Cajeros en retirada: la UCR presiona por poner en debate el repliegue de Bancor en el interior

La discusión por el retiro de cajeros automáticos y el cierre de extensiones de mostrador del Banco de Córdoba se convirtió en un nuevo frente político en la Unicameral. La bancada de la UCR, encabezada por Matías Gvozdenovich, buscará forzar el debate en la sesión del jueves, aunque se enfrenta al murallón oficialista.

La ofensiva opositora se apoya en una batería de proyectos de resolución y pedidos de informes que apuntan de lleno al Ejecutivo provincial por el repliegue de Bancor en el interior del interior. Hay antecedentes del 2024 impulsados por Ariela Szpanin y se suman nuevos planteos ingresados al inicio del año legislativo por el propio Gvozdenovich, Alfredo Nigro, Alejandra Ferrero (UCR), Oscar Agost Carreño (PRO) y Walter Gispert (Frente Cívico).

Los opositores cuestionaron lo que definen como un “ajuste” de Bancor que, bajo el criterio de rentabilidad, avanza con el repliegue de cajeros en puntos estratégicos de la capital y en localidades del denominado “interior profundo”.

El radicalismo recogió el malestar de jefes comunales ante la exigencia de asumir el costo de mantenimiento de los cajeros si quieren evitar su retiro. Según expresaron legisladores departamentales como Nigro (General San Martín) y Mauricio Jaimes (Calamuchita), el gasto mensual supera los 1.700 dólares, una cifra que califican de “abusiva” para administraciones locales con presupuestos ajustados.

“La Provincia no puede trasladar a los municipios el costo de un servicio esencial”, remarcaron en la UCR, donde apuntan al Ejecutivo por lo que consideran una pérdida de capilaridad territorial del banco público.

En esa línea, Nigro pidió que el Gobierno intervenga para frenar el retiro de cajeros en localidades sin sucursales y, si la medida avanza, que sea la Provincia -y no los municipios- la que asuma los costos.

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Szpanin también alzó la voz en su demanda. “Desde 2024 venimos pidiendo que no retiren los cajeros automáticos tanto en capital como en el interior provincial”, recordó, y advirtió: “Esta medida está generando alarma por la pérdida de servicios esenciales”.

La radical enumeró casos concretos: la anulación de cajeros en la Terminal de Ómnibus y en el Hospital Córdoba en la Capital, además de situaciones en el interior. “Los bancos tienen que entender que no todos usan la App para hacer trámites. Ni que hablar en las localidades del interior, donde el Banco de Córdoba es la única entidad bancaria que existe”, subrayó.

Alcance territorial

El bloque radical insistió en que el problema no es aislado ni circunstancial. Aseguraron que el cierre de extensiones y el retiro de cajeros se repite en distintos puntos de la provincia y golpea especialmente a jubilados y pensionados, obligados a trasladarse varios kilómetros para retirar efectivo.

Tan sólo algunos casos de muestra como los de Obispo Trejo (Río Primero), Bialet Massé (Punilla), Las Varas (San Justo) y en determinados puntos de Córdoba Capital figuran en los proyectos opositores que se hacen eco de reclamos de los jefes comunales.

Gvozdenovich mencionó incluso el caso de la intendenta de Obispo Trejo, quien debió afrontar el costo de sostenimiento del cajero en su localidad “ante la presión del Banco, que se aprestaba a sacarlo”, se quejó. En su pedido de informes, el jefe de la bancada radical exige conocer la cantidad de “extensiones de mostrador” y los cajeros automáticos que cerrará o retirará Bancor, y su ubicación geográfica.

En su planteo, advirtió que la “proximidad” ha sido históricamente un factor clave del banco en toda la geografía cordobesa y que ese atributo “corre peligro ante decisiones que no han sido discutidas ni mucho menos consensuadas con los representantes de los habitantes ni con los clientes de los pueblos y ciudades alcanzados”.

Gispert, por su parte, sostuvo que “el ordenamiento del gasto público no puede traducirse en menos servicios para los cordobeses”. “Si hay que optimizar recursos, debe hacerse reduciendo gastos superfluos y no retirando herramientas fundamentales para la comunidad”, dijo el juecista.

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Rentabilidad y reconversión

Desde el oficialismo, por ahora, limitan la respuesta a las declaraciones públicas de la conducción del banco. En el peronismo sostienen que la posición política en el recinto dependerá de si la oposición logra instalar formalmente el debate, en un escenario donde el oficialismo tiene la mayoría.

Días atrás, Claudio Monetto, director comercial y de canales de Bancor, reconoció que la entidad está retirando cajeros y cerrando centros de pago en destinos con baja transaccionalidad y altos costos de mantenimiento. “Somos un banco comercial que compite en el sistema financiero y debe ser rentable”, afirmó, aunque recordó el carácter público de la institución.

Como alternativa, explicó que avanzan esquemas de cajeros coadministrados con municipios y alianzas con comercios y cooperativas para garantizar la extracción de efectivo. “No hay destinos que se vayan a quedar sin cajero”, aseguró, aunque admitió que el nuevo modelo exige un esfuerzo compartido y un proceso de diálogo con los gobiernos locales.

El trasfondo político

Detrás de la discusión sobre costos y transacciones se libra un debate más profundo: cuál debe ser el rol de un banco público provincial en tiempos de reconversión digital y ajuste fiscal.

Para la oposición, el Ejecutivo debe intervenir para evitar que el criterio de rentabilidad termine desdibujando la función social de Bancor en el interior. Para la conducción del banco, el desafío es adaptarse a una nueva realidad tecnológica sin comprometer la sustentabilidad económica.

En su movida, la UCR busca capitalizar el malestar territorial y colocar al oficialismo a la defensiva. El peronismo, en cambio, intenta blindar la gestión bajo el argumento de la eficiencia y la modernización.

En el medio, el “interior profundo” espera definiciones que exceden el debate de la rentabilidad y tocan, de lleno, la discusión sobre “la presencia del Estado” –la banca pública- en los pueblos de la provincia.