De Loredo redobla la apuesta: pide jury para los fiscales Garzón y Rodríguez y echar a Moreno

Las críticas y demandas de la oposición política a raíz del crimen de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo. El exdiputado nacional y referente de la UCR, Rodrigo de Loredo, se alineó con la avanzada lanzada por el senador nacional Luis Juez y anunció que promoverá el jury de enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, además de fogonear la expulsión del edil peronista Ricardo Moreno del Concejo Deliberante de Córdoba.

De este modo, la UCR que responde a De Loredo profundizó la presión sobre distintos actores de la justicia y el gobierno vinculados al caso que derivó en el hallazgo sin vida de la adolescente de 14 años, cuyos restos fueron encontrados el sábado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra tras una semana de intensa búsqueda.

“Vamos a impulsar el jury al fiscal Iván Rodríguez (que dejó en libertad a Claudio Barrelier) y al fiscal Raúl Garzón para que se investigue su proceder instructivo”, sostuvo De Loredo al adelantar la instrucción a sus brazos legislativos tanto en la Unicameral como en el Concejo Deliberante capitalino.

La embestida apunta a dos momentos distintos de la actuación judicial. Por un lado, a Rodríguez, quien intervino en una causa abierta en mayo de 2025 por privación ilegítima de la libertad en perjuicio de una joven y en la que Barrelier —hoy detenido e imputado en la causa de Agostina— recuperó la libertad luego de permanecer cerca de 20 días alojado en la cárcel de Bouwer. Por otro, a Garzón, fiscal que conduce la investigación por la desaparición y posterior homicidio de la adolescente de 14 años.

En la Unicameral

La posición de De Loredo fue replicada por el jefe del bloque de la UCR en la Unicameral, Matías Gvozdenovich, quien vinculó el caso con cuestionamientos más amplios al funcionamiento de las instituciones provinciales. También se sumó al reclamo su par de bloque, Mauricio Jaimes, titular de la comisión de promoción de los derechos de niños, adolescentes y familia de la Legislatura.

En sintonía con De Loredo, Gvozdenovich expresó que “el asesinato de una joven de 14 años no es el principio de la historia. Es el lamentable final de una historia de manejos políticos, judiciales y de un entramado que está destruyendo nuestra provincia”.

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El legislador adelantó que la bancada radical insistirá con el reclamo de la salida de Juan Pablo Quinteros del Ministerio de Seguridad, y del enjuiciamiento a los dos fiscales. “Vamos a volver a exigir la renuncia del ministro Quinteros y vamos a promover el jury de enjuiciamiento para los fiscales Iván Rodríguez y al fiscal Garzón para que se investigue su actuar”, completó.

Por su parte, en su duro cuestionamiento, Jaimes afirmó que “frente a este triste final, solo guardan silencio los cómplices y aquellos que se favorecen con lo más oscuro del poder. La Justicia y las dependencias del Estado cordobés llegaron tarde. Su inacción también es complicidad”.

Asimismo, ell radical demandó “una respuesta inmediata del Gobierno de Córdoba a través de sus organismos de protección de derechos -Defensoría de Derechos de Niños, niñas y adolescentes; polo de la Mujer; Secretaría de Niñez, adolescencia y familia, Ministerio de Seguridad, entre otros- a los fines de saber si hubo intervenciones previas tanto en relación a la víctima como al acusado victimario y su contexto”.

En el Concejo

La ofensiva de De Loredo también alcanzará al cuerpo deliberativo capitalino. La jefa del bloque de concejales de la UCR, Elisa Caffaratti, confirmó la presentación por la cual se hará efectivo el pedido de expulsión contra el edil peronista Ricardo Moreno.

Moreno, además de integrar el bloque oficialista en el cuerpo legislativo municipal y conducir las 62 Organizaciones Peronistas en Córdoba, fue abogado defensor de Barrelier en la causa de 2025 y es mencionado en ámbitos políticos como una especie de “padrino” político del ahora detenido al reconocer haber impulsado su ingreso a la Municipalidad de Córdoba.

Según publicó Perfil Córdoba, el concejal y abogado penalista buscó despegarse de Barrelier, el militante peronista detenido en la causa por la desaparición y muerte de la adolescente de 14 años. Un audio enviado a compañeros de militancia profundizó la polémica política.

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“La gravedad de lo sucedido exige respuestas contundentes. Vamos a avanzar de inmediato con el pedido de expulsión. Córdoba está asqueada. Los ciudadanos ya no toleran que se usen las instituciones como aguantadero de la mala política”, sostuvo Caffaratti.

El planteo se suma al pedido de informes que la bancada radical presentó días atrás para esclarecer las circunstancias en que Barrelier ingresó a la Municipalidad de Córdoba. Según trascendió, el acusado se desempeñó como becario desde 2021 y fue desvinculado recientemente de la administración municipal. Su paso por la estructura estatal abarcó las dos gestiones peronistas al frente del Palacio 6 de Julio.

“Los vecinos de Córdoba se sienten estafados. No podemos permitir que el Estado municipal sea utilizado como aguantadero de la mala política o como oficina de colocación de recomendados sin control alguno”, cuestionó la edil radical.

Con la investigación judicial todavía en curso, el caso Agostina comienza a trasladarse de los tribunales al terreno político, donde la oposición busca convertir el crimen en un eje de cuestionamiento a la actuación de la Justicia, al Ministerio de Seguridad y a distintos sectores vinculados al oficialismo provincial y municipal.