Duro embate a la “Equidad Jubilatoria” de LLaryora: jubilados y oposición denuncian ajuste y activan ofensiva legislativa

A casi cuatro meses de la entrada en vigencia de la Ley 11.087 de “equidad jubilatoria”, el colectivo de jubilados que impulsó la iniciativa popular el año pasado, junto a los principales bloques de la oposición, reactivó la ofensiva contra el gobierno de Martín Llaryora. Pero, sobre todo, lo hizo con un planteo para instalar el costo político de la norma sancionada por el PJ y sus aliados: “No es una ley de equidad, es de achatamiento jubilatorio”.

María del Carmen Robbiati, Gricelda Crespi y Darío Almada, entre otros referentes, volvieron a poner en agenda una iniciativa respaldada por 38.800 firmas que proponía, entre otros puntos, la restitución del 82% móvil, la eliminación del diferimiento de haberes, la derogación del aporte solidario y una reforma de la obra social provincial. Sin embargo, según denunciaron, el accionar del oficialismo desnaturalizó el espíritu original de la iniciativa popular.

“Nosotros creímos que una propuesta con esta legitimidad iba a entrar como por un tubo. O, al menos, que iba a salir mejor parada”, planteó Robbiati ante legisladores opositores. Sin embargo, sostuvo que el oficialismo avanzó con una norma que "no tiene nada que ver con las demandas planteadas” y que, incluso, utilizó la iniciativa popular como paraguas político para su aprobación.

De hecho, cuestionó que mientras el colectivo reclamaba la normalización de la Caja, la ley declaró la emergencia previsional por cinco años; mientras pedían eliminar el diferimiento, la norma lo “morigeró”; y mientras exigían el 82% móvil, se consolidó —según su mirada— un esquema que profundiza la pérdida de ingresos.

Frente a este escenario, Crespi fue aún más directa al impugnar el relato oficialista y ponerle números al deterioro de los haberes. “Nos dijeron en la cara que nos iban a devolver el 82%. Pero, ¿el 82% de qué? Si partimos de un 64% que ya veníamos cobrando, no hay restitución real”, disparó. Asimismo, detalló el impacto concreto de los descuentos: “Hoy, con el 4% que también nos aplican a los pasivos, ese 64% baja al 60. Y si avanza el 8%, vamos a caer al 56”. Pero, sobre todo, sumó el peso de la obra social provincial: “Si además contamos el 7% de APROSS, la pérdida es aún mayor”. Con tono irónico, remató: “A este ritmo, que se cobren ellos el sueldo”.

En su cuestionamiento, la jubilada docente recordó de las sucesivas reformas previsionales de años atrás implicaron retrocesos sobre derechos adquiridos, en tensión con el principio de progresividad. Pero, también, apuntó contra la gestión provincial: “A los abuelos no hay que abandonarlos. Y acá en Córdoba nos abandonaron”, en una abierta crítica a Llaryora cuando le reclamó al gobierno de Javier Milei por la crisis en el PAMI.

Llaryora: "El PAMI tiene que prestar los servicios que le corresponde"

Demandas de los jubilados

El trasfondo del reclamo no es sólo previsional, sino político. A pesar de que la ley fue aprobada el 17 de diciembre de 2025 por el oficialismo, la oposición busca ahora reabrir el debate con una jugada coordinada: reflotar los proyectos originales a través de los propios legisladores.

Con lo cual, se firmó un acta compromiso en la que se insta a que los bloques parlamentarios tomen las propuestas respaldas por 38.800 firmas de la iniciativa popular y las presenten nuevamente en la Unicameral, respetando su esencia.

“Los organizadores solicitan que los legisladores tomen los proyectos de la iniciativa y los presenten en la Legislatura. Los legisladores podrán introducir las correcciones y salvedades que consideren necesarias, siempre respetando el espíritu de la ley propuesta. Se invita a todos los legisladores que lo deseen a firmar como autores de los proyectos sin distinción de postura política”, reza el texto.

El documento fue suscripto por dirigentes de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico y otros espacios opositores. Entre ellos, Alejandra Ferrero, Brenda Austin, Oscar Saliba, José Bría, Gustavo Bottasso e Inés Contreras por la UCR; Walter Nostrala y Viviana Martocchia por el Frente Cívico; y Dante Rossi por Construyendo Córdoba. Asimismo, se comprometieron a informar durante el año sobre el avance parlamentario de las propuestas.

Juzgado electoral: La sucesión de Vidal suma actores clave y expone la trama política del concurso

Voces opositoras

Desde la oposición, el tono fue en escalada. Ferrero habló de un “rechazo enérgico” a la ley de LLaryora y cuestionó que se haya intentado vincular a los jubilados con una norma que —según dijo— los perjudica. “Nos comprometimos a seguir acompañando sus reclamos y a continuar batallando, desde el trabajo legislativo, por la recuperación de su dignidad”, señaló la deloredista.

Nostrala, por su parte, fue más allá y acusó al oficialismo de “mentir” y de utilizar proyectos sensibles para “resolver en beneficio propio”. No obstante, reconoció una limitación clave: la falta de votos para revertir la situación en el recinto.

“Nuestro bloque los va a acompañar hasta el último día con lo que están reclamando, porque nos parece justo, legítimo; pero -de vuelta- vamos a transformar esto en un proyecto de ley, vamos a ir al recinto y no tenemos los votos. El peronismo compró los votos”, fustigó. Sin embargo, pidió “seguir peleando” por la causa.

En tanto, Rossi introdujo un matiz dentro del frente opositor. Si bien ratificó el respaldo al 82% móvil y al fin del diferimiento, planteó la necesidad de discutir en profundidad el sistema de obra social (Apross), incluso habilitando la libre elección. “El mejor favor que le podemos hacer al gobernador es no sostener un esquema mal administrado”, deslizó, marcando una diferencia estratégica dentro del espacio.

Por su parte, Austin buscó darle un marco político más amplio al conflicto. Definió la situación como “una estafa” y sostuvo que lo que está en juego es “qué Córdoba queremos”.

En esa línea, planteó que la reactivación de la iniciativa popular apunta a construir volumen político y social para presionar tanto al oficialismo como a los parlamentarios aliados al PJ. “Volver a dar el estado parlamentario a una Iniciativa Popular que terminó archivada por una maniobra legislativa engañosa”, dijo la radical, y cuestionó: “A los pocos meses vemos que (la ley de equidad jubilatoria) terminó perjudicando a los jubilados y pensionados”.

Al margen de esto, el oficialismo sostiene que la ley abordó los puntos planteados por los jubilados y que las restricciones responden a la crisis del sistema previsional. Sin embargo, la oposición y el colectivo de jubilados insisten en que “no es una ley de equidad, es de achatamiento jubilatorio”.

De esto modo, el arco opositor renovará su jugada ante las demandas de los jubilados en lo que significará un nuevo frente de disputa política en Córdoba. De hecho, lo que subyace es una tensión más profunda entre sustentabilidad fiscal y derechos previsionales, en un contexto donde cada movimiento empieza a leerse también en clave electoral.