Finalmente, el empresario de Río Cuarto, Alicio Dagatti, obtuvo la libertad
La fiscal Paulina Lingua le concedió la excarcelación bajo caución de 500 mil dólares. Apenas la presente, podrá salir de Bouwer. El lunes tiene cita en tribunales con el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Preventiva para Casiraghi.
Alicio Dagatti, el empresario dueño de frigoríficos, medios de comunicación y dirigente del Club Estudiantes de Río Cuarto, obtuvo el cese de prisión por parte de la fiscal de Narcotráfico, Paulina Lingua, donde está imputado por ingresar drogas a la cárcel de Bouwer.
Le impuso como condición una caución por el monto de 500 mil dólares. Apenas presente los avales, equivalentes a tres o cuatro departamentos, saldrá del encierro que lo mantuvo en la cárcel de Bouwer desde diciembre del año pasado.
Mientras tanto, él y su hijo Ignacio Dagatti .-quien continúa preso- fueron citados el próximo lunes a la fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Enrique Gavier.
No trascendieron detalles sobre ese trámite, que podría abarcar una ampliación de indagatoria por presunta asociación ilícita por el cual están imputados ambos; o también nuevos cargos por delitos específicos dentro de la maniobra.
El caso representa uno de los expedientes más calientes que tramita la Justicia de Córdoba por los vínculos que ostenta Dagatti a nivel municipal, provincial y nacional, con funcionarios, empresarios y dirigentes de AFA.
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Prisión preventiva para Casiraghi
Desde la fiscalía que dirige Gavier se emitió un comunicado señalando que el 5 de agosto pasado, “se dispuso una nueva prisión preventiva sobre otro imputado de la causa relacionada con una presunta asociación ilícita que operaba liderada por directivos de la empresa frigorífica Livorno S.A. y funcionarios penitenciarios”. La medida pesa sobre Claudio Luis Casiraghi.
En el expediente, se investiga el ingreso clandestino de elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios de la Provincia: Teléfonos celulares, cargadores, cables USB, auriculares, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. Estos elementos estaban destinados a fraudes telefónicos realizados por internos, afectando gravemente el tratamiento penitenciario, la seguridad de los establecimientos y la propiedad de terceros, según consta en el comunicado de prensa.
La organización también habría suministrado productos cárnicos no aptos para el consumo humano, comprometiendo la salud pública.
Casiraghi, empleado administrativo del frigorífico Livorno SA, habría confeccionado documentación apócrifa en lugar del veterinario de registro, contribuyendo al esquema delictivo.
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