La desaceleración inflacionaria que marcó 2025 no vino acompañada de una mejora en las condiciones de vida de los hogares cordobeses. Por el contrario, los últimos datos del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) del Centro de Almaceneros de Córdoba muestran un escenario de profunda fragilidad social, donde la alimentación cotidiana depende crecientemente del endeudamiento, el fiado y la asistencia estatal
“El tema es muy grave, muy grave porque vemos un deterioro progresivo. La baja de la inflación no se tradujo en alivio social”, resume Germán Romero, director ejecutivo del Centro de Almaceneros. Y agrega una advertencia clave para entender el fenómeno: “No son indicadores que nacieron el 10 de diciembre de 2023, pero sin lugar a dudas se agudizaron a partir de esa fecha, con un ajuste económico terrible y con la microeconomía estancada”.
Seguridad alimentaria en retroceso. Según el informe correspondiente a diciembre de 2025, el 55,7% de los hogares de la provincia no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), aun en un mes marcado por el cobro del aguinaldo, que permitió una leve mejora respecto de noviembre
Entre quienes sí alcanzaron la canasta, el 70,5% lo hizo con ayuda estatal, principalmente a través de AUH y Tarjeta Alimentar. Los indicadores de seguridad alimentaria revelan una situación todavía más cruda. El 51,1% de los hogares eliminó alguna comida diaria, mayormente la cena; el 30,6% reportó haber sentido hambre y no haber comido, y el 20,3% debió pedir comida o dinero para alimentarse. Además, el 10,8% tuvo al menos un integrante que comió solo una vez al día o directamente dejó de comer
Romero aporta una lectura cualitativa detrás de esos porcentajes: “Cuando la encuesta dice ‘algún integrante’, en realidad es la familia completa. Capaz que los chicos no lo padecieron, pero los adultos sí. El padre o la madre primero. Es una situación muy dolorosa y que estamos pudiendo reflejar en base a años de trabajo y a la confianza y dedicación que se hace en el trabajo de campo”.
La clase media que deja de serlo. Uno de los fenómenos que el Centro de Almaceneros viene detectando con mayor preocupación es el corrimiento social de hogares históricamente identificados como clase media hacia situaciones de pobreza estructural. No se trata solo de una cuestión de ingresos, sino de la imposibilidad de sostener necesidades básicas o servicios vitales.
“Hay familias que todavía se perciben de clase media, pero no lo son”, explica Romero. “Tuvieron que dejar el colegio privado, la prepaga, no llegan a pagar las deudas y están condenadas a pagar el mínimo de la tarjeta. Más allá de la línea de ingreso, no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Ese escenario se va haciendo cada vez más común en muchos barrios de Córdoba”.
Ese deterioro se expresa en decisiones que antes eran impensadas: abandonar ahorros, resignar vacaciones, postergar consumos durables y, finalmente, recortar en alimentos. “El paso de un lugar a otro fue muy rápido”, señala Romero, y advierte que muchas familias aún no terminan de dimensionar la gravedad de su situación financiera.
Comer endeudándose: el nuevo patrón Uno de los datos más contundentes del informe es que el 87,7% de los hogares cordobeses debió financiar la compra de alimentos en diciembre de 2025, mientras que solo el 11,3% pudo hacerlo sin recurrir a crédito, fiado o préstamos.
Dentro de ese universo, el 39,6% utilizó tarjeta de crédito, el 38,5% compró al fiado y el 9,6% recurrió a dinero prestado. Lejos de ser una elección, se trata de una estrategia de supervivencia. “Hace tiempo que estamos financiando alimentos, cosa que antes no hacíamos”, subraya Romero. “La deuda era para un electrodoméstico o un auto. Hoy es para comer”.
El problema es que esos instrumentos comienzan a agotarse. “La tarjeta se colapsa, se paga el mínimo y no queda cupo. Entonces pasan al fiado. Y el fiado también se colapsa”, explica. La morosidad en comercios de cercanía ya alcanza el 26%, con un 17% en instancia de incobrabilidad, un nivel difícil de absorber para economías pequeñas con ventas en caída y costos fijos en alza.
Romero advierte que detrás del fiado hay un costo social que suele subestimarse. “No es algo simpático. La gente tiene que ir a dar la cara, pedir, y después no puede pagar. Es un indicador muy duro”, sostiene. En ese contexto, el riesgo es que las familias queden sin herramientas para financiar incluso la compra de alimentos: “Si se colapsa la tarjeta y se colapsa el fiado, la pregunta es con qué va a comer esa familia dentro de uno o dos meses”.
El “default” de los hogares. Este proceso deriva en lo que Romero define sin eufemismos como un default familiar. “Hay gente que tiene tres o cuatro deudas acumuladas, que refinanció la tarjeta y aun así no va a poder pagar. Las familias están cayendo en default, y ese proceso se desarrolló en los últimos dos años”.
El endeudamiento se vuelve circular: una parte cada vez mayor del ingreso se destina a pagar deudas previas, lo que reduce el presupuesto disponible para alimentos y obliga a reendeudarse. “Una familia de sectores bajos destina entre alquiler y comida el 80% o más de sus ingresos. Y además tiene que pagar deudas”, describe Romero.
Inflación baja, costo social alto. El informe del IETSE estima que la inflación anual de 2025 fue del 31,4%, la más baja en casi una década, con un promedio mensual del 2,3%. Sin embargo, ese dato convive con salarios que no lograron acompañar la desaceleración y con fuertes aumentos en rubros sensibles como alquileres, tarifas y alimentos. “La inflación bajó, pero tuvo un costo social altísimo”, sostiene Romero. “Las paritarias no superaron el 1% mensual, la demanda está caída y se sigue limando el poder adquisitivo de las familias”. Desde el Instituto, se cuestiona, además, que los índices oficiales no reflejan adecuadamente el impacto de ciertos gastos: “Tenés alquileres que suben 50% o 60% en un año, el doble de la inflación, y eso nadie lo mide bien”.
Un desafío estadístico y político. La próxima actualización metodológica del IPC del INDEC, basada en la Encuesta de Gastos 2017–2018, podría modificar sustancialmente las mediciones de inflación, pobreza e indigencia. Desde el IETSE consideran el cambio necesario, aunque insuficiente. “Va a sincerar un poco más la realidad”, reconoce Romero, pero advierte: “Si se mide mejor, la canasta va a ser más alta y va a engrosar la fila de la pobreza. Eso tiene un costo político y económico que no todos están dispuestos a asumir”.
En Córdoba, el dato estructural que deja 2025 es que comer se volvió una operación financiera. Mientras los ingresos reales continúan deteriorándose y las fuentes de crédito informal comienzan a agotarse, la seguridad alimentaria aparece como uno de los principales desafíos sociales de corto plazo, incluso en un contexto de inflación en baja.
