El abogado Carlos Nayi negó rotundamente que existan elementos que sostengan una acusación contra los camaristas Abel Sánchez Torres, Graciela Montesi y el secretario de la Cámara Federal de Córdoba, Mario Olmedo.
Los tres fueron imputados la semana pasada por presunto abuso de autoridad y lesiones graves.
Las maniobras descriptas por los fiscales Nicolás Turano, quien integra la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián se basan en una presunta manipulación en la integración de las Salas A y B de la Cámara Federal, a raíz de las vacantes que hay en ambas, para resolver dos expedientes vinculados a la cerealera Bunge. También en un posible maltrato a una funcionaria de la Cámara. Y se sumó en las últimas horas un pedido para investigar la situación patrimonial de Sánchez Torres.
Nayi, defensor del vocal mencionado, Montesi y Olmedo, señaló que la cronología del tratamiento a las dos causas por delitos económicos y tributarios contra directivos de la cerealera Bunge “demuestran la inocencia” de sus asistidos.
Para sostener su postura detalló las siguientes fechas, con las respectivas intervenciones de los magistrados señalados:
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Años 2011, 2012 y 2013: Ocurren los hechos que motivan la investigación por presunta infracción penal tributaria agravada.
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19 de diciembre de 2019: El Juez de Río Cuarto dicta el primer auto de falta de mérito a favor de Raúl Padilla, de la empresa Bunge.
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14 de septiembre de 2020: El juez dicta un segundo auto de falta de mérito.
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22 de diciembre de 2020: La causa ingresa a la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba por apelación del Ministerio Público Fiscal.
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1 de junio de 2021: La Sala B integrada por Abel Sánchez Torres, Liliana Navarro y Luis Roberto Rueda ordena por unanimidad revocar la falta de mérito y profundizar la investigación.
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Año 2023: El juez Roque RebaK (ya jubilado) de Villa María vuelve a dictar un auto de falta de mérito de Plácido Humanes, Ceo de Bunge y realiza un reproche a la fiscalía por una investigación deficiente.
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21 de diciembre de 2023: Ante el estancamiento de la causa por cuatro años, el doctor Sánchez Torres dispone un "preferente despacho". En este contexto, se ordena integrar la sala con la doctora Montesi.
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16 de abril de 2024: Se registra una situación de desintegración en las salas de la Cámara debido a la gran cantidad de vacantes. En un lapso de 24 horas, tras advertirse un error el doctor Sánchez Torres dejó sin efecto dicha integración. Cabe aclarar que la vocal Montesi no llegó a emitir su voto.
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El 24 de julio de 2024 propicia la nulidad de la segunda falta de mérito (por falta de avances) y solicita el apartamiento del juez de grado por configurar un proceso circular, porque vuelve a girar sobre los mismos ejes sin producir avances ni definiciones en la causa.
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El 18 de septiembre de 2024 se inicia un incidente de falta de acción. Los involucrados se acogen a la Ley 27.743, abonan la deuda tributaria y terminan sobreseídos por el Juzgado de Villa María.
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Tras analizar esta secuencia, Nayi subrayó que no fueron estos los únicos expedientes donde se hicieron correcciones en las integraciones de las salas de la Cámara. Explicó que en numerosas ocasiones por las vacantes existentes o vacaciones de los vocales existía un desorden que ameritaba modificar las conformaciones del tribunal.
En relación a la acusación por lesiones graves y violencia laboral hacia la funcionaria Laje Anaya que promovieron los fiscales Turano y Hairabedián contra Sánchez Torres, Nayi afirmó: “No hay ninguna prueba pericial que vincule (al camarista) porque no han existido esos malos tratos a juicio de la defensa”.
“Una verdad media es una mentira encubierta en donde la idea de este defensor es expulsar distorsiones, especulación, todo lo que tiene que ver con construcciones cimentadas”, finalizó anticipando los ejes centrales por donde articulará la actividad defensiva.
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Por último indicó que no fue notificado sobre ninguna investigación sobre el incremento patrimonial de Abel Sánchez Torres.
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes aún no fijó fecha de indagatoria. Hay un cuarto imputado, el secretario Gustavo Flores, por presunto falso testimonio.
