Con los alegatos de las defensas, el juicio del Neonatal se encamina al veredicto

El histórico juicio por presuntos ataques a bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba en la Cámara 7a del Crimen ingresó a la etapa de definiciones. Los últimos en exponer sus conclusiones fueron los defensores de los 11 acusados, la enfermera Brenda Agüero y 10 funcionarios públicos de la institución y el Ministerio de Salud provincial.

En cuanto a directivos del hospital y la línea de decisión en la cartera sanitaria, afrontan la acusación de omisión de los deberes, encubrimiento y falsedad ideológica, según el caso.

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Los argumentos centrales de los abogados defensores fueron:

• Los funcionarios construyeron la línea de tiempo del universo de 13 casos, razón de este juicio. No se les puede achacar inacción porque aportaron su trabajo y la documentación. No encubrieron ni ocultaron
• Hasta el cuádruple evento de descompensaciones que sufrieron cuatro recién nacidos entre el 6 y 7 de junio del 2022, no imaginaron que los anteriores casos obedecieron a acciones criminales deliberadas. Ante los colapsos de los bebés buscaron -y no encontraron- causas médicas.
• Hubo un rechazo unánime de los defensores sobre la existencia de violencia institucional, tal como expuso la querella. Para desarmar esa petición de las madres, señalaron que por definición la figura requiere el uso de la fuerza del Estado y un plan sistemático. En el Neonatal no existió tal conducta, afirmaron.
• Otra constante fue el ataque a la acusación, sobre la cual sembraron dudas. 

En cada exposición, también hubo referencias concretas a cada funcionario. 

Jeremías Carot, defensor del exdirector de Legales del Ministerio Alejandro Gauto, por ejemplo, dijo que su asistido estaba enfermo y que el 7 de junio del 2022 no participó de la reunión que se hizo en el Ministerio donde la directora Liliana Asís informó oficialmente las descompensaciones inexplicables de bebés.

Pablo Pigini, defensor de la jefa de Enfermería Alicia Ariza, señaló que ella sólo cumplía tareas administrativas, sin contacto con bebés ni con madres.

Carlos Ríos, abogado de Claudia Ringelgheim, dijo que estuvo a cargo de la subdirección, sin tener nombramiento y que ella nunca pudo denunciar lo que desconocía. Participó tan solo en dos reuniones del Comité de Seguridad del Paciente en las que no se expusieron dudas sobre eventos criminales.

“No tenemos dudas de que Brenda Agüero asesinó a estos bebés” afirmaron en forma contundente los fiscales

Ezequiel Elettore, quien defiende a Adriana Moralez, aseguró que ella no tenía cargos jerárquicos ni siquiera una oficina para trabajar como coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente, organismo que se encargaba de controlar la correcta atención a las parturientas y sus hijos. Tampoco tenía poder de decisión.

Felipe Trucco y Federico Ferrer Vieyra, abogados de la exdirectora del hospital Liliana Asís, defendieron su rol y gestión señalando que hasta el 7 de junio no existió la posibilidad de una sospecha real de actos criminales o de la presencia de un “loquito suelto” en el nosocomio.

Los mismos letrados también pidieron la absolución de Marta Gómez Flores, exjefa del departamento de Neonatología en el Neonatal. 

Facundo Rodríguez de la Torre hizo la misma solicitud respecto a la médica María Luján.

Justiniano Martínez, defensor del exsecretario de Salud Pablo Carvajal, señaló que cumplió inmediatamente con su rol. Avisó al ministro apenas tomó conocimiento de inconsistencias en los casos de bebés descompensados. También atacó la inacción de la Fiscalía de Instrucción de turno que recibió las dos denuncias de bebés fallecidos el 6 y 7 de junio. También planteó sus dudas sobre la asignación a otro fiscal, Raúl Garzón, de la denuncia del ingeniero Luperi que abrió la investigación motivo de este juicio. 

La Fiscalía pidió prisión perpetua para Brenda Agüero, condena efectiva para la exdirectora Asís y condicional para el exministro Cardozo

Claudio Orosz, quien asiste al abogado Alejandro Escudero Salama, cuestionó la acusación por falta de pruebas. Dijo que era un funcionario administrativo y que en todo caso la fiscalía que recibió las dos denuncias de bebés muertos a comienzos de junio debió accionar. Agregó que el médico David Dib conoció los resultados toxicológicos luego de las autopsias.

Los últimos fueron los abogados Germán Matheu y Maximiliano García, defensores del exministro de Salud, Diego Cardozo. Sostuvieron que hizo lo que tenía que hacer: dio la orden de denunciar apenas tomó conocimiento de las inconsistencias que informó la directora del hospital, el 7 de junio. Hasta se elaboró un esqueleto de denuncia. Dijo que creyó que el allanamiento que se realizó un mes después obedeció a la presentación que él ordenó que se hiciera.

Desde el lunes 9 hasta el miércoles 11 de junio está previsto la "penúltima palabra" de las madres, víctimas de las muertes y lesiones de sus hijos; y luego la "última palabra" de los acusados. En los dos casos se dirigirán al jurado.

El miércoles 18 de junio el tribunal deliberará y comunicará su veredicto. Votarán ocho jurados legos y dos jueces técnicos. En caso de paridad, desempatará la presidenta de la Cámara, Patricia Soria.