Causa Márquez y Asociados: detuvieron a dos contadores externos que asesoraron a la empresa

La investigación judicial por el presunto megafraude inmobiliario de Márquez y Asociados tiene dos nuevos detenidos. El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier ordenó la imputación y detención de los contadores externos de la organización, Gerardo Wenetz y Fabio Roberto Ferrari, integrantes del estudio “FW Contable”, quienes habrían participado desde los inicios como coorganizadores de las maniobras.

Según la imputación por presunta asociación ilícita, Wenetz y Ferrari brindaron asesoramiento profesional y respaldo técnico a los hermanos Márquez para dar apariencia de legalidad y regularidad al funcionamiento de la firma. 

En su rol de auditores externos, habrían ocultado durante una década el verdadero esquema de negocios, contribuyendo a simular el cumplimiento de las obligaciones legales, impositivas y contables de la empresa. Crearon sociedades paralelas para ocultar fondos provenientes de las estafas y desvíos de dinero, señala la investigación.

También habrían diagramado estrategias de evasión fiscal, facilitado la captación fraudulenta de capitales aprovechando regímenes de regularización impositiva —como el blanqueo de capitales— e indicado mecanismos para sacar parte del botín del país con apariencia de legalidad, ocultando estos movimientos incluso al juez de la quiebra.

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Confirmaron la prisión Preventiva al resto

En paralelo, este martes el juez de Control José Milton Peralta dictó una resolución confirmando la prisión preventiva para los siete imputados centrales de la causa: Juan Pablo Márquez, Ariel Hernán Márquez, Lucas Alberto Márquez, José Matías Márquez, Ramiro Gonzalo Nieva, Matías Germán Nieva y Matías Ariel Acevedo.

Al fundamentar la medida, el magistrado ratificó la existencia de una asociación ilícita, rechazando la tesis defensiva de una simple empresa lícita en crisis. Señaló que Márquez y Asociados operó como una pantalla para captar víctimas mediante engaño. Además, descartó la figura de delito continuado y afirmó que cada una de las más de 3.500 denuncias constituye un hecho independiente, con renovación del dolo.

Peralta también validó la estructura jerárquica de la organización: Juan Pablo y Ariel Márquez como jefes superiores y el resto como jefes intermedios y organizadores, con funciones de mando, coordinación y control de vendedores, cobradores y empresas satélite.

Finalmente, el juez consideró acreditado un alto riesgo procesal, tanto por la capacidad económica y bienes en el exterior de los imputados —incluidos inmuebles en Panamá y un hotel en Miami— como por maniobras de entorpecimiento de la investigación, tales como borrado de mensajes, uso de comunicaciones efímeras y ocultamiento de servidores. A ello sumó el pronóstico de una pena efectiva, que eleva el riesgo de fuga.