EXPEDIENTE CALIENTE

Con un testimonio clave, medidas e incorporación de documental avanza la causa contra camaristas federales

José Cafferata Nores se sumó a Carlos Nayi y encabeza la estrategia defensiva. Abel Sánchez Torres presentó informes de su patrimonio. Fuerte pedido de los fiscales para “proteger” al testigo por el trato que recibió antes de ir a declarar.

ABEL SANCHEZ TORRES. El vocal de la Cámara de Córdoba declaró, presentó documentación patrimonial. Los fiscales pidieron al juez que garantice la protección de testigos. Foto: Cedoc Perfil

En los últimos días el expediente por presunto abuso de autoridad y lesiones graves contra el vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres, sumó elementos trascendentes: el camarista aportó documentación patrimonial, el jueves pasado declaró un testigo clave, la querella pidió medidas especiales y la fiscalía solicitó proteger al declarante por las presiones que relató haber padecido. Además, se sumó a la defensa de Carlos Nayi el equipo del reconocido penalista José Cafferata Nores, junto a Ivana Rossi, Maximiliano García y Manuel Calderón Meynier.

La investigación se abrió a partir de la denuncia penal de la secretaria del tribunal de Alzada, Celina Laje Anaya, formalizada en septiembre del año pasado. El fiscal general Maximiliano Hairabedián y el procurador Nicolás Turano imputaron a Sánchez Torres, a su pareja y también vocal de la Cámara, Graciela Montesi y al secretario Mario Olmedo fines de marzo último por los hechos denunciados, según cada caso. 

Tal como se dijo, la calificación aplicada al juez -el más comprometido en la investigación- es presunto abuso de autoridad y lesiones graves en perjuicio de la denunciante, en un contexto de violencia laboral y de género. Uno de los hechos que se le endilgan es haberla presionado para permutar su cargo con otro funcionario, Francisco Juárez Rouvier. Un enroque que afecte los haberes es inimaginable en tribunales federales. Fue justamente ese testigo quien declaró el jueves 30 de abril y aportó datos preocupantes. 

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“Si no cambia el voto me lo llevo puesto”

Ante el fiscal Hairabedián, el testigo describió un ambiente de "violencia moral" y maniobras para legitimar decisiones cuestionadas tras la denuncia de la secretaria Celina Laje Anaya.

Juárez Rouviere, quien trabajó como relator de la jueza Graciela Montesi y luego reemplazó a Laje en su cargo, no dudó en calificar a Sánchez Torres como una persona "muy autoritaria" cuyo trato diario es difícil de sobrellevar. Dijo que suele utilizar un tono de voz elevado, gritos e incluso golpes de puño sobre el escritorio para imponer su voluntad.

También recordó una amenaza directa de Sánchez Torres hacia él y otro colega durante una discusión por un voto: "Si (Eduardo) Ávalos -vocal de la Cámara Federal de Córdoba- no cambia el voto, me lo llevo puesto a Ávalos y te llevo puesto a vos". Además, relató situaciones en las que el juez increpaba a sus subalternos con expresiones como: "si te pido una foto de tu hermana en bolas, me traes una foto de tu hermana en bolas". Juárez llegó a considerar que no solo Laje, sino también otros funcionarios como Mario Olmedo y la propia vocal Montesi, han sido en algún punto "víctimas" del temperamento del magistrado.

Respecto a si la permuta fue realizada con total libertad por la denunciante Laje Anaya, el testigo confirmó que, aunque en las reuniones se insistía formalmente en que la decisión de Laje debía ser "libre", el clima era "forzado y urgente".

Reconoció que él mismo se sintió presionado: "Cuando firmé el certificado no me sentí libre", admitió el secretario con la percepción de que le estaba "robando el cargo" a Laje.

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Maniobras después de la denuncia

El testigo relató los intentos de Sánchez Torres por "dirigir el proceso" una vez que la causa judicial en su contra ya estaba en marcha. El hecho de que dos vocales de la Cámara fueran investigados -Sánchez Torres y Montesi- y los otros dos -Eduardo Ávalos y Liliana Navarro- son testigos, hizo que los incidentes y apelaciones deban ser resueltos por vocales de los tribunales orales convocados ad hoc.

El secretario relató que el juez le exigía ser "más claro" con otros magistrados, como con el vocal del TOF 3, Facundo Zapiola,  respecto a las resoluciones de la causa. 

También dijo haber recibido un llamado de Sánchez Torres el día antes de concurrir a prestar declaración.

Al finalizar el testimonio, Cafferata Nores mostró su disconformidad con el interrogatorio y las respuestas, señalando que no se aportaron elementos sustanciales que hacen al proceso, para probar las “lesiones graves” a la denunciante y que más bien se trató de una descripción de los defectos de su defendido.

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Protección al testigo

A partir de la fuerte exposición de Juárez Rouviere, el abogado Claudio Orosz pidió a la Fiscalía y al Juzgado adoptar medidas de protección. Los fiscales Hairabedián y Turano trasladaron también sus peticiones al juez interviniente, Alejandro Sánchez Freytes

Como Sánchez Torres goza de prerrogativas como juez, ante el posible riesgo procesal que se comenzó a evidenciar no puede ser detenido. A partir de esa premisa, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron al juez que ordene al vocal investigado que se abstenga de tomar contacto con el testigo, y que en caso de ser necesario por su función lo haga por escrito, o a través de otros magistrados.

También solicitaron que no adopte ninguna decisión que pueda afectarlo en su labor y que se informe de inmediato al Consejo de la Magistratura para que se pueda “garantizar la protección de los testigos de la causa y el normal desarrollo de este proceso”.

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La situación patrimonial

Por su parte el abogado Carlos Nayi, aclaró que en la indagatoria realizada el 17 de abril último, el vocal Sánchez Torres fijó una posición clara “sobre una denuncia infundada, falaz y donde las pruebas demostrarán la inocencia”.

En relación a un posible requerimiento sobre delitos tributarios, Nayi aclaró que no hay imputación al respecto y que Sánchez Torres presentó “de manera espontánea antes de cualquier requerimiento” abundante documentación, como certificación del origen de fondos, documentación técnica sobre el origen del patrimonio, sean inmuebles, vehículos automotor, declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto a los Bienes Personales,  las justificaciones de ingresos, “todo debidamente acreditado, lo que permite una correcta trazabilidad”.

Así señaló Nayi que el juez “es totalmente extraño con cualquier irregularidad” que se le pretenda endilgar.