Córdoba endurece el control de la calle: prohíbe limpiavidrios y prevé arrestos para naranjitas ilegales

La mayoría oficialista, con apoyo en general de la UCR —aunque los radicales durante la sesión de hoy buscarán introducir cambios en artículos en particular—, se apresta a sancionar la ley que prohíbe la actividad de limpiavidrios en la vía pública y deja en manos de los municipios la habilitación de cuidacoches, con arrestos para quienes operen sin permiso. Sin chances, la oposición liberal-mileísta insistirá en su reclamo de una prohibición total sin distinción entre legales e ilegales.

Con el dictamen de mayoría despachado por la comisión de Seguridad, que llegará al recinto este miércoles, la futura reforma del Código de Convivencia Provincial perfila un cambio fuerte en el control del espacio público: combina la prohibición de los limpiavidrios con un esquema de tolerancia regulada para los naranjitas, siempre bajo habilitación municipal, y endurece las sanciones para quienes operen por fuera del marco regulatorio.

En el corazón de la norma aparece una definición clave: los “naranjitas ilegales” pasarán a ser una contravención con posibilidad de detención. El proyecto establece arrestos de hasta seis días, además de multas o trabajo comunitario, para quienes cobren por cuidar autos sin autorización.

La sanción se agrava —incluso al doble— en situaciones sensibles, como eventos masivos, zonas de alta circulación, uso de menores o cuando hay organización detrás, lo que apunta directamente a desarticular esquemas informales más estructurados.

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Al mismo tiempo, la ley fija un criterio claro: la actividad deja de ser tolerada de hecho y pasa a depender exclusivamente de la habilitación de los municipios. Los opositores duros e incluso quienes no pondrán “palos en la rueda” en su sanción quieren ver cómo funcionará en la práctica cotidiana en la calle.

De esta manera, el texto que aprobará la mayoría del pleno “invita” a intendencias y comunas —algunos sostienen que debería ser una exigencia— a registrar y reportar al Ministerio de Seguridad quiénes son los naranjitas autorizados, a los efectos de facilitar su identificación y control, tanto por la autoridad de aplicación como por la ciudadanía.

Bajo la premisa de que cada jurisdicción define si permite o no cuidacoches en su ejido y bajo qué condiciones, los habilitados también podrán ser sancionados si cobran tarifas indebidas, trabajan fuera de zona o incumplen requisitos formales.

Mano dura

La futura norma establece la prohibición total de los limpiavidrios en la vía pública. La iniciativa penaliza directamente la limpieza —o el intento de limpiar— de parabrisas en semáforos o zonas de detención, con las mismas penas que los naranjitas ilegales. Por lo tanto, no hay margen de regulación: la actividad queda vedada en todos los casos, reforzando el argumento de seguridad vial y orden público.

En paralelo, se amplían las herramientas operativas: la Policía podrá actuar en el momento, secuestrar dinero u objetos utilizados y adoptar medidas preventivas, aunque la investigación seguirá en manos del Ministerio Público Fiscal. Los procedimientos, además, se aceleran con plazos abreviados —hasta 48 horas si hay detenidos—, lo que busca dar una respuesta más inmediata en la calle.

Inclusión sociolaboral

En el marco de esta ingeniería legislativa, el PJ incorporó —a pedido de propios, como Matías Chamorro, y de opositores de la UCR— un enfoque social. En este plano, la Provincia se compromete a acompañar a los municipios con programas de capacitación e inclusión laboral para quienes hoy realizan estas actividades, intentando equilibrar la política de “orden público” con una salida de reconversión.

En síntesis, la ley que se encamina a sanción establece un nuevo esquema: prohibición absoluta para limpiavidrios, habilitación selectiva y controlada para naranjitas, y sanciones más duras —con detención incluida— para quienes operan al margen del sistema. Un cambio que anticipa mayor intervención estatal en la calle y deja en manos de los municipios la decisión política sobre el futuro de la actividad de cuidacoches.

Por último, se dispuso que la ley comenzará a regir a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial, para dar tiempo al municipio capitalino y a las demás jurisdicciones locales de readecuar sus regulaciones a la normativa provincial.

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Voces

“Se prohíbe lo que no esté autorizado”, sintetizó el legislador Juan Manuel Llamosas (HUxC), al defender la iniciativa que, según explicó, busca “dar mayor tranquilidad a los vecinos” y reforzar el orden público. El eje del acuerdo pasa por eliminar zonas grises del Código de Convivencia, en particular el artículo que habilitaba el “pago voluntario” y evitaba sanciones a cuidacoches, un punto que reunió consenso mayoritario para su modificación.

Sobre esa base, uno de los proyectos que nutrió el dictamen fue el del legislador Oscar Agost Carreño (PRO), quien planteó una postura de máxima: “La prohibición de esas actividades por defecto”. En su esquema, los municipios solo podrían habilitar la actividad mediante ordenanza propia y en coordinación con la Policía, fijando requisitos y límites. “Necesitamos dejar atrás los grises para llevar claridad y tranquilidad a los cordobeses”, sostuvo el dirigente del PRO.

En su apoyo en general, aunque con reparos, el jefe del bloque, Matías Gvozdenovich, anticipó que pedirán cambios en artículos puntuales y puso el foco en el trasfondo social del fenómeno. “Tenemos 1.500 naranjitas ilegales. ¿Qué, los van a meter presos a todos?”, advirtió, al cuestionar una mirada exclusivamente punitiva e insistir en la necesidad de programas de reconversión laboral.

En la misma línea, pero con matices, Dante Rossi confirmó el respaldo en general de su espacio, aunque reclamará más tiempo para la entrada en vigencia —propone 45 días— para que los municipios puedan ajustar sus reglamentaciones. Además, rechazó la prohibición total de limpiavidrios. “Nos parece un exceso. Son una consecuencia de la crisis económica y, además, no van a poder controlar esa medida”, planteó.

El rechazo más duro llegó desde el halconismo opositor. El juecista Walter Nostrala confirmó el voto en contra del frente Cívico al sostener que la regulación de los cuidacoches es “una competencia exclusivamente municipal”. A su vez, al cuestionar la necesidad de la ley, sumó otro aspecto: “La Policía ya puede actuar. El problema es que no actúan”, disparó, vinculando el crecimiento de la actividad informal con la falta de control estatal y el deterioro de la seguridad. En ese marco, advirtió que no se puede responsabilizar a los naranjitas por la crisis de inseguridad.

Más confrontativo aún, Gregorio Hernández Maqueda leyó el escenario en clave política y electoral. Si bien celebró que avance la prohibición de limpiavidrios —en línea con su proyecto original—, cargó contra el oficialismo por mantener la figura de naranjitas habilitados y apuntó también contra sectores de la oposición (la UCR). “Es una gran estafa a la población”, lanzó, y remató con un mensaje hacia 2027: “Nosotros no nos corremos de nuestras convicciones”.

Con apoyos cerrados y parciales, críticas cruzadas y un trasfondo social que atraviesa el debate, la Unicameral se encamina a una sesión donde el oficialismo cuenta con una mayoría ampliada para sancionar una ley que ya se instaló en el centro de la disputa política por el control de la calle y la seguridad en Córdoba.