El agua en Córdoba: cuando la tarifa deja de ser servicio

La reciente comparecencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, ante la Legislatura de Córdoba no fue un hecho menor ni meramente administrativo. Fue, ante todo, una radiografía descarnada de cómo funciona —y para quién funciona— el sistema de regulación del servicio de agua en nuestra provincia.

Lo que quedó en evidencia no es sólo una sucesión de aumentos tarifarios difíciles de justificar, sino una decisión política de fondo: el Gobierno Provincial de Martín Llaryora ha optado explícitamente por no interferir en los pedidos de aumentos de Aguas Cordobesas. No se trata de una interpretación de la oposición; fue el propio ministro quien lo reconoció durante su exposición.

La política del Ejecutivo es correrse, mirar para otro lado y dejar que el esquema avance sin controles efectivos, aun cuando las consecuencias recaen directamente sobre los bolsillos de los cordobeses.

Este corrimiento deliberado del Gobierno se vuelve aún más grave cuando se analiza el rol del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP). Porque lejos de ser un organismo verdaderamente independiente, el ERSEP está integrado mayoritariamente por miembros propuestos por el propio Poder Ejecutivo provincial. Esa mayoría automática es la que luego convalida, sin mayores objeciones, aumentos tarifarios sistemáticamente por encima de la inflación.

Impuesto encubierto

Durante la interpelación legislativa, este punto fue central. Y no fue casual que, ante las preguntas concretas sobre la responsabilidad política del Ejecutivo en la conformación del ERSEP y en sus decisiones, el ministro López no haya sabido —o no haya querido— responder. Los nervios, las evasivas y las contradicciones hablaron por sí solas.

Aquí aparece una hipótesis que incomoda al poder, pero que resulta cada vez más difícil de ignorar: en Córdoba, la tarifa del agua se parece más a un impuesto encubierto que a la contraprestación por un servicio público. Un impuesto sin ley, sin debate y sin control democrático real. Un mecanismo de recaudación sostenido por aumentos periódicos, automáticos y desproporcionados, avalados por un ente regulador funcional al Ejecutivo.

Recién en este contexto cobra verdadera dimensión otro dato que el propio ministro debió admitir: sólo alrededor del 20% de los usuarios cuenta con medidores que permiten conocer el consumo real de agua. Es decir, el 80% de los cordobeses paga sin saber con precisión cuánto consume, imposibilitado de controlar, reclamar o ajustar su uso. Sin medición no hay transparencia; sin transparencia, el sistema queda diseñado para perjudicar siempre al usuario.

Cuando se analizan los números, el cuadro se vuelve aún más elocuente. En lo que va del año, los aumentos autorizados a Aguas Cordobesas superaron ampliamente a la inflación. Y aunque el ministro intentó justificar estas subas apelando a la quita de subsidios nacionales, terminó reconociendo —aunque nunca de manera explícita— que el sistema, sus reglas y sus actores están estructurados para que el perjuicio recaiga siempre sobre la gente.

A esto se suma un dato que no puede pasarse por alto. El ministro López reconoció que el titular de la empresa concesionaria, Aldo Roggio, está vinculado a graves hechos de corrupción en la obra pública en Buenos Aires, aunque intentó trazar una frontera artificial: corrupto allá, pero no acá. Como si la corrupción fuera una condición geográfica y no una conducta.

El contexto personal y político del propio ministro tampoco es irrelevante. Fabián López fue funcionario de dos personas que hoy se encuentran detenidas por hechos de corrupción: Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido. No se trata de una descalificación personal, sino de un dato objetivo que ayuda a comprender una forma de concebir el poder, el Estado y los negocios con lo público.

Sistema que desalienta el control

Finalmente, no puede omitirse un hecho institucional de enorme gravedad: el ministro López violó la Constitución Provincial al no presentarse en tiempo y forma ante la Legislatura, obligando a que se lo denunciara penalmente en dos oportunidades para que, recién entonces, compareciera. No fue un gesto de respeto institucional, sino una comparecencia forzada.

Todo esto configura un problema que excede largamente a un funcionario o a una empresa. Estamos frente a un sistema que desalienta el control, premia la opacidad y castiga al ciudadano común. Un sistema donde el agua —un recurso esencial— deja de ser un servicio para transformarse en una herramienta de recaudación.

Ese es el verdadero debate que Córdoba debe darse. Y ese es el debate que el Gobierno Provincial intenta esquivar. No es un dato menor que desde 1994 no se aprobaba en Córdoba la interpelación a un ministro provincial. En aquel entonces fue citado el ministro Cortés Olmedo. Lo verdaderamente histórico no es el nombre propio, sino el precedente parlamentario: durante más de tres décadas, el Poder Legislativo renunció en los hechos a una de sus funciones esenciales, que es el control del Ejecutivo y la defensa del equilibrio republicano.

La interpelación de un ministro no debería ser una excepción ni un escándalo, sino una práctica habitual en un sistema democrático sano. Este caso demuestra que cuando se ejercita la República, cuando se activan los mecanismos de control y se respeta la división de poderes, muchas verdades —que de otro modo permanecerían ocultas— salen inevitablemente a la luz.

(*) Legislador de Córdoba