"Cacería de Uber" en Córdoba: qué puede y qué no puede hacer la Municipalidad según la ley

“Una evasión de esta magnitud, que pone en riesgo a otras personas, no puede justificarse”. Con esa frase, el secretario de Gobierno de Córdoba, Rodrigo Fernández, defendió el operativo que terminó con la persecución de un Volkswagen Suran luego de que el conductor escapara de un control de transporte. Pero, ¿hasta dónde puede llegar el Estado para controlar a un conductor de una aplicación?

El video del procedimiento se viralizó en redes sociales como una supuesta “cacería de Uber”. La Municipalidad sostuvo que las imágenes mostraban solamente una parte del episodio y explicó que el vehículo había evadido previamente un control en la Terminal de Ómnibus de Córdoba. El municipio, además, aclaró que no pudo determinar si el conductor trabajaba para Uber ni qué aplicación utilizaba.

Qué dice la ley sobre estos controles

Para Exequiel Vergara, abogado y director de la Asociación de Consumidores, Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (ADCOIN), la discusión no pasa solamente por si el conductor debía detenerse o presentar documentación. También hay que analizar qué recursos puede utilizar el Estado y hasta dónde puede llegar un operativo de control.

Vergara aclaró que no puede determinar si el procedimiento fue legal sin conocer el caso concreto y que esa definición corresponde a la Justicia. Pero sí cuestionó la decisión de utilizar fuerzas de seguridad en este tipo de situaciones.

“Me parece un despropósito total que los agentes de la municipalidad, que son los que normalmente intervienen ambos en coalición, intervengan para este tipo de situaciones. Se está perdiendo completamente el norte de lo que corresponde hacer a tanto a la municipalidad como a la provincia como esta cuestión de manejo de la policía de seguridad”, sostuvo.

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El planteo de Vergara parte de un derecho que muchas veces queda fuera de la discusión: el de los pasajeros a elegir cómo trasladarse. El especialista vinculó esa libertad con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece la protección de los intereses económicos de los consumidores y sus derechos en las relaciones de consumo.

“La Municipalidd no debería estar perdiendo esos recursos en perseguir a gente que está trabajando y que está trabajando a solicitud de un mercado de consumidores que claramente considera que las plataformas, ya sea Uber o las otras, Didi, Cabify, etcétera, cualquiera plataforma que use el usuario y que la elija, claramente está dentro de lo que el artículo 42 define como la libertad de elegir por parte de los consumidores”, aseguro.

Para Vergara, que una actividad esté regulada no significa que el Estado pueda impedirla. “Lo que deberían hacer el Estado, en este caso provincia y municipalidad, es proteger esos intereses económicos de los consumidores y no perseguir una actividad que ya nuestro Tribunal Superior de Justicia se expidió en el sentido de que es una actividad legal, pero que requiere cierta regulación”.

El abogado hizo una distinción clave: si un conductor incumple la normativa, el Estado puede controlarlo y sancionarlo. Lo que cuestiona es que ese control adopte características propias de una persecución.

“De ahí a que no se cumple esa regulación, por supuesto, se pueden arbitrar mecanismos de control y eso es algo que el derecho de consumidor está muy bien porque para eso está el Estado, para controlar, para regular, pero no para llevarlo a una instancia donde pareciera que es un delito penal una situación de mercado normal y requerida por los consumidores”.

En ese marco, Vergara incluso planteó interrogantes sobre el objetivo de los operativos, aunque aclaró que no puede atribuir una finalidad determinada al caso concreto. “Sinceramente, desde mi perspectiva, pareciera más una necesidad recaudatoria por parte de la municipalidad o que responde a lobbies probablemente del sector de los taxistas o del sector de remises, etcétera, que una genuina voluntad de proteger los intereses de los consumidores”.

Qué puede hacer un conductor ante un operativo

“Lo básico para una situación así es que el conductor registre esta situación, ya sea con su celular, a través de una cámara, pidiendo los datos de la gente, pidiendo todas las pruebas para después, previa consulta con un profesional”. La documentación, explicó, puede ser fundamental para analizar un eventual reclamo contra el municipio o la provincia.

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También señaló que existe un derecho básico que debe ser contemplado: el derecho a trabajar. “Por supuesto, como derecho básico, el conductor tiene derecho a trabajar y a estar en el mercado sin ser obstruido por la fuerza de seguridad”.

¿Escapar de un control habilita una persecución?

La Municipalidad justificó el procedimiento al señalar que el conductor había evadido un control previo. En este punto, Vergara fue menos ambiguo: si una autoridad ordena detenerse, el ciudadano debe acatar. “Sabemos, porque así funciona en un Estado de derecho, que el ciudadano tiene la obligación de acatar las órdenes de un agente de la fuerza de seguridad”.

“El hecho de darse la fuga cuando es requerido por una persona de seguridad, evidentemente va en contra de la normativa legal, de la normativa específica de convivencia y además es una conducta antisocial que no la recomendaría”, explicó.

Finalmente, aseguró que si "los consumidores eligen una determinada actividad, que el Estado no se interponga para tratar de bloquearla, puede regularla: puede controlarla, pero no debería tener como objetivo priorizar otros intereses de otros grupos económicos que a lo mejor no fueron elegidos por los propios consumidores”.