La oficina en Córdoba de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la siguiente variable de ajuste
Este jueves habrá una reunión decisiva sobre el futuro de la delegación ubicada en Av. Colón 533. Se trata de otra medida de achicamiento del Estado.
La incertidumbre es total en la oficina de la Regional Córdoba de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Algunos trabajadores de este ente autárquico dependiente del Congreso serían instados a jubilarse o a retirarse voluntariamente. Existe una alternativa para que la oficina no cierre definitivamente.
Desde hace casi una década funciona en Av. Colón 533 la sede en Córdoba de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hay altas probabilidades de que, en el contexto de ajuste presupuestario, esa oficina cierre en ese lugar. La delegada María del Carmen Campos evalúa desde hace algunas semanas distintas alternativas.
SRT: jubilaciones anticipadas, recorte presupuestario y plan de sostenimiento hasta su posible venta
La cuestión es que, internamente, nadie sabe si esta vía es la clausura definitiva de la delegación o si existe la posibilidad de trasladarla a algún espacio para compartir con otra repartición o dependencia.
Extraoficialmente existe una alternativa: la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba podría brindarle oficinas para que la Regional Córdoba de la Defensoría nacional siga funcionando. Este jueves sería la reunión definitiva concretar o descartar el acuerdo. Varios años atrás ambas defensorías funcionaron en paralelo en una misma oficina.
Polémicas recientes
En septiembre pasado trascendió públicamente la detención en Villa María de Alicia Peressutti, exauditora general de esa ciudad y funcionaria de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Está acusada de fraude a la administración pública y asociación ilícita. Al tiempo la mujer fue liberada y, hasta que la Justicia falle sobre la causa, presta servicios en la oficina de la defensoría en Córdoba.
Un año y medio antes, en abril de 2022, el fiscal José Mana ordenó la detención del abogado Roberto Espinoza, en el marco de la compleja investigación por la millonaria estafa, denominada Zoe Azul, que salpicó los pasillos internos de la Policía de Córdoba.
El hombre se desempeñaba como asesor de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Tras la detención, Espinoza no fue despedido de la oficina Regional Córdoba de la defensoría: quedó suspendido hasta que se resuelva su situación procesal.
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