El 147° período legislativo cerró con un balance que ratifica una tendencia consolidada: una producción normativa fuertemente concentrada en el Ejecutivo y el oficialismo. La oposición aporta numerosos proyectos que “duermen” en comisión y los que avanzan lo hacen bajo esquemas de compatibilización o presentaciones conjuntas.
Durante 2025, la Legislatura aprobó 1.883 proyectos, una cifra que muestra un recinto activo, aunque con una clave central: 64 leyes sancionadas, 216 resoluciones y 1.603 declaraciones. La agenda normativa volvió a estar dominada por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC).
De las 64 leyes aprobadas, 29 tuvieron origen en el Ejecutivo y 14 en el oficialismo, sumando 43 normas. Otras 20 incluyeron iniciativas opositoras compatibilizadas o presentadas en conjunto, mientras que la restante fue la Iniciativa Popular del colectivo de jubilados, utilizada como marco para los cambios previsionales impulsados por el gobierno de Martín Llaryora.
Desde la oposición advierten que este esquema consolida el control del PJ sobre los temas que ingresan —y los que quedan afuera— del debate parlamentario. El oficialismo da otra versión.
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La mayor parte de la actividad se canalizó a través de proyectos de declaración, que concentraron la mayoría de las iniciativas aprobadas (1.603), herramientas de impacto simbólico y sin efecto normativo, destinadas a fijar posicionamientos institucionales.
Las resoluciones fueron el otro ítem de peso. De las 216 aprobadas, 91 correspondieron a pliegos de nombramientos de magistrados y funcionarios judiciales, que en el tramo final del año generaron fuertes cruces por el “control” del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
Además, 16 fueron pedidos a legisladores nacionales por Córdoba para reforzar reclamos ante Nación, como el rechazo al “ajuste” de Milei, la situación de la Caja de Jubilaciones y otros recursos federales. Apenas nueve pedidos de informes opositores fueron aprobados, en una Unicameral donde la mayoría oficialista actúa como dique de contención frente a la fiscalización más incisiva. El resto pasó a comisiones.
El balance 2025 expone así una Legislatura con alto volumen de iniciativas, pero baja densidad normativa, atravesada por tensiones políticas y por un cierre de año muy caliente a raíz de las reformas previsionales y los nombramientos judiciales. El 2026 será un año preelectoral que marcará el pulso en el hemiciclo legislativo.
Copia o “en conjunto”
La oposición cuestiona la dinámica oficialista. Según denuncian distintos bloques, se cuentan con los dedos de una mano las leyes sancionadas como propias de la oposición, ya que cuando el oficialismo decide avanzar aplica la modalidad de “compatibilización” de proyectos o presentaciones conjuntas.
El jefe de la bancada UCR, Matías Gvozdenovich, afirmó que cuando una iniciativa opositora prospera “nunca es de la oposición sola”, sino que termina absorbida por el oficialismo. “La presentan como consensuada o directamente la incorporan a un texto copiado”, reclamó.
En la misma línea, el juecista Walter Nostrala fue aún más categórico: “El oficialismo nunca aprueba proyectos de la oposición. Y si alguno les interesa porque la realidad los supera, lo copian, lo clonan con la firma de un oficialista y de esa manera lo aprueban”. “Es una deshonestidad intelectual vergonzosa”, disparó.
Desde HUxC, Facundo Torres rechazó las críticas y dijo que “no tienen correlato con la realidad”. Por caso, recordó que en la última sesión del año se alcanzó “un consenso casi absoluto” en proyectos clave como la modificación del Código de Convivencia y las reformas a las leyes de Tránsito.
En ese marco, destacó que durante 2025 “la enorme mayoría de las leyes se aprobaron con amplios niveles de acuerdo”, y subrayó que “la oposición hoy se compone de 12 bloques y muchos de ellos acompañaron las leyes (económicas), incluida la UCR que conduce Gvozdenovich”.
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Cúmulo de proyectos
El reclamo opositor se apoya en el volumen de iniciativas presentadas. Solo la UCR asegura haber ingresado más de 1.000 proyectos en 2025, una cifra que —según remarcan— no se refleja en las normas finalmente aprobadas.
“Cuando damos entrevistas siempre aparece la misma pregunta: ¿por qué no responden los proyectos?, ¿por qué no los aprueban?”, relató Gvozdenovich, quien atribuyó la situación al control del PJ sobre el temario legislativo.
Nostrala reforzó esa mirada al señalar que muchas iniciativas opositoras ni siquiera llegan a comisión. “Es mentira que la oposición no tenga proyectos. Tiene cientos, sobre impuestos, salud, educación, ambiente o el sistema previsional. Pero no se tratan, porque el peronismo tiene mayoría en todas las comisiones y bloquea el debate”, denunció.
En 2025, el juecista presentó 97 proyectos bajo el sello del Frente Cívico: 30 de ley, 52 de resolución y 15 de declaración. La radical Alejandra Ferrero reportó unas 100 iniciativas. Y el vecinalista Rodrigo Agrelo ingresó 167 proyectos (19 de ley, 131 de resolución-pedidos de informes y 19 de declaración y notas). Son apenas una muestra del trabajo de tres legisladores de un universo opositor de 35 de los 70.
“Te copian el proyecto”
Uno de los puntos sensibles del planteo opositor es la acusación de apropiación de iniciativas. Gvozdenovich sostuvo que es habitual que proyectos opositores reaparezcan luego con textos similares o idénticos bajo firma oficialista.
“Te copian proyectos que presentaste hace un año. Si buscás los registros, siempre vas a ver que los nuestros son anteriores”, declaró. Casos como Ficha Limpia, impulsado por la UCR, o el proyecto sobre ludopatía del juecismo, son citados como ejemplos de esta dinámica.
El trasfondo es político. “Ellos van a tener más aprobado porque tienen los votos”, dijo el radical. Para Nostrala, se trata de un modelo agotado: “Es un gobierno sin ideas, empachado de poder, alérgico a los controles y que no acepta contribuciones de otros bloques”. “A la incapacidad le suman la soberbia”, lanzó.
Al salir al cruce, Torres alegó que los cuestionamientos “responden más a una exclamación política, mostrándose opositores al gobierno”. Y contragolpeó: “La oposición trabajando de oposición diciendo una cosa, pero haciendo otra”.
Gastos de cortesía
La polémica se instaló por este ítem del presupuesto legislativo. El PJ y otras bancadas hacen silencio. En 2025, la Unicameral gastó en concepto de “cortesía y homenaje” $335,9 millones y este año tiene previsto $506,2 millones.
En soledad, el juecismo pidió suprimir la ejecución de esta partida presupuestaria del 2026, y redireccionar esos fondos a la compra de desfibriladores para escuelas y clubes. “Todos los bloques utilizan esas partidas”, cruzó un oficialista.
