Gavier elevó a juicio presuntas estafas en Manantial de Torres y acusó también a Omar Marieschi
El jefe de familia había sido beneficiado por falta de mérito. El fiscal considera que él fundó la matriz de la presunta asociación ilícita que habría consumado las defraudaciones. El requerimiento se refiere al Housing Manantial de Torres.
El fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier dictó el requerimiento de citación a juicio en otro tramo de la causa Marieschi. Se trata de una presunta millonaria defraudación inmobiliaria a través de los emprendimientos “Housing Manantial de Torres” y el fideicomiso homónimo.
La novedad de la resolución radica, entre otras cosas, en la inclusión como coorganizador de la banda al arquitecto Omar Mario Marieschi, quien recupera protagonismo judicial tras haber sido beneficiado previamente con una falta de mérito.
Según el fiscal, Marieschi padre (73) no solo brindó el respaldo de su trayectoria profesional y nombre para captar víctimas, sino que organizó y condujo la banda desde sus inicios, actuando desde un lugar de menor exposición para "obrar sobre seguro".
Creó la sociedad anónima MJM Propiedades SA, que fue utilizada para resguardar su patrimonio personal y el de su esposa de las consecuencias de las maniobras delictivas.
Fue mentor y organizador de la banda desde sus comienzos. Le aportó a su hijo el modelo de la “sociedad civil” como ropaje jurídico para captar inversores. También le adjudican haber organizado y conducido la banda desde su inicio. Mientras su hijo desarrollaba las sociedades civiles fraudulentas (como Vélez Sarsfield 1260, Perú 128 o Manantial de Torres), transfirió a MJM Propiedades SA sus activos líquidos y bienes, retirándolos del alcance de los acreedores y las futuras víctimas de los fraudes.
El caso del desarrollista Marieschi sumó una multa civil inédita en Córdoba
Los acusados de las estafas
El fiscal Gavier solicitó que once personas sean juzgadas por conformar una estructura criminal orientada a consumar estafas reiteradas contra más de 60 personas. Los acusados son: Marcelo Javier Mariesch por 62 hechos de estafas, asociación ilícita, administración infiel, contrato simulado y falsedad ideológica.
Su padre, Omar Marieschi, está acusado como coorganizador de asociación ilícita, coautor de contrato simulado, partícipe de administración infiel y autor de falsedad ideológica.
El escribano Adrián Benelbas, por 62 estafas reiteradas, asociación ilícita y falsedad ideológica por instrumentar legalmente los engaños.
El resto de la lista la completan la arquitecta y exesposa de Javier Marieschi, Constanza Daniela Peláez; los dueños de la inmobiliaria Civalero, Fernando José Civalero y Diego Martín Díaz; Manuel Figueroa Spillmann y Francisco Javier Trossero y Jorge Eduardo Benelbas.
La mecánica del engaño: ventas cruzadas y lotes ajenos
La investigación determinó que los imputados operaban mediante un "despliegue ardidoso programado" que consistía en vender unidades habitacionales "en pozo" que jamás serían entregadas. El fiscal detalló maniobras que excedían la mera mala administración, como vender el mismo inmueble a más de una persona en forma simultánea; construir sobre terrenos que no eran de su propiedad o pertenecían al municipio.
Había una especie de calesita de inversiones: Cuando una obra se paralizaba por falta de fondos o problemas legales, el clan ofrecía a los damnificados canjear su inversión por unidades en nuevos proyectos supuestamente superiores, exigiendo más dinero para concretar el traspaso.
La fiscalía también elevó a juicio una maniobra puntual ocurrida en 2018, donde Javier y Omar Marieschi, junto al escribano Benelbas habrían forjado un boleto de compraventa falso y antedatado. Según la acusación, intentaron simular la venta de un local comercial de la sociedad civil a favor de una empresa de Omar Marieschi para justificar movimientos de dinero ante la AFIP y retirar activos del alcance de los acreedores y víctimas del fraude.
El expediente, que cuenta con miles de fojas y abundantes escuchas telefónicas donde los imputados planeaban huir ante la inminencia de las denuncias, pasa ahora a la etapa del requerimiento de debate oral.
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