En el último mes fue detenido tres veces un adolescente de 15 años (por su edad se omite la identidad) acusado de participar junto a una banda, en febrero del año pasado, del crimen a sangre fría de Sebastián Villarreal para robarle la moto. Desde el homicidio, cayó presos seis veces.
La Policía de Córdoba incorpora a diario en sus informes de prensa las constantes detenciones de un grupo de niños/adolescentes que son aprehendidos por delitos contra la propiedad, con el uso de armas activas o no operativas, como un modo de visibilizar la problemática. Entre ellos, se cuentan siempre los episodios protagonizados por el presunto asesino de Villarreal.
Los menores de edad no son la causa de la inseguridad, pero sus aprehensiones se incorporan todos los días en las noticias policiales.
Es un grupo acotado, manejable -de entre 20 y 40 jóvenes menores de 16 años- que debería ser tratado, contenido y recuperado para salir del delito. Por el bien de ellos y por el de la sociedad que padece asaltos, atracos y amenazas que pueden terminar en hechos gravísimos como el homicidio en ocasión de robo de Sebastián Villarreal.
Los reportes diarios policiales parecen ser un reclamo encubierto del Ministerio de Seguridad que selecciona qué hechos informar. Entre ellos hay una insistencia evidente en destacar los hechos que involucran a adolescentes.
Es la materia prima de la información con la que contamos los periodistas. Hechos policiales y violentos. Sin embargo, desde la Justicia Penal Juvenil se insiste en silenciar este tipo de crónicas para no victimizar a los niños y adolescentes que incursionan en el delito.
El contraste es marcado: el Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros, informa diariamente cuántos menores de edad son detenidos por la Policía y en qué circunstancias; y las juezas Penales Juveniles piden no difundir esas noticias.
“Si nos pasa algo responsabilizo al gobernador Martín Llaryora”
Ayer martes, Jimena Villarreal, hermana de Sebastián publicó su desesperación e indignación. Refiriéndose a sus sobrinos escribió en Instagram, “ellxs lo vieron morir, escucharon a su papá suplicar por su vida para poder cuidarlos y lo sostuvieron en sus brazos en su último respiro. Nada de esto es justo, ni debería haber pasado. Pero pasó”.
Reflexionó que existe una “ineficiente intervención de los distintos organismos”.
“Mientras la Senaf y la ministra (Liliana) Montero y Quinteros no hacen su tarea como corresponde, los hijos de Seba siguen sin su papá. No pueden de ninguna manera responder que NO SABEN (sic) dónde está el joven. No pueden desconocer que es su madre, la misma que lo metió en la delincuencia, quien lo ´cuida ́ hoy y lo saca de la cárcel para que siga delinquiendo”.
“Si nos pasa algo responsabilizo al gobernador Martín Llaryora” afirmó en declaraciones a Mitre Córdoba.
En esa entrevista contó que la titular de Senaf, Julia Reartes, después de dos horas de que le llegó la noticia de la sexta detención del muchacho, le consultó y la respuesta fue que todavía “no había recibido oficio o comunicación de parte judicial”.
“Se trata de un ASOCIACIÓN ILÍCITA Y CRIMINAL (sic) -continuó en su posteo Jimena- que sabe dónde vivimos y que asesinaron a sangre fría a Sebastián. Nos preguntamos qué van a decir si algo le pasa a algunx de nosotrxs? Seguro con la tibieza que les caracteriza dirán 'hicimos lo que pudimos' . Estamos absolutamente desamparados, y saben que lo que hacen NO ALCANZA y no hacen nada para cambiarlo”.
El escenario planteado en términos muy crudos por la familia de Sebastián Villarreal pone en evidencia un fracaso respecto al tratamiento de los adolescentes no punibles. No es todo el universo de menores de edad que incurren en el delito. En muchos casos, el programa de Justicia Restaurativa tuvo frutos positivos, pero está a la vista que con este y otros jóvenes que cargan delitos graves en sus espaldas, es escasa y nula la eficacia de las herramientas incorporadas por la Senaf.
Debería también evaluarse cómo interpretan e intervienen los jueces del Fuero Penal Juvenil ante estos episodios reiterados. Cada adolescente es más que un expediente, es una historia personal atravesada por un derrotero de exclusión, pobreza, adicciones a las drogas, malas juntas y familias que los expulsan o, en el mejor de los casos, lo cobija sin ninguna contención.
