protegido de alerta. Había información social, pero no había sistema. Había sensibilidad, pero no procedimiento. Había ciudadanía, pero no red.

El contraste con el Reino Unido ayuda a pensar sin idealizar. Allí, cada escuela debe tener un Designated Safeguarding Lead, una figura con autoridad para liderar la protección infantil, reunir información, orientar al personal, compartir datos relevantes con servicios sociales y coordinar con otras agencias. La guía oficial inglesa parte de una idea simple y poderosa: ningún adulto tiene por sí solo el cuadro completo de la vida de un niño; por eso todos los que trabajan con él deben identificar preocupaciones, compartir información y actuar temprano. El DSL no es fiscal, no es policía y no investiga delitos. Es memoria protectiva organizada dentro de la escuela.

En el transporte británico ocurre algo parecido. Transport for London desarrolló capacitación específica en safeguarding awareness para taxistas, conductores privados y licenciatarios, justamente porque esos trabajadores están en una posición privilegiada para advertir señales tempranas de abuso, explotación o riesgo. La lógica no es vigilar a cada menor que sube a un auto; eso sería un exceso incompatible con una sociedad libre. La lógica es otra: entrenar ojos, ordenar intuiciones y abrir canales. Un conductor no debe investigar, pero sí puede saber cuándo algo no cierra y cómo reportarlo.

Ese es el aprendizaje que nos deja Agostina. No se trata de afirmar que un modelo británico la hubiera salvado. Prometer eso sería demagogia. Se trata de algo más serio: en un sistema maduro, la prevención no depende de la compasión tardía de un remisero ni del miedo silencioso de una compañera. La prevención democrática transforma a esos actores en guardianes capacitados, con canales claros y respaldo institucional. No controla más: cuida mejor. Pero desnuda nuestra peor falta, la de un centro de coordinación que mantenga abiertos los canales de información en el que convergen todos los datos críticos del desaparecido, ante el primer indicador de riesgo y que se activa por un taxista, por la escuela, o por un club.

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Argentina —y Córdoba en particular— subinvierte en eficacia colectiva institucionalizada y sobreinvierte en respuesta penal coercitiva. Creamos leyes, reclamamos fiscales, exigimos allanamientos, drones, antenas, rastrillajes y detenciones. Todo eso es necesario cuando el caso ya estalló. Pero antes del expediente hay una zona muda: la escuela que escucha, el transporte que observa, la compañera que teme, el comerciante que ve, el vecino que duda, la familia que no sabe a quién llamar. Esa zona no puede quedar librada al azar moral.

La Ley 10.654 ordena buscar sin demora. La SENAF y la Defensoría expresan una institucionalidad de derechos. La Fiscalía investiga delitos. La Policía busca, preserva y ejecuta medidas. Pero entre todos esos actores falta todavía una red preventiva estandarizada, entrenada y visible para la ciudadanía. Una red que no reemplace al Estado penal, sino que lo preceda y lo alimente con información temprana.

Una niña no se cuida desde un expediente. Pretender que un sumario prevenga lo que una comunidad no supo advertir nos hará seguir pagando un precio altísimo. La prevención democrática exige comunidad organizada, redes sólidas de cooperación, capacitación obligatoria y canales simples para transformar una sospecha razonable en una alerta útil. Cuando esas redes no existen, la sociedad hace lo único que le queda: mira a la Fiscalía, exige milagros y descubre demasiado tarde que el expediente penal no puede sustituir aquello que la responsabilidad ciudadana y los gobiernos no convirtieron antes en política pública.

(*) El autor es Director de las Diplomaturas en Seguridad Ciudadana y de Ciencias Forenses e Investigación Criminal  de la Universidad Blas Pascal.